Urgente La juez de la dana imputa a la exconsellera Pradas y al exsecretario autonómico Argüeso
Imagen de Mestalla con la afición en el exterior. Jesús Signes

La sentencia del Supremo, el gran problema del viejo Mestalla

El fallo de 2006 a favor de los vecinos obligaba al club a derribar la grada, algo que quedó en el aire por el futuro traslado

Jueves, 21 de septiembre 2023, 00:41

'El Tribunal Supremo ratifica que la ampliación de las gradas de Mestalla fue ilegal. La sentencia se basa en que se ocupó calle ... y no se construyó aparcamiento'. Así titulaba en portada LAS PROVINCIAS el 23 de febrero de 2006 una de las noticias más bochornosas que han afectado al ahora estadio centenario (el de la avenida de Suecia) y que vuelve a estar presente en el debate generado en torno a si podría ser viable o no la permanencia en este recinto en lugar del traslado al nuevo de Cortes Valencianas. Fue el de entonces un varapalo político contra el gobierno municipal (el PP con Rita Barberá al frente) y que ponía de esta forma punto final a un largo litigio que ya tuvo el 28 de octubre de 2002 el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, que daba la razón a cuatro comunidades de vecinos. Estos alegaban, y con razón según el dictamen jurídico, que las nuevas gradas invadían calles del entorno y que el aumento del aforo no estaba justificado con un necesario plan de aparcamientos en la vía pública.

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Desde ese mismo momento en el que se conoció este último capítulo, los vecinos ya pusieron encima de la mesa los posibles escenarios. Entre ellos estaba el no hacer nada y permitir al Valencia seguir adelante teniendo en cuenta su intención de trasladarse al nuevo recinto, fijado por entonces en 2009. Ilusos. Es verdad que ese año se acabó la actividad en el futuro Mestalla, pero por falta de dinero. De ahí que si en algún momento llegase a prosperar la corriente de echar marcha atrás y desandar el camino para quedarse definitivamente en el viejo estadio, de nuevo volvería a estar enrevesado el asunto con los vecinos, sin duda los grandes perjudicados.

La otra gran alternativa, lógicamente, es la de pedir la ejecución de la sentencia, es decir la demolición de las gradas afectadas, quedando una tercer opción abierta que podría ser la de resarcir económicamente a los afectados. Todo eso, con el añadido de la posibilidad de que el Valencia pudiera pedir cuentas al Ayuntamiento, que fue el que al fin y al cabo concedió en tiempo y forma las licencias para llevar a cabo la reforma y ampliación.

Los vecinos, pese al paso de los años, siempre han mantenido la misma posición. Obligar al Valencia al derribo siempre es un asunto peliagudo –tanto para ellos como para los propios partidos políticos– y decidieron que su estrategia era la de congelar su petición de ejecución de la sentencia escudándose en su buena fe al confiar en que con la ATE todo quedara finiquitado (traslado y derrumbe). Quince años tuvieron de plazo para apretarle las tuercas al Valencia y la duda ahora es si realmente ha quedado o no fuera de plazo al haberse mezclado la ATE y su buena fe.

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Realmente, la ampliación empezó en 2000. Ese año se levantaron las primeras gradas, quedando bajo la estructura del viejo estadio. Las fachadas que recaen a las calles Artes Gráficas y Juan Reglá, así como a la avenida de Aragón, finalizaron antes de conocerse la primera primera sentencia de 2002, aunque no ocurrió lo mismo con la parte del campo que recae a la avenida de Suecia, donde al igual que en las otras zonas, las gradas se aproximan a las viviendas.

También hay que tener presente que una vuelta al uso deportivo del suelo del viejo Mestalla provocaría una depreciación mayúscula en los balances del club. Hay que recordar que la parcela actual adquiere un valor notable por la concesión de uso terciario y residencial (así lo recogía la ATE). Eso fue lo que propició en su día que Juan Soler comprara la parcela (R1) por 90 millones –de los cuales sólo cubrió 13,5– ante la ausencia de ofertas. Eso fue 2007. Dos años más tarde, el club recompró al que fuera presidente la misma parcela para negociar mejor su posterior venta de manera ya unificada. Se dotaba así al Valencia de un activo de fondos propios de 90 millones, que en una marcha atrás (uso deportivo) habría que depreciar.

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