El Gobierno se decanta por la única opción para Serrería que mantiene en superficie las vías

«El Gobierno no se ha comprometido ni con plazos ni con financiación», ha declarado Marí Olano antes de asegurar que todavía no hay fecha prevista para acabar el estudio informativo que debía estar listo en enero de 2022 y sigue paralizado desde noviembre de 2021. Es decir, el citado informe acumula un retraso de más de 2 años y medio con respecto a la fecha inicialmente prevista y ha asegurado también que el encuentro mantenido hoy tenía que haberse celebrado seis meses atrás. Por otro lado, tanto Transportes como el Ayuntamiento coinciden en tener las conclusiones del estudio técnico a finales del año 2025.

El concejal ha estado acompañado en la reunión por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Vicente Dómine, en representación de la Generalitat, administración que se ha comprometido también a cofinanciar esta infraestructura, «tan estratégica y necesaria para Valencia porque permitiría acabar el jardín del Turia y prolongar el paseo de la Alameda hasta el mar». Además, Marí Olano ha declarado que el Gobierno ha desestimado el adelanto de 10 millones que se comprometió a pagar el Consistorio para agilizar los trámites.

En relación con las alternativas de soterramiento, el edil de Patrimonio ha reiterado que el Ayuntamiento de Valencia seguirá apostando por la alternativa 3, aquella que ha definido como «la más favorable para la ciudad». Esta opción implicaría soterrar las vías hasta más allá de la autopista de El Saler y ha asegurado que el Consistorio seguirá siendo partidario de la misma «mientras técnicamente no se demuestre lo contrario».

En cambio, el Gobierno central, ha explicado Marí Olano, «se decanta por la alternativa 1», la más barata y aquella que supondría mantener el muro ferroviario o cicatriz que divide el Grao de Penya Roja y Nazaret de La Punta.

Las vías seguirían en superficie. «La alternativa 1 implica 'poner un sombrero o una joroba' a las vías y mantener la barrera ferroviaria entre barrios de la ciudad. Además, implica también tener un gran montículo que en medio del jardín del Turia y dejarlo sin continuidad hasta el parque de Desembocadura», ha detallado Marí Olano.

La opción dos, la intermedia, supone un túnel de alrededor de un kilómetro, lo que supondría un soterramiento parcial. Según han explicado fuentes de Transportes, el Ministerio se opone a la opción 3, la que supone un túnel más largo y prolongaría el existente hasta la V-30 porque un informe técnico indica que estrangularía los accesos ferroviarios del puerto al cambiar la pendiente apta para los trenes de mercancias. Ello implicaría un mayor tráfico de camiones por la V-30.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, criticó por la tarde la rueda de prensa ofrecida por el concejal Marí Olano y la calificó de «sobreactuaciones y dramatismos». Bernabé subrayó que la opción por la que se decanta el Ministerio no es la elección definitiva y que el Ejecutivo «está dispuesto a buscar una solución que sea lo más beneficiosa para la ciudad. La delegada del Gobierno se ha referido a que la alternativa respaldada por el Ayuntamiento de Valencia tiene incompatibilidades técnicas para que los trenes pudieran circular por el túnel.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, María José Broseta, ha pronunciado al respecto del sentir de la entidad sobre la reunión mantenida en la jornada de hoy en la que lamenta «que no ha habido grandes avances». Broseta ha recordado que ésta no es una cuestión de ciertos barrios, sino que esta una cuestión «que afecta al conjunto de la ciudad y que es decisiva para llevar a cabo una verdadera vertebración del territorio».

«Es una reivindicación histórica y es inadmisible que, cuarenta años después, aún no se haya concretado el desarrollo un proyecto que es totalmente necesario y que ha de poner fin a la barrera existente entre el cauce histórico del río y el nuevo que nos impide comunicarnos», ha explicado Broseta. Asimismo, ha insistido en la reivindicación realizada para que Adif facilite el paso inferior del puente del ferrocarril y en que la solución planteada no puede implicar eliminar más huerta.

Desde el movimiento vecinal se insiste en la urgente necesidad de facilitar, mientras tanto, el paso inferior bajo el puente del ferrocarril por la margen derecha, tal y como ya se solicitó en los presupuestos participativos.

Asimismo, el concejal de Grandes Proyectos ha indicado que el Gobierno «ha vuelto a agraviar a Valencia» al negarse a impulsar a un acuerdo para financiar el soterramiento de las vías de Serrería con un nivel de inversiones equivalente, o incluso inferior, al que está ejecutando en otras actuaciones ferroviarias similares en País Vasco o Cataluña.

Marí Olano ha hecho referencia a los distintos proyectos ferroviarios que el Ministerio de Transportes, a través de Adif, ha financiado en gran parte o incluso la integridad de los mismos en Bilbao o el área metropolitana de Barcelona resaltando la «discriminación» que sufre la ciudad de Valencia. Desde el Consistorio resaltan que los trabajos de Montcada i Reixac han sido financiados íntegramente por Transportes gracias a una inversión de 540,4 millones de euros (IVA incluido). Dicho montante representa más del doble de los 200 millones que costaría la alternativa 3 del soterramiento de las vías de Serrería. Además, la ciudad condal contaría con más fondos estatales en otro proyecto de la misma índole urbanística planificado esta vez en l'Hospitalet de Llobregat con un importe estimado de 1.000 millones de euros.

En el caso de País Vasco, Bilbao también cuenta con un diseño para el soterramiento ferroviario de Olabeaga con un coste de ejecución estimado de 88,58 millones de euros. La cantidad de financiación estatal llegaría a través de Adif y su participación en la Sociedad Bilbao Ría 2000, con la que el Ministerio de Transportes se haría cargo del 64,77% del proyecto. En cambio, y según las declaraciones realizadas ayer por la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, las intenciones del Ejecutivo para el soterramiento de las vías de Serrería son totalmente opuestas a la planificación llevada a cabo en el País Vasco: «El 70% del coste lo tienen que aportar el Ayuntamiento, la Generalitat y el Puerto mientras el otro 30% correrá a cuenta del Estado».