Los hosteleros de la plaza del Cedro reclaman a Ribó que frene el ruido y no implante la ZAS

Al grito de lemas como «¡Nosotros trabajamos, no molestamos»!; «¡Bares cerrados, barrios arruinados»! o «¡Ribó: queremos soluciones, no nos abandones» los hosteleros de la plaza del Cedro, donde está pendiente la aplicación de las normas de Zona Acústicamente Saturada (ZAS), se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento para pedir al alcalde de Valencia que medie para buscar la convivencia con los vecinos antes de que se apliquen lo que califican como «drásticas» medidas de la ZAS.

Una veintena de hosteleros y trabajadores de la zona Cedro se han plantado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su rechazo a la implantación de una ZAS y han exigido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que adopte» medidas eficaces para combatir el ruido y no contra la hostelería».

Con una pancarta bajo el lema «Ribó, no acabes con la hostelería, acaba con el ruido» han reclamado al alcalde que no pierda más tiempo y articule un plan de medidas eficaz que minimice el impacto acústico en la zona, pero que no pase por aplicar restricciones y limitaciones devastadoras sobre la actividad hostelera.

También se han visto carteles de protesta con lemas como '-bares +botellones'; 'No somos lateros, somos hosteleros' o 'La ZAS no es la solución, provoca botellón'.

Al respecto, y durante la protesta, el portavoz de la Asociación de Hostelería y Ocio del Cedro (ADHOC), Diego Martínez, ha recordado que «sentencia impulsada por los vecinos para declarar la zona comprendida por las calles Justo y Pastor, Manuel Candela, Blasco Ibáñez y Músico Ginés de Valencia como Zona Acústicamente Saturada todavía no es firme y que los hosteleros han pedido personarse en el contencioso como parte afectada».

Por ello, desde el colectivo aseguran que el alcalde «todavía está a tiempo de retomar el diálogo y evitar cierres de locales, despidos y dejar en la ruina a numerosas familias».

Asimismo, le han instado a que revise el modelo «inútil y «caduco» actual de la ZAS y ponga los medios y recursos económicos necesarios «para articular planes contra la contaminación acústica que dejen atrás los recortes», según han indicado. «La reducción del horario o si nos quitan las terrazas, supondría la muerte anunciada«, ha indicado Diego Martínez.

De hecho, Diego Martínez ha recordado que se creó «el Observatorio del Ocio y del Turismo y ya se debería de haber convocado una reunión urgente monográfica para abordar el conflicto antes de que se produzcan cierres de negocios para buscar con el diálogo una solución».

Por otra parte, el portavoz de la asociación ha advertido que el acto de este jueves no será la única protesta y que, paralelamente al procedimiento judicial, seguirán reivindicando que la hostelería «no es la culpable de los problemas de convivencia» y que no se les «puede dejar abandonados a las puertas de unas elecciones municipales, porque también son residentes, vecinos y parte importante e implicada del barrio».

De hecho, y reivindicando siempre la vía del diálogo, han solicitado varias reuniones con diferentes concejalías en busca de soluciones para una zona en la que residen gran parte de los estudiantes y que requiere de un diagnóstico profundo para analizar de dónde provienen los principales focos de ruido y las molestias, como puedan ser los botellones, las fiestas en los pisos o tiendas de 24 horas, entre otros.

Diego Martínez ha insistido que hoy han venido a la plaza del Ayuntamiento a recordarle a Ribó «que no nos abandone. Nosotros no generamos el ruido. es un barrio donde residen estudiantes de universidades y hacen fiestas en pisos y botellones en la calle y nosotros cerramos a nuestra hora».

Ha recordado que de la hostelería «vivimos muchas familias y muchos de nosotros tenemos el negocio, pero también residimos en el barrio. Somos los primeros que queremos una convivencia».

Entre las personas que han asistido a la protesta estaba Paqui Albero, camarera, que ha indicado que ellos cumplen «con los horarios y el problema viene cuando se queda la gente en la calle y compran bebida a los lateros, que por cierto, nadie los multa».

Víctor Moratal, de Underground y El Asesino, ha detallado que han asistido a la protesta «para defender nuestra licencia, el negocio y los puestos de trabajo. El problema son los lateros y la gente que se queda en la calle haciendo botellón, no los locales». Y ha recordado que, en su caso, tiene «licencia para hacer conciertos, y podría estar hasta la 1 de la madrugada, pero tengo acordado con los vecinos hacer estas actuaciones por la tarde y hasta las 23 horas porque somos hosteleros responsables».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Valencia, fuentes oficiales recuerdan que el alcalde ya dejó claro que no iba a recurrir la sentencia que da la razón a los vecinos. De igual modo, explican que ya se trató de intervenir aplicando la ordenanza Contra la Contaminación Acústica, con la presencia policial y con el vallado de los puntos conflictivos.

En cuanto a la opinión de la entidad vecinal, su portavoz, Xelo Frigols, argumenta que los vecinos, «somos afectados por el ruido y nos vimos obligados a acudir a la Justicia ante la inacción del Ayuntamiento. Llevamos años pidiendo al Consistorio que se actuara y se tomaran medidas para frenar el ruido y seguimos igual».

Y añade que si los hosteleros entienden que están afectados, «es algo que tiene que solucionar el Ayuntamiento». Recuerda que los residentes llevan años luchando por «nuestro derecho al descanso» y añade que seguirán insistiendo en la necesidad «de que se cumpla la sentencia. Para que se aplique, en el fallo se dice claramente que tienen que reducir terrazas y número de locales».

Además, Frigols alerta de que ahora, «con el buen tiempo, volvemos a estar en temporada alta y el ruido y las molestias no cesan». Incluso describe que si «antes el problema empezaba los jueves, ahora ya es un día más, porque los miércoles también salen y arman escándalo en las calles y continúa los jueves, viernes, sábados y los domingos, depende».

Los vecinos recuerdan que el Ayuntamiento de Valencia tiene tres meses para aplicar la sentencia. «Aunque el Consistorio ha presentado un recurso de aclaración de la sentencia con respecto a dos puntos de la sentencia, esto puede implicar una demora de un mes, pero cuando pase mayo, tras las elecciones, el gobierne que esté tendrá que adoptar las medidas».

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