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«Los bomberos ya han venido tres veces a sacar a una vecina por el balcón», comenta angustiado Pedro, el presidente de una de las ... fincas de propietarios afectadas por el abandono de la empresa que contrataron para que se encargase de la obra de instalación de un ascensor. Tres años después del inicio de los trabajos, la estructura del elevador está montada, pero los treinta vecinos -la mayoría de ellos de elevada edad- siguen sin poder hacer uso del mismo. «El anterior presidente dimitió, porque estaba a punto de coger una depresión», explica uno de los propietarios.
La situación es todavía peor en el barrio de la Zaidia, donde los vecinos de un edificio de diez viviendas han visto como los trabajadores de la empresa han ido esfumándose hasta dejarles únicamente con el hueco del ascensor abierto. Nada más. La obra, que comenzó en julio de 2023, tenía un periodo de ejecución previsto de nueve meses. El temor empezó a surgir en abril, cuando el silencio se apoderó de la finca y los trabajadores ya no hicieron acto de presencia.
A la incertidumbre sobre el futuro de la obra se le sumó la inseguridad, ya que para subir y bajar de sus casas, los propietarios debían -y deben- enfrentarse a una peligrosa travesía por el interior de un andamio. Un camino que pone en serio peligro su integridad, tal y como explica Mari Fran, la presidenta de la comunidad: «La seguridad brilla por su ausencia. Vinieron a intentar llevarse la escalera provisional, pero les pedimos que nos la dejaran».
La sensación entre los vecinos es de «indefensión total», según comenta una de las administradoras de la finca. Tras haber abonado más de la mitad del proyecto, cuyo contrato total asciende hasta los 134.470 euros, y no tener instalada ni la estructura del ascensor, los vecinos han decidido ponerse en manos de la justicia al no obtener respuesta por parte de Procoval 2020, como se llama la empresa.
«Vamos a intentar que de forma extrajudicial se proceda a la continuación de la obra. Por el momento se va a proceder a enviar un burofax a la empresa, ya que por parte de la comunidad se ha intentado contactar con ellos de todas formas», asegura Javier García, abogado encargado del caso. LAS PROVINCIAS también ha tratado de ponerse en contacto con la constructora, que también abandonó su local habitual en el barrio de Patraix «de la noche a la mañana», sin éxito.
La sospecha entre el vecindario es que la firma ha quebrado, aunque la versión ofrecida a los afectados por parte de algunos de los trabajadores es que la empresa ha presentado un ERE. «Los trabajadores están en un limbo administrativo, ya que a muchos les han dicho que están en ERE, pero, por lo que sabemos, el responsable no ha ido ni a firmarlo, por lo que no pueden arreglar los papeles del paro ni cobrar nada», indica la presidenta de uno de los bloques afectados.
Tampoco han cobrado, según comentan los propios vecinos, ni el arquitecto ni los proveedores de la obra, que ya empiezan a ejercer presión sobre los propietarios al no recibir contestación por parte del representante de la empresa contratada. De hecho, este viernes un grupo de trabajadores trataba de acceder al edificio para recuperar algunos materiales al ver que no existe previsión de que la obra siga avanzando. «Es normal que exijan que se les pague y que se quieran llevar cosas, pero eso no depende de nosotros», argumenta una de las administradoras.
Además, por la investigación que los propios vecinos han iniciado para tratar de encontrar soluciones han podido saber que la misma situación se ha dado en otras cinco o seis fincas más entre Valencia y el Puerto de Sagunto. «En Torrent ya hablamos con él porque queríamos montar una plataforma para minusválidos. Él prometió que en tres meses iba a estar, pero tardó dos años, aunque sí que la terminó», explica Pedro, cuya finca se encuentra en el barrio del Cabañal.
La intención de los vecinos está clara: poner fin a una pesadilla que lleva varios meses generándoles un sinvivir. La opción legal para lograrlo pasa por conseguir una devolución de parte del dinero abonado a la empresa y la correspondiente indemnización. El mes de junio es clave para ello, según comenta Javier García.
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