Pilar Bernabé critica el nuevo decreto de admisión de alumnos diseñado por la Generalitat

Pilar Bernabé ha asegurado que el nuevo decreto de admisiones «está generando situaciones donde hay centros que eligen de manera unilateral quien entra y quien no», porque, según la delegada, «hay un punto que es discriminatorio, independientemente de si tiene un apellido u otro». Esos «apellidos» a los que se ha referido Bernabé corresponden a la modificación por parte de la conselleria de criterios utilizados por 132 colegios, al considerarlos discriminatorios. La categorización de discriminatorio se aplicó a requisitos como nacer en la Comunitat, pertenecer o colaborar con entidades religiosas o comprometerse a fomentar el valenciano. Bernabé ha sentenciado que el problema «no es solamente eso, si no que le estamos dando al centro la posibilidad de decidir quien entra».

En este sentido, cabe recordar que de todo el sistema de puntuación aplicable para la admisión de un nuevo alumno, el colegio en cuestión tiene un punto de circunstancia específica, es decir, de criterio propio, siempre y cuando la justificación no tenga ese carácter discriminatorio. Además de este aspecto, existen criterios con mayor rango de puntuación, como los 15 puntos si ya hay hermanos en el centro; los 10 de proximidad, que con el distrito único los suman todos los residentes en el municipio; de 4 a 7 puntos según el nivel de rentas de la familia; entre 5 y 7 por familia monoparental o numerosa; o los otros 7 en caso de que el solicitante sea hijo o hija de un trabajador del propio centro.

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Con todos estos criterios y más, Bernabé no ha dudado en asegurar que los colegios tienen el poder de decisión a la hora de admitir alumnos según su criterio propio. Además, la delegada del Gobierno ha criticado duramente el polémico distrito único: «este punto no favorece algo básico y fundamental como es la cercanía a la vivienda y la accesibilidad». Pilar Bernabé afirma que el Ejecutivo defiende que las ciudades ofrezcan servicios que sean de proximidad, «porque esta es la política europea en su conjunto, y ese criterio va en contra de ese acceso a los servicios públicos básicos». Según Bernabé, la Comunitat «vuelve a salir en los medios por ejercer medidas discriminatorias que no favorecen la igualdad educativa». Además, la delegada del Gobierno ha asegurado que entiende y comparte la movilización que existe en la Comunitat, y ha añadido, «el Gobierno hace todo lo posible dentro de sus competencias para que la Generalitat cambie de rumbo».

Esas acciones del Gobierno pasan por las siete observaciones que remitieron por carta a la Generalitat, aunque hasta la fecha sólo ha trascendido una. Y no es otra que el distrito único. Aunque el criterio ya funcionó en la Comunitat durante el anterior gobierno popular, la ley vigente en aquel momento era la Lomce, que no planteaba contrariedades a este criterio. Ahora, la actual Ley Celaá sí entra en la cuestión. Por un lado, destaca que la cercanía al hogar debe ser un criterio de puntuación básico -que sí contempla el decreto-, aunque añade, «las áreas de influencia se determinarán, oídas las administraciones locales, de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea». Tan sólo en este punto podría llegar a incurrir el Gobierno, incluso a través de la vía judicial si fuera necesario.

Lo que respecta cómo se está aplicando en algunos colegios de la Comunitat el punto extra de circunstancia específica, tal y como ha explicado Bernabé, el Gobierno puede realizar todas las propuestas que considere para tratar de consensuar hipotéticos cambios en el decreto de admisión de alumnos, pero la competencia en este aspecto es únicamente de la Generalitat, por lo que siempre tendrá la última palabra y el poder de decisión en este aspecto la conselleria de Educación, Universidades y Empleo encabezada por José Antonio Rovira.