El vecino que debe restaurar la muralla de Valencia

El aspecto singular de esta decisión fechada el pasado día 4 por la Dirección General de Cultura y Patrimonio es que la primera petición para que no se arruinara este valioso resto patrimonial se remonta a finales de 2013. Y hasta ahora en la documentación del caso, que ha pasado varias veces por el Síndic de Greuges, no se había indicado que la propiedad es privada y por lo tanto debe hacerse cargo de las obras.

«Nuestra asociación lleva denunciando desde hace más de ocho años, por activa y por pasiva y acudiendo hasta en cuatro ocasiones al Síndic de Greuges, el estado de abandono y deterioro de este lienzo de la muralla», indicó ayer el portavoz de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio, César Guardeño. «En octubre de 2013 requerimos por primera vez, tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Cultura, una intervención urgente para solucionar los problemas de crecimiento incontrolado de vegetación, retirada de elementos impropios como cableados y anclajes, eliminación de pintadas delictivas, etc.».

Acerca del «descubrimiento» de que se trata de una propiedad privada, dijo que en todos estos años sólo han recibido escritos donde se indica que se trataba de una tramitación compleja y que las «prioridades de actuación y la limitación de los recursos financieros en este tipo de actuaciones de envergadura como la que nos ocupa no pueden ser abordadas con la inmediatez que exige el interesado», según un documento de la conselleria fechado en 2016, o que la propiedad de las parcelas «en las que se inserta no son siempre de titularidad pública», sin dar más soluciones a los problemas de este Bien de Interés Cultural.

El fragmento de la muralla islámica del siglo XI en esta parte del barrio del Carmen se convirtió con los años en un símbolo del abandono de Ciutat Vella. Hasta hace unos meses no empezó la recuperación del tramo mayor, recayente a la plaza del Ángel.

«Nunca se nos había especificado si estas parcelas en las que se encuentra la muralla árabe son públicas o privadas, para dirimir así las responsabilidades patrimoniales de las administraciones públicas y la de los posibles propietarios, en el caso de no ser privadas», subrayó.

Las actuaciones que se reclaman a los propietarios son las mismas que figuran en la petición de la citada entidad, dado que se consideran «razonables» y sin excesivo gasto. Implica la eliminación de elementos impropios, la conservación del tramo de lienzo en sus caras laterales y superior, así como la señalización del bien de interés cultural. Con lo primero se refiere a grafitis, capas de pintura, cableado y vegetación, mientras que en la parte superior hay una red destrozada al estar a la intemperie.

«Nuestra asociación agradece el trabajo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, pero lamenta el retraso durante estos ocho años para un trámite tan sencillo como acudir al catastro e identificar desde el primer momento al propietario, en lugar de estar pasándose las responsabilidades entre el Ayuntamiento y la conselleria», finaliza.