![Edificio Sociópolis en Valencia | Una empresa amenaza con echar a 200 familias al querer comprar su finca en Sociópolis](https://s1.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202301/25/media/cortadas/Imagen%20(177056715)-REraoT3LFxTgV6hBSrNMkoL-1968x1216@Las%20Provincias.jpg)
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Quien duerme con una preocupación en su cabeza no descansa. Quien vive pensando que puede verse en su coche con un niño pequeño deja de vivir. En el número 5 de la calle Metge Ignacio Martínez Hervás todo recuerda a proyectos en 'standby', a vidas que le han dado al botón de pausa. En algunas zonas, incluso, la luz no funciona. En otras, hay desperfectos en las paredes. Y tras cada una de las 184 puertas, 184 familias cuentan los días hasta el 4 de marzo, cuando una inmobiliaria, Grupo Ática, les ha amenazado con echarles a la calle porque quieren comprar el edificio. LAS PROVINCIAS entra en la torre más alta de La Torre, en un rascacielos vestigio de una época pasada donde todo recuerda a hace una década, cuando los vecinos decidieron crear un proyecto vital en una de las novísimas nuevas fincas de Sociópolis.
Poco queda de esa ilusión. Encarnación Santiago y Antonio Castro viven con su hija Alegría en el número 5 de esta calle en las costuras mismas de la Valencia que crecía. «Cogimos el piso porque éramos solo dos, luego nos quedamos embarazados y como los alquileres están como están no hemos podido buscar un piso más grande», comenta Santiago, 'Enca' para sus amigos. «En la pandemia a mi pareja lo despidieron en un almacén de frutas y verduras, yo trabajaba de dependienta», explica. Ellos pagan religiosamente, «conforme podemos», dice, pero pese a eso pesa sobre ellos la amenaza de desalojo. «Nos tratan peor que si fuéramos cucarachas: te mandan un correo electrónico y ala, a la calle...», lamenta Santiago.
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Ella viene de Madrid, por lo que no tiene dónde ir si la echan a ella, a su marido y a su hija pequeña. «Nos vemos en el coche viviendo. Hemos estado mirando algún piso de alquiler pero es imposible, te piden un montón de cosas y encima cuestan entre 900 y 1.200 euros», dice. «Es muy injusto lo que nos están haciendo», termina Santiago, que recuerda que simplemente recibieron un correo electrónico «sin que nadie nos diera opción de hablar con nadie». «Cuando llamamos nos dicen que miremos el contrato, pero es que el mío pone cuatro años. A nosotros nos engañaron y ahora tenemos una niña pequeña, ¿qué vamos a hacer?», se pregunta, la desesperación bailando en sus frases como una telaraña particularmente pegajosa.
A Rosa Albero se le quiebra la voz en su piso solitario cuando piensa en lo que ocurrirá si la echan. «No tengo a dónde ir», lamenta. Albero tiene 70 años y es conocida en el barrio porque trabajó durante décadas en el centro de salud de la Creu Coberta, donde era sanitaria. Tras separarse, decidió irse alquilada a un piso de este edificio, hace ahora cinco años. «Estoy esperando una operación de la cadera para ponerme una prótesis y si me llaman en febrero, ¿dónde hago la recuperación? ¿En la calle?», dice. Asegura, como antes la pareja Castro Santiago, que no tiene dónde ir. «Me quedaré en la calle, sé que tengo amigas que no me dejarán sola, pero, ¿y los muebles? La casa no tenía, son todos míos», dice. Asegura que ha tenido que medicarse para aguantar los nervios y la tensión y llora cuando admite estar «psicológicamente destrozada». «Nos están amargando la existencia. Voy con Trankimazin constante, estoy preocupada por mi cadera... El miedo es gratis y tengo todo el del mundo», reconoce Albero, que apunta que uno de sus mayores miedos, como el de tantísimos mayores en Valencia, es el miedo a la soledad.
Los que más sufren, al menos sobre el papel, son las familias. Como la de Sandra Luna. Ella es una de esas familias monomarentales donde una sola persona saca adelante toda una casa. En su caso, también, a su hijo Yeray, de 3 años. Ella vive en La Torre desde 2017. Era barrendera, pero tuvo un problema médico en la espalda y le dieron la baja. Sin embargo, durante la pandemia le dieron el alta, aunque ella asegura que no puede trabajar, y ahora sobrevive gracias a la renta valenciana de inclusión. «Lo llevo muy mal», admite. «Si me tiran de aquí no puedo ir a alquilar un piso con 400 euros al mes», explica. En las voces de todos los entrevistados trasluce cierta ansiedad, un miedo cerval a lo que ocurrirá si el 4 de marzo no se ha llegado a un acuerdo y la inmobiliaria compra el edificio. «No sabría qué hacer sin me quedo en la calle», lamenta. «Estoy con ansiedad y nervios todos los días», cuenta, y de nuevo, un patrón entre los residentes: la salud psicológica destruida por una carta o un correo electrónico. Luna remacha la conversación con una frase que da cuenta de la situación que sufre: «Si me tiran a la calle, me muero».
