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Veinticuatro horas después de que María José Catalá, alcaldesa de Valencia, abriera la opción a que el club pudiera quedarse en el viejo Mestalla en lugar de mantener la intención de trasladarse al nuevo estadio, Miguel Zorío ha manifestado su opinión al respecto. El exvicepresidente de la entidad y responsable de la plataforma Marea Valencianista ha advertido en un comunicado que «Lim ni puede quedarse en el viejo Mestalla ni puede firmar un convenio urbanístico del nuevo».
«Es fundamental que nuestros regidores, tanto del gobierno como de la oposición, cumplan con las responsabilidades que les marca la legislación vigente, y que no intenten sacar rédito electoral a un problema del que el único responsable es Peter Lim. Los concejales no son jueces que determinan si les gusta o no lo que dice la ley de contratos del estado. Los concejales deben hacer caso a los dictámenes que ya han emitido los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Generalitat, y que han sido demoledores: los incumplimientos del club de Peter Lim son gravísimos, por eso se anuló la ATE y por eso la ley impide que se firme un nuevo convenio», ha advertido Zorío, que siempre ha hecho hincapié en la posibilidad de que los gestores caigan en prevaricación.
«Los concejales también son responsables con su patrimonio personal de sus votaciones, según dice la legislación de régimen local, y si votan a sabiendas de que su voto es injusto (y todos tienen esos informes) es voto se convierte en prevaricación. El Ayuntamiento es responsable de que un recinto como el viejo Mestalla que alberga a 45 o 50 mil espectadores cada domingo, cumpla con las mínimas medidas de seguridad, se ejecuten las sentencias firmes del Tribunal Supremo y tenga la licencia de actividad que hasta un bar de pueblo necesita, y si todo eso no se cumple y un día hay una desgracia, más de uno lo va a lamentar. Por eso cuando oigo que podemos seguir en el viejo estadio, que podemos demoler el nuevo o que los incumplimientos de Peter Lim son calderilla, que se reúnen sin luz ni taquígrafos, con promotores que han incumplido la ley para acordar un contrato urbanístico que permitirá a Peter Lim pegar un pelotazo, solamente me queda recordarles que van a tener que cumplir la ley si o sí», añade.
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Para Zorío, son varios los argumentos que hay para no contemplar ni de lejos ese cambio de estrategia urbanística. Uno a uno va enumerando los puntos que lo impiden. «La Abogacía de la Generalitat ya explicitó, en un sesudo dictamen, los incumplimientos graves de Peter Lim en la ATE. No se puede decir ahora que son simplemente opiniones jurídicas», dice, para añadir: «El Ayuntamiento de Valencia también emitió un informe jurídico detallando los incumplimientos de Peter Lim en el contrato urbanístico del nuevo estadio»; «el letrado del Ayuntamiento también redactó un dictamen en el mismo sentido para el equipo de gobierno anterior»; «el artículo 71 de la Ley de Contratos del Estado es taxativo: prohíbe al Valencia CF de Peter Lim firmar un nuevo contrato/convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencia, además de exigir la correspondiente indemnización e incautación de garantías»; «la única salida legal es la ejecución subsidiaria y sacar a concurso público el cambio de promotor»; «el viejo estadio tiene una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Valencia a derribar o anular una grada completa de Mestalla»; «el viejo estadio está sin licencia de actividad (responsabilidad del Ayuntamiento), su estado de conservación es muy deficiente, la cubierta de anfiteatro y la más que posible aluminosis en el cemento exigen una inspección exhaustiva y urgente para evitar posibles responsabilidades. Amadeo Salvo intentó pintar el escudo del club en el techo de anfiteatro y la empresa contratada le dijo que era muy peligroso poner un pie encima de esa cubierta»; «el Valencia CF no puede quedarse en el viejo estadio: en su balance tiene 180 millones de inversión en el nuevo estadio y si desaparece como activo de la empresa, el club estaría en quiebra automática»; «el Ayuntamiento de Valencia no puede permitirse derribar el nuevo estadio: debería asumir indemnizaciones millonarias con los viejos propietarios de los terrenos, los vecinos y el propio club»; «en la firma de ese convenio habría que analizar jurídicamente las posibles incompatibilidades existentes entre los concejales y asesores del Ayuntamiento que participaron votando a favor de la venta a Peter Lim o de los que pertenecen a la empresa que dirigió el proceso de venta».
Miguel Zorío recuerda que el número 91 del BOP publicó el incumplimiento «clamoroso» por parte de Peter Lim de las condiciones y plazos de ejecución estipulados en la ATE, con incautación de las garantías prestadas. «El Ayuntamiento (no un grupo político) pidió la nulidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla tras los reiterados incumplimientos por parte de Peter Lim en los plazos administrativos marcados en el acuerdo urbanístico. Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat, a cuyo frente estuvo algún concejal del equipo de gobierno actual, ya concluyó que el Consell debía resolver el contrato de la ATE por graves incumplimientos del promotor, y eso es un dictamen jurídico emitido por expertos en derecho administrativo. A partir de ahí la ley de contratos del estado es clara y meridiana», asegura.
El su opinión, «el artículo 71 de la LCSP recoge un catálogo de prohibiciones por el que las empresas como la SAD de Peter Lim no puede contratar de nuevo con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP, es decir, aquellas que se consideran que forman parte del sector público, incluido el Ayuntamiento de Valencia. Y si se incumple esta prohibición, se cometerá un clarísimo delito de prevaricación«.
Por ello quiere dejar claro que la ley prohíbe firmar un nuevo convenio urbanístico cuando la empresa (Valencia CF de Peter Lim) ya que «dejar de formalizar el contrato adjudicado a su favor en los plazos indicados en el artículo 153 de la LCSP, por causa imputable al adjudicatario. Peter Lim -insiste- no ha cumplido los plazos. Lo dice la Abogacía de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia».
Además, «incumplir con dolo, culpa o negligencia las cláusulas esenciales del contrato o las condiciones especiales de ejecución, cuando el incumplimiento fuese considerado infracción grave en los pliegos o el contrato. Peter Lim no ha cumplido el contrato ATE. También lo especifican los dos órganos jurídicos mencionados», mientras que «el adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración».
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración asegura Zorío, «podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Así lo establecía el artículo 113.4 del TRLCAP: cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía. Peter Lim debe indemnizar a todos los valencianos, tal y como dice el dictamen jurídico del Ayuntamiento de Valencia».
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