El 'gran hermano' de las 866 cámaras en Valencia

Este escenario distópico no existe. Pero las administraciones sí emplean la videovigilancia para controlar el tráfico y para vigilar edificios emblemáticos o monumentos, así como para ayudar en el esclarecimiento de delitos en determinadas zonas. En Valencia, de hecho, hay 866 cámaras. Casi el 95% de ellas son de tráfico. Están instaladas en los cruces de calles o en las grandes avenidas y se usan para control de tráfico. Su visionado se centraliza en instalaciones municipales. Este tipo de cámaras no se pueden usar para perseguir delitos, pero iremos a eso más tarde.

Además de estas 806 cámaras de tráfico, hay 60 más en la ciudad. Se dividen de la siguiente forma: 43 en los grandes monumentos, 8 en el paso peatonal subterráneo entre las grandes vías de Germanías y Ramón y Cajal y 9 en el Parque Central, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Valencia. A estas hay que sumar las del río, aunque fuentes municipales no pudieron concretar cuántas son. Las de los monumentos graban la Lonja (8), las torres de Serranos (6), las de Quart (6), las Reales Atarazanas (6), el Almudín (8), el Palacio de Cervelló (4) y el Museo de la Ciudad (5).

Estas cámaras sí se pueden emplear para perseguir delitos, así como para evitarlos, dado que tienen un efecto disuasorio. Que se lo digan si no a los vecinos de Orriols, que celebran que desde que se instalaron las cámaras de tráfico la situación ha mejorado. Pero la videovigilancia no es cuestión menor. En el mundo de la comunicación constante, en un entorno en el que todos llevamos en nuestro bolsillo un dispositivo más potente que los ordenadores que mandaron a los astronautas a la Luna (dispositivos en los que casi todos hemos visto 'Black Mirror'), el legislador ha creado un complejo corpus legal que regula todas y cada una de las casuísticas de cámaras que hay en las calles. Ese entramado complica el uso de cámaras para evitar delitos.

Lo explica Ricard Martínez, uno de los mayores expertos nacionales en videovigilancia. Es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València. Además, ha sido jefe del Servicio de Transparencia de la Diputación de Valencia, presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad y responsable del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. Se trata, por tanto, de una de las personas de España que más sabe del tema.

Martínez explica que las cámaras privadas, esas que tiene los comercios, bancos o supermercados, se rigen por la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento General de Protección de Datos. «Una persona que instale una videocámara como estas tiene que haber justificado la finalidad, comprobar los riesgos, asegurarse que los empleados saben usarla y disponer de un cartel informativo. En este tipo de instalaciones, la ley es muy clara desde 1999», apunta. Martínez insiste en que las autoridades de protección de datos han admitido «que puedas captar un trozo de la vía pública cuando es imprescindible para cumplir con la función de seguridad que quieres garantizar». «Si captan a alguien es de forma incidental: si están apuntando a la puerta y la puerta es transparente...», comenta Martínez.

Con esta explicación ya vemos por dónde van los tiros: una protección férrea de la imagen de las personas que, inadvertidamente, pasen por delante de una cámara y, por tanto, no puedan ejercer su derecho al acceso a los vídeos, que es algo capital. Cuestión distinta son las cámaras de control de tráfico. «Pueden grabar el tráfico en tiempo real, tomar matrículas y poner multas... pero no se pueden usar para perseguir delitos», asegura. Cuidado porque hay una especie de 'puerta trasera'. La Policía puede pedir las imágenes a un juez si las cámaras han grabado de forma incidental, un delito.

Pero, entonces, ¿eso quiere decir que las cámaras instaladas por ejemplo en Orriols no sirven para evitar la delincuencia? Formalmente, no. En la práctica, sí, porque tienen un efecto disuasorio, que es lo que se busca con la instalación de estos dispositivos en enclaves muy visibles. Los comerciantes, por ejemplo, las piden en Poeta Querol y en otras zonas del centro sin que el Consistorio por el momento haya accedido.

Y es porque no es tan fácil. La tercera y más compleja tipología de cámaras de videovigilancia es la que incluye aquellos dispositivos instalados en la vía pública precisamente para evitar o perseguir delitos. «Ahí viene el lío porque tenemos la Ley Orgánica 7/2021 y la 4/1997, que son peliagudas», lamenta Martínez. Estas cámaras, para que se hagan una idea, son las del río. «Cuando se instalaron había que pedir una autorización a la Delegación de Gobierno con un informe previo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia», asegura Martínez. «En el río parece razonable en la medida en que es un sitio que quiero mantener seguro y las videocámaras cumplen con una función de disuasión», explica el experto, que añade que en las del río «la señalización es deficiente». «Los carteles no son muy claros y están obligados a ello», comenta, «sobre todo porque el Tribunal Consistucional ya ha dicho en varias ocasiones que no señalizarlas es una infracción muy grave». Martínez añade que muchos ayuntamientos, aunque no el de Valencia, han regulado la grabación de imágenes con drones por cuanto esta modalidad de dispositivos voladores pueden grabar imágenes dentro de domicilios, algo estrictamente prohibido salvo en el marco de una investigación judicial.

El director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València explica que, si queremos cámaras en una calle como Poeta Querol, el Consistorio «debería ir a Delegación de Gobierno»: «Se necesita un juicio de proporcionalidad. Si las metes es porque hace falta meterlas». Esa Comisión de Videovigilancia, que tuvo que autorizar las cámaras de los monumentos y las del río, está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana e incluye al fiscal jefe y representantes del Gobierno y del Ayuntamiento que pide la instalación de las cámaras para garantizar la proporcionalidad de la colocación de los dispositivos.

«Cuando pones cámaras por cuestiones de seguridad, asumes que es una medida jusiticada y adquieres responsabilidades en control de videocámaras, de las grabaciones...», indica Martínez, que añade que estas cámaras «no se pueden poner porque haya gente gritando o tres se quejen de que les han robado: si las pones es porque hacen falta». «Todo lo que ocurra con esas grabaciones debe ser auditable porque es la única forma que tenemos de garantizar que se usarán para lo que se debe», explica el experto, que añade que no son «una medida final»: «Si se reduce la delincuencia que ha motivado su colocación, las quito».

Por tanto, ¿estamos cerca de esa sociedad 'orwelliana' que plantea un entorno con cientos de miles de cámaras? «Cuando se abusa y normalizamos vivir en una sociedad vigilada, al final sí que padecen las libertades porque aceptamos como usual lo que es excepcional. Muchos ojos nos están mirando y hemos normalizado el paisaje», explica Martínez, que detalla un escenario de pesadilla: «Si la red es tan amplia que alguien puede seguir a una persona por toda la ciudad, alguien desde el poder puede tener la tentación de hacer eso».