Todo ello mientras, aseguran los residentes, el día a día en el edificio se complica. De las 184 viviendas, la mayoría siguen ocupadas. Según explican los vecinos, la mayoría no tiene una alternativa. Se trata de rentas en ocasiones bajas que tienen firmados contratos a precios antiguos que ahora están absolutamente fuera de mercado. Ya lo decía Santiago: el alquiler se ha puesto por las nubes.
El edificio forma parte de Sociópolis, un proyecto del PP para revitalizar la pedanía de La Torre que a día de hoy aún sigue con edificios sin terminar de construir. La Generalitat, eso sí, ha prometido hacerlo este año. Mientras, en el número 5 de Metge Ignacio Martínez Hervás los días, y las noches sobre todo, pasan de forma extraña. Como cuando los vecinos tienen que alumbrarse con sus móviles para bajar por las escaleras porque, aseguran, la luz no funciona en algunos pisos. Creen, tal como explican, que el propietario la ha cortado para animar a los residentes a abandonar sus casas o para ahorrarse el coste de la luz en las plantas, pocas, donde no queda nadie. En algunas, de hecho, los cables están a la vista.
Los vecinos esperan una solución por parte de la Generalitat. Lo público, de nuevo, al rescate. Hasta entonces, eso sí, nadie les quita el miedo, ni los nervios, ni las pastillas, ni las noches en portales de internet esperando encontrar un piso por un precio que no requiera el sueldo de tres meses. Un día a día que cada vez es el de más gente, sacudidos por una crisis brutal tras la pandemia y que quedan al margen de una sociedad que, en ocasiones, no termina de fijarse en quien está a punto de caer a las cunetas de la vida.
El Ayuntamiento y la Generalitat se reunirán este viernes en la alcaldía pedánea con los vecinos de La Torre para informarles de los trámites y gestiones que se están realizando respecto al edificio que el Consell quiere adquirir. No será la primera reunión: en noviembre hubo una primera toma de contacto con los residentes para recabar información ante las cartas recibidas para que dejaran los pisos.
El pasado mes, hecha la primera valoración, hubo otro encuentro, donde se informó a los vecinos de la posibilidad de adquirir el edificio a través de la aplicación del derecho de tanteo. Se trata, de todas formas, de un proceso largo, que llevará varias semanas. Pero una vez formalizada la intención, lo que la Generalitat hará cuando disponga de toda la información sobre el edificio, la inmobiliaria que pretende adquirirlo, Grupo Ática, deberá dejar de enviar cartas a los inquilinos, según explican fuentes conocedoras de la legislación.
«La conselleria tiene la voluntad de hacer la adquisición y para eso ha abierto el procedimiento que requiere, al principio, hacer una tasación de las casas. En la reunión de mañana se informará de cuándo se harán esas tasaciones y sobre todo de la hoja de ruta de la conselleria», según explicaron fuentes del departamento de Vivienda consultadas por este diario. La tasación ha de hacerse in situ en las viviendas. La compra podría cerrarse en unos 20 millones de euros, según ha podido saber este diario. Es la cantidad, aproximada, que ha ofrecido la inmobiliaria, aunque los vecinos lamentan que nadie les ha dado a ellos la opción de adquirir sus viviendas, como en teoría iban a poder hacer una vez terminados sus contratos, que en muchas ocasiones eran de varios años.
En la reunión, que se celebrará a última hora de la tarde para facilitar la asistencia de la mayor cantidad de vecinos posible, participarán el secretario autonómico de Vivienda y Función Social de la Generalitat, Alejandro Aguilar; la concejala de Pueblos del Ayuntamiento de Valencia, Lucía Beamud; y el alcalde pedáneo de La Torre, Robert Cuartero, según el Consell. El Ayuntamiento actúa, en este caso, de mediador y, llegado el momento, podría intentar buscar una alternativa habitacional a los residentes, siempre de mano de la conselleria, pero la realidad es que el derecho de tanteo y retracto no lo puede ejercer el Consistorio sino la Generalitat.
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