El PP reclama que se paralice la adjudicación de los Docks a la espera del informe de Patrimonio de la Generalitat

Los populares aseguran que no se puede adjudicar su concesión «sin saber si el proyecto presentado cumplirá con los usos que permita Patrimonio». Tampoco hay que olvidar que recientemente en este edificio se registró la caída de cascotes de una balconada.

Y es que cabe recordar que 16 de diciembre de 2022 la Junta de Gobierno Local acordó aprobar el expediente de contratación y proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación y para la constitución de un derecho real de superficie sobre el edificio de propiedad municipal conocido como 'Los Docks'.

Ahora, los populares han pedido que se paralice este proceso porque todavía no se ha pronunciado la Conselleria de Educación y Cultura, ya que se está redactando el informe sobre el edificio que determinará sus usos.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha calificado de «precipitada esta adjudicación cuando está pendiente conocer qué usos se pueden dar y, sobre todo, porque tampoco se ha consensuado con el sector de la innovación de la ciudad de Valencia, ya que La Marina es el distrito de la innovación por excelencia. Debe realizarse un proyecto desde el consenso y no convertir uno de los edificios más singulares de nuestra fachada marítima en un almacén».

Catalá asegura que el gobierno de Ribó y PSOE «ha tenido ocho años abandonada La Marina y en puertas de elecciones les entran las prisas. Deben pensarse lo proyectos en conjunto para toda La Marina y no a golpe de ocurrencias edificio a edificio. Lo lamentable es que no existe un plan para La Marina, pero cuando sea alcaldesa en pocos meses lo habrá».

En el expediente consta que desde Patrimonio del Ayuntamiento «se considera que se tendría que estudiar la revisión del nivel de protección que tiene actualmente para poder salvaguardar los elementos propios de la edificación, tanto del exterior como del interior».

El citado informe técnico fue remitido el 14 de octubre de 2022 por el Servicio de Planeamiento a la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte solicitando y se detalla que en virtud de lo establecido «en el artículo 47.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la emisión de informe en el que se indique si los Docks Comerciales del Puerto de Valencia tienen valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos o etnológicos en grado relevante para proponer el tratamiento de Bien de Relevancia Local con la finalidad que el Ayuntamiento decida sobre la procedencia o no para incoar expediente de modificación del Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Valencia.

Según la portavoz del PP, «la realidad es que hoy no consta emitido el informe solicitado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio».

Cabe recordar que hay tres empresas que aspiran a la concesión de los Docks para abrir un centro de datos.

La oferta presentada por Data Center Docks (antes Hanami Residencial SL), ofrece un aumento del 19,12% de aumento sobre el canon anual mínimo de 340.000 euros (IVA no incluido), el precio fijado por el Ayuntamiento.

En cuanto a la inversión en obras, se habla de 37 millones de euros, mientras que establece la cifra de puestos de trabajo en 35 empleados indefinidos. Por último, plantea una reducción del plazo del derecho de superficie de cinco años respecto al plazo inicial de 50. El concurso fija un máximo de 99 años.

La segunda oferta presentada, la primera que se conoció el pasado agosto, corresponde a Nethits Telecom Group SL. Con los mismos parámetros que en el anterior caso, propone un 47% de incremento sobre el canon anual mínimo, junto con una inversión en obras de 45 millones de euros y 220 empleos indefinidos. Por último, habla de una reducción del derecho de superficie de diez años.

La tercera propuesta puede calificarse de sorprendente, tal y como constatan las cifras publicadas en la Mesa de Contratación. Así, la propuesta de Sineasen SL incluye en su oferta un incremento en el canon mínimo de un 300%, así como una inversión de 43 millones de euros. Lo más llamativo es cuando se asegura que tendrán 590 empleados indefinidos, además de que el plazo del derecho de superficie se reduce en 25 años sobre los 50 iniciales.