Las cinco vidas perdidas tras las placas que Covite pide a Ribó

La única vida posible que les queda a quienes ya la perdieron a manos del terror es la memoria, que alguien siga pronunciando su nombre, que mantenga la identidad tras ese paquete cargado de muerte, tras ese tiro en el pecho o en la cabeza, tras la explosión mortal en un centro comercial o la bomba lapa bajo los asientos del coche. Ese es el convencimiento de la asociación de víctimas del terrorismo Covite que ha motivado la petición al alcalde de Valencia, Joan Ribó para que instale en la ciudad cinco placas que acaben una deuda con el recuerdo.

Su presidenta, Consuelo Ordóñez, lamenta el silencio institucional ante la brutalidad de los hechos e insiste en que Valencia tiene cinco deudas. «Todo lo que se haga es poco, y qué menos que aportar memoria, respeto y justicia», asegura Carlos Casañ, hermano de José Edmundo Casañ, uno de los asesinados por ETA en la ciudad, que ha acogido con satisfacción la iniciativa de la asociación. «Las víctimas y los familiares nos sentimos abandonados por los políticos. Al final nadie hace nada por mantener viva la historia, por que no se reescriba la historia, por que no se cambie la historia», lamenta.

¿Pero quiénes son esas víctimas que Covite denuncia que han sido olvidadas por el consistorio que dirige Ribó? Algunos eran ciudadanos que pasaban por el lugar equivocado en uno de esos días que nunca deberían haber empezado; otros, únicamente hacían su trabajo en una jornada de tantas. Recordamos sus historias.

La primera de las víctimas para las que Covite pide una placa, según el orden cronológico de los atentados, es Antonio Castelló Vital, un vigilante de seguridad que no debía estar en el Banco Central de Valencia el 26 de enero de 1979, cuando a las diez de la mañana un comando de los GRAPO intentó un atraco que salió mal en el que recibió un disparo mortal en el pecho. La fatalidad hizo que se encontrara cubriendo el puesto como sustituto del guarda que se ocupaba habitualmente de la seguridad en la oficina de la entidad. Cuando vio a cinco jóvenes, dos hombres y tres mujeres, entrar muy nerviosos y armados, Antonio trató de detenerles, momento en que el disparo a quemarropa que efectuó una de las integrantes del grupo le atravesó el tórax y le dejó fulminado en el suelo. Fue trasladado de urgencia al hospital de la Fe, a cuyas instalaciones llegó ya sin vida. Posteriormente se supo que el comando se encontraba tras el robo, solo unas horas antes, de otra sucursal del Banco de Bilbao en la ciudad, en el que se llevaron tres millones de pesetas sin víctimas. Antonio tenía 33 años, esposa y dos hijos.

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También a manos de los GRAPO murió el 19 de abril de 1983 el teniente de la Policía Nacional Emilio García Martínez. Había empezado a aparcar regularmente su coche en una plaza privada junto a su vivienda en la calle Eduardo Soler y Pérez, un vehículo al que se subía cada mañana para ir a Paterna, donde se encontraba destinado desde hacía dos años, una rutina que los terroristas aprovecharon para instalar en el asiento trasero del turismo una bomba de gran tamaño cargada con un kilo de cloratita. Cuando a las 8.35 de la mañana trató de arrancar el vehículo, el explosivo detonó provocando al policía terribles heridas entre perforaciones, fracturas y quemaduras de tercer grado que afectaron a su costado derecho. Uno de sus dos hijos, de 17 y 19 años, encontró su cuerpo malherido y quemado tras acudir apresurado al garaje tras escuchar el estruendo de la explosión. Emilio fue trasladado a La Fe donde fue ingresado en la unidad de quemados. Allí resistió cerca de una hora y media antes de fallecer.

En una botella de vino dentro de una caja de madera se ocultaba el kilo de goma-2 que apagó la vida del director comercial de la empresa Sociedad Intermedios Financieros de Valencia, Juan Antonio Pérez, cuando este tenía 35 años. Según reflejan las informaciones de la época, se la entregó en la mañana del 18 de mayo de 1990 un empleado de la empresa de paquetería Seur. Un regalo envenenado que Juan Antonio abrió a las 12.15 horas desencadenando una potente deflagración que destrozó su despacho, hirió a seis personas y lanzó su cuerpo por la ventana. La explosión le amputó una mano y le hizo caer a la calle desde el primer piso del número 58 de la Calle Colón, tras golpearse en una marquesina. Según publicó entonces ABC, el paquete fue entregado el día antes por un joven de unos 20 años en las oficinas de la empresa de paquetería. Allí se negó a facilitar a los empleados de Seur su teléfono asegurando que se trataba de un regalo y que no quería que se supiera quién lo hacía. En el exterior del paquete dejó el nombre de un remitente falso: Antonio García López. Juan Antonio falleció solo unas horas después en el hospital. Su padre había sido secretario general del Gobierno Civil de Valencia y su tío Fernando Herrero Tejedor, ministro y secretario general del Movimiento Nacional. Nunca se aclaró la autoría, aunque el Ministerio de Defensa había alertado días antes del riesgo de un atentado de los GRAPO en Valencia.

Eran cerca de las nueve de la noche del 4 de marzo de 1991 cuando dos enchapuchados del Comando Ekaitz de ETA accedieron a las oficinas de la constructora Ferrovial en Valencia y, tras intimidar a los empleados y obligar a uno de ellos a guiarles al despacho del subdelegado de la compañía en la Comunitat, José Edmundo Casañ, le descerrajaron un tiro en la cabeza y huyeron del lugar. El motivo por el que los terroristas habían condenado a muerte a Casañ a los 42 años de edad fue que ostentaba un cargo de responsabilidad en una empresa que había concurrido para la realización del proyecto de construcción de una autovía para unir Navarra y Guipúzcoa. Una obra que la izquierda abertzale quería paralizar por todos los medios. La Policía evitó que aquel día se completara con más muerte tras explosionar de forma controlada un turismo que el mismo comando había colocado en la Calle Sagasta. En su interior había 25 kilos de explosivos. Covite recuerda que hasta que ETA reivindicó la autoría, se especuló con que la muerte de Casañ pudiera haberse debido a un ajuste cuentas, «lo que causó un grave daño moral a la familia». Dejó mujer y tres hijos, dos pequeños de 10 y cinco años y una niña de 17 meses.

Con las compras de Navidad en pleno apogeo y el Corte Inglés de la avenida Pintor Sorolla de Valencia lleno hasta la bandera, ETA reventó con una carga de amonal los aseos femeninos de la sexta planta del centro comercial. Allí se encontraba aquel sábado 16 de diciembre Josefina Corresa, una auxiliar de clínica de 43 años, casada y con dos hijos, que falleció en el acto. Otras ocho personas resultaron heridas. Minutos antes, otros tres artefactos incendiarios habían afectado a las plantas segunda y cuarta y al sótano. La banda terrorista lanzó un aviso a través de varios medios de comunicación del País Vasco de la colocación de la bomba en un centro de la cadena en Valencia, aunque sin especificar cuál. La alerta llegó más de una hora antes de que la explosión acabara con la vida de Josefina, a las 15.02 de la tarde. La tragedia sucedió solo cinco días después de otro atentado en Vallecas con un coche bomba que costó la vida seis trabajadores civiles de la Armada y reavivó el recuerdo del terrible atentado de Hipercor en Barcelona que mató a 21 personas y dejó 45 heridos ocho años antes.