Las incógnitas de las zonas de bajas emisiones en Valencia

La cifra sale del anuario estadístico municipal y no distingue los vehículos de motor gasolina de los diésel. De ahí que el parque móvil afectado finalmente sea mucho mayo. La normativa indica que carecen de etiqueta los vehículos de gasolina anteriores a 2001 o diesel matriculados antes de 2006, lo que amplía el ámbito de los que se quedan fuera de los permisos.

Las zonas de bajas emisiones afectan a 149 municipios en España y deben estar vigentes en 2023, aunque es obvio que no se ha cumplido en la inmensa mayoría. La declaración cumple con la Ley de Cambio Climático y el decreto que desarrolla este punto procede de diciembre de 2022, lo que explica en buena parte el retraso. En síntesis, se trata de reducir la contaminación en las ciudades antes de 2030 con una serie de medidas, de las que las relativas al tráfico son las que más afectan a los vecinos.

La implantación en Valencia ha pillado al Ayuntamiento con cambio de gobierno, lo que supone una «patata caliente» más que deja Compromís y PSPV al Partido Popular. Ya mostró sus dudas el propio alcalde Ribó cuando dijo hace meses que todos los vecinos no estaban en disposición de comprarse un coche eléctrico (un Tesla citó como ejemplo) pensando sin duda en los 40.819 turismos. Aparte están todas las furgonetas y camionetas, claro.

Así las cosas, está por ver cuándo llegará a Valencia esta regulación. Fuentes cercanas al actual gobierno municipal aseguran que están trabajando en ello, aunque lo cierto es que todavía no ha sido nombrado oficialmente el delegado de Movilidad. De momento, el responsable del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad es Jesús Carbonell, por lo que tiene firma para acometer cualquier iniciativa sobre las zonas.

Para ello, una parte sustancial es la colocación de 274 cámaras en Valencia, destinadas al reconocimiento de matrículas de vehículos y discriminar los que carecen de etiqueta ecológica, con el fin de multarlos. Tanto la obra como la dirección de la misma ya están encargadas.

La primera adjudicación es para el suministro y colocación de las cámaras, concurso al que se presentaron ocho empresas y que se adjudicó a la UTE EYSA ALUVISA ZBE con un coste de 8,97 millones de euros. Una parte de los fondos proceden de la Unión Europea y la formalización del contrato se hizo el 4 de enero.

¿Cómo es que todavía no ha empezado la instalación? Faltaba la adjudicación de la dirección de las obras, lo que sucedió el 28 de abril, aunque se formalizó despúes de las elecciones municipales, el pasado día 12. Es llamativo que el concurso se inició el 15 de noviembre de 2022, lo que denota la intención de Compromís y PSPV de alargarlo. No en vano, se tuvo que realizar un trámite con la adjudicatarias de las obras para justificar que no empezara a colocar cámaras. En las próximas fechas se iniciarán en las cinco zonas designadas en Valencia.

Estas zonas abarcan todo el casco urbano, aunque no está claro la que se vaya a implantar primero, o si serán todas a la vez. Para ello debe aprobarse antes una ordenanza, por supuesto también en tramitación y cuyo borrador se desconoce. Será pues una de las primeras decisiones del nuevo delegado de Movilidad.

La situación en el resto de España no es muy diferente. Barcelona se adelantó al resto y aprobó las zonas de bajas emisiones en 2020, aunque ha tenido sentencias en contra que han puesto en duda toda la normativa. Madrid cuenta también con algunas zonas restringidas al tráfico y donde sólo se permite el paso de los vehículos menos contaminantes. Implantado por un gobierno municipal y cambiado por el siguiente, es otra muestra de la autonomía municipal para llegar al objetivo en 2030.

Según el RACE, los únicos municipios que tienen en servicio las zonas de bajas emisiones son Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona, Rivas-Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, y Sant Joan Despí. Añaden Valencia, aunque esto sólo ha sucedido en la fase inicial, con lo que en el resto puede suceder algo parecido.

En resumen, poca o ninguna repercusión de lo que dicta la Ley de Cambio Climático a pesar de ser algo vinculante para los ayuntamientos. En noviembre de 2021 se aprobaron unas directrices por parte del Ministerio de Transición Ecológica, junto con el decreto citado el 27 de diciembre de 2022. Ahora bien, sin la ordenanza no se debería aplicar.

Para cumplir con un descenso significativo en la contaminación en 2030, una de las cuestiones primordiales es la sustitución del parque móvil más antiguo por otro de vehículos con motores híbridos o eléctricos. Esto no ha sucedido todavía según los últimos datos en Valencia.

El parque móvil en 2022 era de 513.827 vehículos matriculados, de los que sólo 1.878 tenían motor eléctrico, mientras que 1.460 son de motor a gas. La tabla no especifica los híbridos, que han entrado con fuerza en el mercado, aunque es poco probable que sean ya los mayoritarios.

Para ayudar a este mercado, el Ayuntamiento impulsó la colocación de puntos de recarga eléctricos, insuficientes de momento. En el mapa disponible en la web municipal se sitúan 14 puntos, entre los que están en servicio y los que hay en ejecución. Otro asunto son los que hay en los aparcamientos o centro comerciales.

El sector de la automoción mira a los motores eléctricos o hacia los híbridos, sin duda. De ahí por ejemplo que el presidente de la asociación Gremial del Taxi, Ismael Arráez, demande puntos de recarga en las paradas de taxis. De momento, la petición no tenido respuesta por parte del Ayuntamiento.

El control del tráfico con las cámaras de reconocimiento no es muy popular en el nuevo gobierno municipal, dado que una de las primeras promesas que quiere cumplir la alcaldesa Catalá es desconectarlas en los cinco puntos de acceso a la parte norte de Ciutat Vella.

En estos barrios, el motivo de las restricciones no es la contaminación sino que sólo puedan pasar vecinos y autorizados, aunque el sistema es tan complicado y ha recibido tantas críticas que la alternativa provisional del PP es dejarlas fuera de servicio.

En cuanto a las cámaras del concurso adjudicado, principalmente estará en los túneles, así como en los puentes que sirven para salvar el viejo cauce, como principales lugares de control.