La promotora reclamará 50 millones si Ribó veta las viviendas en Benimaclet

La empresa Metrovacesa ya ha puesto una cifra al coste que tendrá para el Ayuntamiento la decisión de no edificar viviendas en el nuevo barrio de Benimaclet, entre el casco urbano actual y la ronda norte. La valoración asciende a 50.880.379 euros, según un estudio realizado por el catedrático de Derecho Administrativo, José María Baño.

Sería la medida más extrema, es decir, que no se edifique nada y se reclasifique todo como campos de huerta. Es lo que pide la plataforma Cuidem Benimaclet, mientras que la asociación de vecinos aboga por mantener un tercio de las 1.345 viviendas previstas, preferentemente en los extremos de la zona de actuación.

El alcalde Joan Ribó dijo este miércoles, tras reunirse con representantes de Metrovacesa y la agrupación de interés urbanístico, que «tienen que plantearse algunas de las cosas de los movimientos vecinales que parecen razonables» para conseguir su aprobación. Se mostró favorable por ejemplo a reducir el número de viviendas, sin especificar quién asumiría el coste, mientras que esquivó una respuesta clara acerca de la construcción de un túnel en la parte central de dicho tramo de la ronda norte, lo que demanda la entidad vecinal para conectar la huerta de la periferia con el barrio consolidado.

La empresa promotora se hizo con la propiedad de las parcelas en 2017 tras su compra al BBVA que la convirtió en el dueño mayoritario del sector. No obstante, la historia del desarrollo de este zona se remonta a finales de los años 90, cuando empezaron los primeros movimientos para edificar por parte de la empresa valenciana Urbem.

Tras un concurso, Metrovacesa eligió al despacho AICEQUIP para el diseño del barrio, en un proceso que contó con un documento llamado Estrategia Integral Participativa del barrio de Benimaclet, así como un plan especial de directrices de calidad urbana. De este modo quiso contar con el máximo respaldo, que al final no ha sido tal.

La asociación de vecinos celebró el rechazo del gobierno municipal a que se desarrolle el plan tal y como se presentó en diciembre de 2018, para subrayar que la «paralización no es el final sino la continuación de la lucha. Ahora es cuando los vecinos y sus organizaciones deben continuar trabajando para diseñar el futuro urbanístico del barrio, el Benimaclet que hemos de dejar a las futuras generaciones».

Eso, en caso de que salga adelante, tendrá un coste. El informe encargado por la promotora analiza si el Ayuntamiento puede desclasificar o reducir el aprovechamiento del sector, además de las consecuencias que tendría.

«La desclasificación del suelo o la reducción de la edificabilidad podrían basarse en dos tipos de razones, de carácter ambiental, o de pura oportunidad política porque el Ayuntamiento decidiera modificar los fundamentos del Plan General para ir a un modelo de crecimiento y territorial distinto en toda la ciudad. En ambos casos tiene que justificarlas, no cabe el simple capricho o el cambio irrazonable de criterio», apuntan.

La asociación de vecinos acogió hace meses la presentación de otro informe, realizado por expertos de la Universitat de València. La conclusión de este estudio fue que la reclasificación de todas las parcelas para recuperarlas como huerta costaría 11,5 millones de euros. El alcalde Ribó hizo mención a esta cifra el miércoles, aunque no precisó si el gobierno municipal ha encargado ya algún informe similar.

A partir de ahora queda ver si el gobierno municipal acepta a Metrovacesa como agente urbanizador o se decanta por otra alternativa, donde no se descarta la gestión directa. La promotora ya ha anunciado acciones legales para defender sus derechos.