Ocho contratistas se reparten las obras de Ribó investigadas por Antifraude

En total, ocho personas, además del propio estudio, que desde 2016 se han embolsado más de 241.000 euros en contratos menores con el Consistorio. El lector sabrá, harto de esta terminología tan arcana que oculta cuestiones sencillas, que por «contratos menores» se refiere la Administración a encargos que se hacen prácticamente a dedo a personas que el concejal o los funcionarios consideran adecuadas para determinado contrato, sin más publicidad y sin que todo el mundo pueda optar a ese trabajo. El problema viene cuando esos contratos se repiten, como ha ocurrido en esta ocasión y ha afeado Antifraude.

Además, una simple búsqueda en Google de unos pocos minutos evidencia vínculos de algunos contratistas con los partidos del equipo de Gobierno. El más evidente es el de Elena Azcárraga, integrante de La Paisatgeria y adjudicataria, a título personal, de un contrato sobre el CEIP Eliseo Vidal en 2019. Azcárraga colaboró con La Paisatgeria hasta el mismo día en que se adjudicó el contrato de la urbanización mediante «actuaciones tácticas» de la plaza del Ayuntamiento. Fue entonces cuando fue nombrada directora general de Vivienda de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

«Estaba en el proyecto porque habíamos pasado los honorarios de los distintos profesionales que íbamos a participar», señaló Azcárraga a LAS PROVINCIAS en mayo de 2020, aunque apuntó que no sabía cuál iba a ser su tarea «porque todavía no habíamos repartido todavía las funciones». Azcárraga tuvo que desvincularse del proyecto de La Paisatgeria porque fue nombrada directora general de Vivienda. «En el momento en que presentamos la propuesta yo no sabía que me iban a nombrar», se defiende la arquitecta.

No es el único. Rafael Rivera ha sido arquitecto municipal de Godella y de Valencia y da clases de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura. Es un reconocido experto en la materia. También fue el adjudicatario de los estudios previos para buscarle un uso ciudadano al nuevo cauce del Turia, que se construyó por si había una avenida fluvial sobre la ciudad y así evitar nuevas catástrofes como la Riuà. Casi 18.000 euros. Se da la circunstancia de que también fue en las listas municipales del PSPV al Ayuntamiento de Valencia para las elecciones de 2007. En el puesto 32, eso sí: es difícil que saliera elegido en el año de la Copa del América y en los mejores tiempos de la hegemonía del PP en la ciudad. Complicado, cierto, pero ahí estaba.

Sobre estos contratos, y otros a nombre de seis contratistas más, la Agencia Valenciana Antifraude ha emitido un contundente informe en el que insiste en la relación entre los miembros de las distintas empresas que se presentaban a los concursos municipales. «Se constata que se podría haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos, al haber procedido el órgano gestor a cursar invitaciones a tres personas físicas relacionadas, lo que podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado, pues los tres licitadores poseen nexos empresariales en entidades vinculadas», asegura el documento.

«En algunos expedientes se ha solicitado oferta a proveedores previamente vinculados por relaciones interprofesionales», señala Antifraude. La agencia se refiere a que estas personas, al conocerse, podían acordar precios para que resultaran adjudicatarias de unos determinados concursos. El informe final, aunque no ve indicios de corrupción o fraude, sí hace toda una serie de recomendaciones sobre los contratos menores o, mejor dicho, sobre su abuso.