El nuevo decreto prohibirá 5.000 habitaciones turísticas en Valencia

Montes aseguró en el acto de presentación de la nueva regulación que se iba a mantener la prohibición del alquiler turístico por habitaciones y lo ejemplificó con un 'ejercicio práctico' exponiendo los datos recabados en un portal para el arrendamiento de viviendas de uso vacacional por estancias. Según expuso la consellera, en la capital valenciana se ofertan hasta 5.000 habitaciones turísticas en modalidad de alquiler, una actividad ilícita que, con la entrada en vigor del nuevo texto legal y su consiguiente régimen sancionador, pasará a considerarse como una infracción «muy grave» penada con multas de entre 100.000 y 600.000 euros. También estarán tipificadas dentro de esta categoría punitiva la falta de licencias por parte de los propietarios de los inmuebles.

La consellera de Turismo anunció que las medidas del nuevo decreto ley se iban a enmarcar dentro de tres escenarios posibles a la hora de establecer la retroactividad con respecto a los pisos turísticos ya existentes y los de nueva planta. En primer lugar, las viviendas de uso turístico autorizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los mismos términos. Por su parte, el segundo régimen transitorio sería para los inmuebles registrados entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor del nuevo decreto ley, en esta ocasión mantendrán su inscripción pero con un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos de calidad exigidos y la obligación de que renovar la declaración responsable con la aprobación del nuevo informe de compatibilidad urbanística en 2030.

Mientras que el tercer escenario será el de las viviendas autorizadas a partir de la entrada de este nuevo decreto ley quedarán inmersas en el nuevo régimen de manera que también tendrán que renovar su declaración responsable cada cinco años con la aprobación del informe de compatibilidad urbanística, así como de tener un certificado vigente de su comunidad de propietarios. De este modo, la consellera explicó que, si durante este periodo de cinco años la comunidad de vecinos quisiera cambiar sus estatutos en ese sentido, el piso en cuestión podría quedar excluido del tránsito turístico.

Asimismo, otra de las novedades del nuevo decreto ley será la cesión de las competencias en materias de sanción, inspección y recaudación a los ayuntamientos valencianos que las soliciten. Los consistorios que obtengan las tres potestades formarán parte de un fondo de compensación financiera que les servirá para sufragar el coste de estos servicios. Además, la Conselleria de Turismo remitirá informes trimestrales a los municipios para que puedan controlar los nuevos apartamentos dados de alta en los mercados inmobiliarios locales.

El nuevo marco regulador también impone la obligatoriedad de renovar las declaraciones responsables de los cada cinco años a los propietarios así como comunicar antes del 31 de diciembre de este año la referencia catastral de la vivienda si no quieren que el inmueble sea dado de baja del registro oficial que maneja la Conselleria de Turismo. En la actualidad, y desde el pasado mes de mayo, la región supera los 100.000 apartamentos turísticos registrados legalmente, con 69.052 en Alicante, 17.325 en Valencia y 14.167 en Castellón tras haberse incrementado un 60% desde 2015.

Montes fijó la posición del Consell sobre las diferentes alternativas que se han planteado para abordar el fenómenos de los pisos turísticos mostrándose contraria al veto de Barcelona y algunas localidades valencianas sobre las viviendas de uso turístico. «No creemos en prohibiciones, consideramos que cada ayuntamiento podrá establecer limitaciones proporcionales teniendo claros los objetivos y avisando con anterioridad a los propietarios», aseguró la responsable de Turismo.