Las víctimas del botellón reprochan la falta de medidas al Ayuntamiento

La convocatoria no se ha producido y los residentes ya no pueden esperar más. El botellón del pasado fin de semana, que dejó un mar de plástico y basura de todo tipo en el bulevar de Blasco Ibáñez, ha sido la gota que ha colmado la paciencia vecinal. El requerimiento es el primer aviso en un asunto donde los tiempos que manejan en el barrio son muy distintos a los del Consistorio.

Así, la petición de la asociación para la declaración de la zona acústicamente saturada, lo que implicaría medidas como la reducción de horarios o incluso licencias en los locales de ocio, está fechada el 4 de mayo. El 13 de julio, dos meses después, llega la primera señal de vida de la concejalía de Grezzi para anunciar «el seguimiento continuo que se realizará en relación a los niveles sonoros tanto en las inmediaciones de la plaza del Cedro como de la plaza de Honduras» con la colocación de sonómetros.

En ese escrito es donde aparece la referencia a que se pedirá más información a otros servicios, con el fin de convocar una mesa de trabajo en la primera quincena de este mes, lo que todavía no se ha producido.

Por ese motivo, representantes vecinales de la plaza de Honduras y de la plaza del Cedro se reunirán el próximo lunes en un despacho de abogados para decidir si emprenden acciones judiciales. Fuentes de la primera entidad señalaron que en los últimos días se han sumado más comunidades de propietarios.

«Se han dado cuenta de que el problema es muy gordo y por eso quieren colaborar con la asociación vecinal. Los administradores están llamando contando los problemas en relación con el botellón, con agresiones a un vigilante nocturno por tratar de impedir unas pintadas por ejemplo», relataron.

Todo depende de los costes del litigio, aunque cada día se suman más comunidades. En la plaza del Cedro tienen un problema similar de concentración de locales de ocio, por lo que una posibilidad es plantear un pleito conjunto, algo de lo que también asesorarán en el bufete.

La presentación del documento en mayo estuvo acompañada por un completo informe sobre la masificación de los locales de hostelería y los problemas de ruido, que han degenerado en el botellón actual con peleas, escándalos y la citada acumulación de basura en las calles. Los residentes hablan de los problemas de movilidad en la calle, la desaparición del comercio de proximidad y el efecto llamada de los locales 'low cost».

Entre las medidas cautelares que reclaman se encuentra el veto a nuevas licencias de apertura, al igual que para la ampliación de terrazas. Que se adelante el horario por la noche para retirar las mesas y sillas es otra de la peticiones, junto a la revisión de los permisos de actividad.

Por su parte, el concejal del grupo popular Santiago Ballester desveló que desde 2018 ya se han jubilado 145 agentes más 25 que lo harán este año. «A Ribó las cuentas no le salen, porque si manda a Orriols los 57 nuevos agentes, para los que aún no hay fecha de incorporación, tendrá que quitarlos de otros barrios de la ciudad también necesitados de seguridad ciudadana. La realidad es que Valencia tiene 200 agentes menos que en el último gobierno del PP», explicó. Como han denunciado varios sindicatos, el intento de control del botellón en Blasco Ibáñez se hace a costa de reducir la presencia policial en otras zonas de Valencia los fines de semana también necesitadas de seguridad.