La EMT gasta otros 25.000 euros en el abogado para el Tribunal de Cuentas

La EMT ha gastado otros 25.000 euros en contratar a un abogado para defender a la empresa ante el Tribunal de Cuentas. Así lo ha desvelado hoy el presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi, y la gerente de la misma, Marta Serrano, durante la sesión urgente y extraordinaria del consejo de administración donde se ha dado cuenta de la providencia de este tribunal que ordena a la extrabajadora despedida, Celia Zafra, a poner una fianza de 4,2 millones de euros al considerarla responsable del fraude que sufrió la entidad en septiembre de 2019.

La oposición ha cifrado entre 100.000 y 120.000 euros el dinero gastado por la empresa para intentar recuperar los 4,02 millones desaparecidos en ocho transferencias al Bank of China en Hong Kong. El concejal del grupo municipal socialista Carlos Mundina ha explicado que ni ellos ni el PSPV tenían constancia de este nuevo gasto. «La empresa ha contratado bufetes en Barcelona, Hong Kong y Madrid y se ha centrado en ir tras una trabajadora despedida en lugar de intentar recuperar el dinero», ha explicado.

Por su parte, el concejal del grupo municipal de Ciudadanos Narciso Estellés ha comentado que le ha dado la oportunidad a Grezzi de disculparse ante Zafra por sus acusaciones de esta semana, «pero no ha querido hacerlo», ha comentado. Cs también critica el oscurantismo con el que se ha contratado este nuevo letrado que, además, es extrabajador del propio Tribunal de Cuentas.

Cabe recordar que la delegada instructora del caso en el Tribunal de Cuentas considera que «existe negligencia grave y por supuesto una actuación dolosa por parte de la Sra. Zafra», puesto que «posibilitó con su intermediación que se realizaran las ocho transferencias con la correspondiente salida de fondos públicos de la EMT, ya que facilitó a los presuntos estafadores una documentación en la que constaban las firmas de las personas autorizadas al pago», según informó la EMT en un comunicado.

La empresa explicó que la delegada instructora argumenta que «las transferencias realizadas durante el periodo del fraude nunca entraron en el protocolo. De haber sido así, las facturas hubieran quedado bloqueadas en la primera fase al no tener firma autorizada de ningún Director de Área. Este fraude es debido a una suplantación de varias identidades y de que: por una parte, el mando responsable se salta los procedimientos (y) la falta del deber de custodia de los fondos públicos depositados en la entidad bancaria».