La patata caliente de la ZAL

Los vecinos de La Punta llevan ya 28 años de litigios para evitar que la huerta, que antes incluso tenía acceso a la playa, se convierta en un polígono para albergar contenedores portuarios y empresas del sector. Ahora, un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha tumbado por tercera vez el plan de la ZAL.

Esta sentencia es fruto del recurso presentado por La Unificadora y anula la resolución de diciembre de 2018 de la Conselleria de Territorio que pretendía aprobar definitivamente el plan especial de la ZAL. Ahora se declara nula la resolución y el plan por ser contrario a derecho y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado que retrasan su decisión sobre si recurrirán o no para ver los términos económicos y seguir las indicaciones de la abogacía.

En el Ayuntamiento de Valencia, el alcalde Joan Ribó ha pedido que se abra un debate y defendía la reversión de los terrenos, siendo que en el pleno de febrero de 2019 Compromís junto con el PSPV y los partidos de la oposición rechazaron apoyar una moción de València en Comú para que se paralizase la actuación hasta que conocer la sentencia.

La decisión judicial contrasta con los trabajos que el puerto de Valencia se está apresurando a hacer para reasfaltar la zona, poner farolas y eliminar la maleza acumulada durante décadas, ya que anunciaron que querían tener preparada la zona para mayo.

Los vecinos afectados por las expropiaciones afirman que no entienden por qué se reurbaniza la zona a toda prisa cuando la via judicial está muy viva.

«Nuestro abogado, José Antonio García-Trevijano nos ha ganado todos los pleitos. Nos tiraron las casas, pero queremos evitar que hagan la ZAL», explica Mamen Soler, vecina de la asociación La Unificadora.

Soler añade que «nos hubiera gustado que la sentencia hubiera llegado hace 28 años para recuperar nuestras casas. Ahora no hemos pedido la reversión, porque no es tan fácil, pero hay que tumbar la ZAL y a partir de ahí decidir, porque hay responsabilidad técnica y política».

Asegura que habría que recuperar el uso de huerta «porque es suelo de especial protección agraria y aunque sea patrimonio de toda Valencia, como afectados tenemos derecho a pensar qué hacer en ella». Por eso explica que «sería positivo que se recuperara para trabajos de huerta y que se hiciera un centro, como una universidad donde labradores formen a futuros agricultores». Y añaden que piden a la Generalitat que no recurra y al alcalde que no dé licencias.

Recuerda que mucha gente todavía está pagando hipotecas de las casas de realojo y son ya casi 70 personas afectadas las que han fallecido. Y añade que «al final sólo hicieron una de las tres fases de casas previstas. En la fase uno incluso planeaban que hubiera sitio para guardar tractores y nunca más se supo». Estos vecinos temen que reurbanicen y lo llenen de pisos.

A estos afectados les pagaron 108 euros por metro cuadrado y luego les reconocieron una indemnización del 25% más intereses por ser expropiación ilegal.

Precisamente esa indeminización extra es la que no han recibido los afectados que durante décadas han estado agrupados en la asociación Afeczal, que ahora no funciona. A pesar de ello, siguen con un abogado litigiando, ya que en su momento pidieron la reversión. «El Tribunal ya ha dicho que aquello no es legal y lo que estamos luchando es por lograr el 25% de expropiación ilegal que sí dieron a la Unificadora y no a nosotros», indica Jesús Marco, que vivió en la barraca de El Blanco Jeroni.

Este hombre recuerda que «empecé como presidente de Afeczal a pelear el tema con 60 años y ya tengo 84 y sigo pagando la hipoteca de la casa del realojo. Hagan lo que hagan van a tener que pagarlo». Y dice que nunca olvidará que «nos enviaron las fuerzas de seguridad para tirarnos de nuestras casas para algo que se ha visto que no era legal». Por eso, lanza el mensaje de que les paguen lo que corresponde.

Otro afectado, Ramón Marín, comenta que «lo que nos hubiera gustado es que nos devuelvan lo que nos quitaron, pero como eso es imposible, que paguen indemnización sustitutoria por la expropiación ilegal, porque además no han podido cumplir en el plazo que tenían para hacer el plan con la finalidad prevista».