Retrasan diez días el desalojo y la demolición de dos edificios en el barrio de la Cruz Cubierta de Valencia tras atrincherarse los vecinos

Un informe municipal reciente advirtió del riesgo de ruina inminente por lo que se requirió su demolición pero pese a la orden de derribo, no existe por el momento proceso judicial para el desalojo y es a lo que se agarran los residentes; las más de 40 personas que habitan en ellos.

En esta calle entre la Cruz Cubierta en la calle San Vicente y las vías del tren, el barrio amanecía con mayor ajetreo. A las siete de la mañana los vecinos desayunaban en las aceras. Después, se atrincheraron en las viviendas para evitar el desalojo. Tras una larga mañana de protestas, junto a asociaciones vecinales y sindicales, consiguieron que la Policía Local y el Ayuntamiento de Valencia aplazara el desalojo por diez días.

Este lunes, dos de agosto, vencía el plazo para que los vecinos dejaran sus viviendas. Durante la mañana las asociaciones vecinales y antideshaucios se concentraban frente a las puertas para evitar el desalojo.

Los técnicos municipales y la policía llegaban antes de las diez de la mañana para intentar negociar con los representantes vecinales y los propios vecinos. El jefe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento junto a un técnico del Servicio de Bomberos han entrado a reconocer el interior y valorar la situación de los edificios.

En un primer reconocimiento han determinado que el riesgo de derrumbe o ruina no era inminente aunque sí reconocían el mal estado de los edificios, con lo que se ha requerido la presencia de un oficial de bomberos para un segundo reconocimiento con el que después realizar un informe concluyente.

Los vecinos piden una solución. El Ayuntamiento, mediante los Servicios Sociales, les ha ofrecido pagar la fianza y los 3 primeros meses de un alquiler, pero las familias no han aceptado, lo ven como un parche. Como Tania, lleva cinco años viviendo en uno de los edificios como ocupa. «No tengo trabajo ni ingresos y si nos desalojan sólo me quedará sacar el colchón a la calle», ha comentado reconociendo su preocupación.

Tras una tensa negociación entre representantes sindicales y después con los propios vecinos que habitan los edificios, la Policía Local ha decretado demorar el desalojo y la demolición diez días.

Pero no todos han estado conformes. Varios de los residentes que ocupan las viviendas creen que el retraso no es más que otro parche que les traerá de nuevo la misma situación y que les dejará en la calle. Sin embargo, para las asociaciones y los manifestantes, lo ven como un triunfo, un tanto que se anotan, con el que creen que podrán conseguir negociar con el Ayuntamiento y la Conselleria.

«El desalojo es inminente, si no es esta semana será la que viene», ha dicho tajante el jefe de los Servicios Sociales, que además argumentó que a las familias se les había ofrecido ayduas de hasta 500 euros para que puedan pagarse un alquiler u optar a otra vivienda, pero algunos de los afectados relatan que no han podido acceder a ellas.