Las reyertas se disparan en la Comunitat pero el Gobierno no planea un refuerzo policial

En concreto, entre enero y junio de este año ha habido 978 de estas infracciones penales, la cifra más alta en un semestre. Una media de 163 al mes. Es un 26% más que el año pasado (un año anómalo por el confinamiento) y la cifra más elevada en media década, según los datos de Interior.

Por el momento, la Delegación del Gobierno en la Comunitat no prevé refuerzos. «No hay cambios respecto a los dispositivos actuales y se seguirá colaborando con las policías locales como hasta ahora», detallaron.

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), «el aumento de las reyertas está ampliamente ligado al exceso de alcohol y sustancias prohibidas». La gente joven «ha salido a la calle como si el mundo se acabara».

Ante este desmadre, «no hay suficientes efectivos para controlar las situaciones» de riesgo, «ni en la Policía Nacional, ni en la Guardia Civil». La clave es «no dejar hacer los botellones», defiende la formación, «prohibir el acceso a los lugares donde se desarrollan desde la tarde, evitando así la celebración». AUGC se reunió con el subdelegado del Gobierno para pedir medidas «pero la pelota se trasladó al tejado de los ayuntamientos».

En el caso de Valencia, el edil Popular Santiago Ballester, precisamente ayer hizo referencia a los elevados índices de delincuencia en el cap i casal. Ballester lamentó que el concejal de Policía Local, Aarón Cano (PSOE), «intente sacar pecho de unos datos de delincuencia que nos convierten en líderes de España en crecimiento de delitos de un 38,8%».

Comentó que «la incapacidad en la gestión del gobierno de Ribó y PSOE ha convertido a Valencia en la ciudad con mayor incremento de actos delictivos entre las grandes ciudades de España en 2021». Puso ejemplos, como Barcelona, que ha reducido un 11% la delincuencia frente a Valencia, que ronda un crecimiento del 40%. «En Valencia ha crecido tres veces más el número de delitos que en Madrid (11%), más del doble que Málaga (15%) y casi diez más que en Sevilla (4%)».

Por eso, Ballester aseguró que el concejal Cano no puede estar un día más al frente de Policía Local, «se le ha ido de las manos el botellón, la inseguridad ciudadana y la falta de orden público».

Desde el PP añaden que presentarán en el pleno de septiembre una moción y que pedirán que «el Gobierno de Ribó y PSOE deje de mirar a otro lado y se ponga en marcha un plan serio». Según la portavoz popular, María José Catalá, «Ribó y PSOE son incapaces de frenar el botellón y la inseguridad en los barrios que cada vez va a más y se extiende por más barrios».

Uno de los puntos de la moción del PP, tal como añade Catalá, hace referencia a «la creación de un grupo especial de la Policía Local para luchar contra el botellón, especialmente los jueves y los fines de semana».

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, también criticó la inacción municipal ante el aumento de la delincuencia. Giner opinó que «los gobiernos de Colau y de Ribó lideran el número de delitos por cada 100.000 habitantes. En ambos casos es consecuencia de la permisibilidad, del buenismo populista que no conduce a nada».

Según Giner, «al final todo esto conduce a un problema clarísimo de convivencia en la ciudad y eso hará que tenga que adoptar medidas mucho más complicadas».

Para el líder de Ciudadanos, «lo que tiene que hacer Ribó es solucionar los problemas. Le hemos insistido en que lo que está pasando no es un problema sólo del concejal Cano, es también del alcalde porque ya es un problema de estado municipal».

El alcalde Joan Ribó hizo ayer referencia a la nueva Ordenanza de Convivencia, como herramienta que ayudará a solucionar problemas de orden de la ciudad, aunque sólo se ha presentado como borrador.

Ribó reconoció que tardará un poco. «Una vez los servicios municipales competentes emitan sus informes sobre el texto, éste se aprobará de manera provisional en la junta de gobierno y luego definitivamente en el pleno».

Ribó justificó el retraso escudándose en el pasado. Recordó que Valencia «carece de una ordenanza de Convivencia porque hacia el año 2009, se planteó e incluso se aprobó inicialmente; pero se quedó en un cajón». Añadió que se ha comprometido a sacarla adelante y que se prestará especial atención al «botellón, los problemas de convivencia y los de violencia de género».

Y, para hacerlo efectivo, anunció que en los próximos días «se resolverá con la incorporación de agentes de la Policía Local, 53, que se sumarán para reforzar la policía de barrio en Marxalenes y los otros barrios».

Por su parte, Catalá opinó que «podemos tener la mejor ordenanza para luchar contra el botellón, pero es imposible sin policías en la calle y han perdido 200 en sus seis años de gobierno. La ordenanza llega con cuatro años de retraso. No ha entrado en vigor y nos ha costado 130.000 euros».