La oposición municipal llevará a Antifraude el crucero fallero a Ibiza

El edil de Compromís Pere Fuset y la concejala socialista Nuria Llopis han manifestado que que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían manifestado su postura contraria a que se pudiera firmar el convenio con la naviera bajo la figura del patrocinio. Para Compromís significa «una involución, un gasto innecesario, y un mercadeo a costa de la imagen de las falleras» y lamentar estar «ante un posible fraude». Por parte del PSPV, lo que se buscaba con ello era «sortear los informes negativos disfrazando irregularmente como un convenio lo que a todas luces es un patrocinio».

Para el concejal nacionalista, «el barco del PP a Ibiza recuerda más a su historial de corrupción que a una actividad fallera del 2024 por lo que detectadas diferentes irregularidades que han tratado de ocultar«. Según Llopis, el convenio »está hecho a medida, es chapucero y, además, es irregular. Ballester se ha dado mucha prisa en alcanzar los 300.000 euros que prometió en patrocinios porque a falta de tres meses no llegaba ni a la mitad, pero sus prisas han desencadenado que la Junta Central Fallera haya cerrado un convenio irregular«.

Compromís considera que no solo se ha explotado la imagen a las candidatas a Fallera Mayor y a la corte para hacer propaganda descarada de una naviera «sin aportar un solo euro a la fiesta sino que además se ha hecho durante semanas sin convenio y de manera irregular». «Entendemos que el nuevo acuerdo firmado trata de camuflar el supuesto patrocinio vetado y eludir una licitación y vamos a pedir a Antifraude que lo investigue más allá de denunciar el mercadeo al que se está sometiendo la imagen de una figura como la Fallera Mayor», ha dicho Fuset.

Para Llopis, la primera irregularidad es que el gobierno de Catalá anunció el convenio antes incluso de que se firmara y cuando ya constaban en el expediente dos informes negativos con los reparos de la Abogacía y de la Intervención. A pesar de todo, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, siguió adelante con un documento sobre el que pesaban las objeciones de los servicios municipales encargados de supervisar la legalidad de los contratos de la administración.

«Durante ese tiempo, han estado utilizando e instrumentalizando la figura de la Fallera Mayor de Valencia y de las candidatas como objeto publicitario sin estar ni siquiera firmado el contrato del convenio. Han vendido la imagen de nuestras falleras sin ningún pudor a cambio de un contrato con un supuesto valor estimado de 230.000 euros», ha reprochado la concejala socialista.