Valencia impulsa medio millar de pisos de protección pública en seis barrios

Esta es la vía por la que de manera decidida apuesta el gobierno municipal de María José Catalá. Según los datos de la Delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias, el Consistorio tiene actualmente en marcha proyectos que suponen la construcción en la capital de 846 viviendas de protección pública. La cifra contrasta poderosamente con los 14 inmuebles sociales que se hicieron realidad durante los ocho años de Joan Ribó como alcalde.

El proyecto más destacado se despliega a lo largo de cinco zonas de la capital. Urbanismo ultima el pliego para la construcción de 508 viviendas de protección pública en régimen de alquiler. Se trata de nueve parcelas de 11.683 m2 de superficie. Los terrenos están situados en Malilla, Ruzafa, Massarrojos, Nou Moles y Faitanar.

Desde el servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia se está trabajando directamente en dos proyectos que suponen la construcción de 71 viviendas. El primero de los bloques se sitúa en la calle Pintor Sabater (59 viviendas), en el que ya se han presentado las ofertas y se está pendiente de su valoración para adjudicar el proyecto, según el Consistorio. En el caso del proyecto de la calle Músico Chapí (12 viviendas) ya está redactando el proyecto de ejecución.

Entre los proyectos que desarrolla el Consistorio está también el que tiene que suponer la solución habitacional para uno de los problemas urbanísticos más enquistados de la ciudad de Valencia: el de los Bloques Portuario. En este tema, la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar ha adjudicado, por 362.811€, la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de dos edificios de viviendas destinadas al realojo de los propietarios. Los datos del Consistorio apuntan que supondrá una inversión superior a los 9 millones de euros para la construcción de 50 viviendas.

Desde la empresa municipal AUMSA se está impulsando también el Plan de Vivienda heredado de la anterior corporación municipal. Aunque, en este caso, este proyecto ha tenido a lo largo del tiempo más de plan que de realidad. Un dato: se aprobó en el pleno municipal del 25 de junio de 2020. Su objetivo era la construcción de 327 viviendas. Tres años después, en junio de 2023, sólo se habían finalizado tres viviendas de las proyectadas.

Desde el Ayuntamiento indican que AUMSA se encuentra gestionando ya 217 viviendas incluidas en ese plan. Estarán situadas en el PAI Moreras, en la avenida de los Naranjos, en la calle Fos y en la calle Ripalda.

Sumando todos estos proyectos urbanísticos se conforma la cifra de 846 viviendas de protección pública que en estos momentos gestiona la Delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias. Aunque aún queda trabajo para cumplir la promesa que María José Catalá lanzó el pasado mes de enero: que la capital cuente con 1.000 viviendas nuevas de protección oficial antes de 2027. «Es la gran asignatura pendiente de esta ciudad», señaló en aquella fecha la primera edil.

En materia de urbanismo y alojamiento, el Consistorio también ha culminado una operación que ya se inició con el anterior Gobierno de Compromís, como es la compra de las 131 viviendas de un edificio de nueva construcción en el barrio de Safranar. Estos inmuebles han sido usados temporalmente por los afectados del incendio dela finca de Campanar.

La compra del inmueble fue aprobada el pasado mes de julio después de que la corporación de Joan Ribó realizara ya previamente, durante su mandato (un mes antes), el derecho de tanteo. El coste de la adquisición fue de 20 millones y el objetivo que busca el Consistorio con ese edificio es cubrir la demanda de vecinos con alquileres asequibles.

De hecho, el Consistorio ya inició a finales de marzo los trámites para adjudicar 36 de esas viviendas, tras dejarlas los afectados del siniestro de Campanar. Los destinatarios, jóvenes y mayores de 65 años. También pasaran a manos de nuevos inquilinos otras seis viviendas actualmente desocupadas.