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daniel guindo
Martes, 17 de marzo 2020
El colapso del sistema sanitario ante una más que posible avalancha de infectados por coronavirus, sumado al resto de pacientes con otras patologías, es una de las cuestiones que más preocupan a los responsables del Gobierno autonómico. Tanto que ni siquiera las 3.600 camas que en la actualidad hay libres en los hospitales públicos y privados de la Comunitat logran que afronten esta crisis sanitaria con todas las garantías. Por eso, desde la Generalitat se ha activado ya una ofensiva para poner en marcha más hospitales provisionales con los que incrementar la planta en casi 400 camas más. Y todo ello después de que la cifra de nuevos contagios se haya desplomado de los 216 contabilizados el domingo, a los 107 del lunes y a los 26 de ayer. Sin embargo, y pese a lo que pueda parecer en un primer momento, este descenso se produce justo después de que el Ministerio de Sanidad decidiera que únicamente se lleven a cabo las pruebas de verificación en los casos graves. Las situaciones en las que haya sospecha de infección, pero donde el paciente presente síntomas leves, se tratarán como los contagios confirmados, es decir, con aislamiento domiciliario y seguimiento de la evolución por parte de personal sanitario. Por tanto, todos estos posibles positivos dejan de contabilizarse y no aparecen en las estadísticas oficiales. Además, los teléfonos de atención 112 y 900 300 555 se encuentran al límite de su capacidad, por lo que se suceden las quejas de posibles afectados que no logran que sea atendida su inquietud. En la Generalitat son perfectamente conscientes de esta situación, de ahí la puesta en marcha de los nuevos espacios sanitarios complementarios.
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En concreto, como anunció ayer el presidente Ximo Puig, el Consell ha encargado a la empresa pública Tragsa que hoy comience las obras para habilitar 76 camas en la antigua Escuela de Enfermería del viejo hospital La Fe de Campanar. Y debe darse prisa, porque todo tiene que estar listo en diez días, por lo que los trabajos se desarrollarán en tres turnos durante las 24 horas del día. En la provincia de Valencia también hay que sumar otras 60 camas que se habilitarán en el complejo sociosanitario de Bétera, dependiente de la Diputación. Y serán más, puesto que también se está estudiando incorporar una residencia de Requena.
En Alicante se contará con 54 plazas del complejo socioasistencial Doctor Esquerdo -también de la corporación provincial- y 72 plazas en la residencia Fina Viudas de Torrevieja y 40 plazas en el centro Mossen Cirilo de Alcoi, ambos recursos pertenecientes a la Generalitat y que aún no se han puesto en servicio.
Finalmente, en Castellón se habilitarán 40 plazas en el centro de tecnificación deportiva de Vila-real, dependiente de la Conselleria de Educación, y 25 camas más en el complejo Penyeta Roja de la Diputación de Castellón.
Puig, tras reunirse con responsables de infraestructuras sanitarias, de Emergencias y de Tragsa, concretó también que se está trabajando con cadenas hoteleras para diversificar la actuación en el territorio y «prevenir una deriva que sea más complicada». El objetivo, además, del Gobierno valenciano es que en los próximos días se pueda duplicar el número de Unidades de Cuidados Intensivos disponibles en los hospitales para garantizar la atención «en un peor escenario». «Ojalá no lo sea, hemos previsto los escenarios más negativos», agregó el máximo mandatario.
Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, actualizó ayer los datos de infectados con 26 nuevos positivos, por lo que la cifra de contagiados se eleva hasta los 541 en la Comunitat. De ellos, 516 siguen activos (135 ingresados en hospitales y 27 en la UCI), 12 pacientes han recibido el alta y 13 han fallecido.
Además, Barceló explicó que, con el objetivo de reducir la frecuentación y los contactos que puedan suponer un mayor riesgo de contagio tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, así como para reducir la carga administrativa de los médicos y contribuir a la disponibilidad de determinados productos sanitarios, se han adoptado medidas adicionales. Así, a partir de hoy se favorecerá la agrupación de las dispensaciones de los tratamientos en las oficinas de farmacia en una única visita o en el menor número de visitas posibles. También se prolongará automáticamente, por dos meses adicionales, el periodo de validez de tratamientos crónicos cuya finalización se acerca y requieren prolongación por parte del médico. Con esta medida se estima que se evitarán más de 320.000 visitas a los centros de salud, lo que supone unos 600.000 tratamientos.
El contagio es, precisamente, una de las grandes preocupaciones del personal sanitario, que sigue denunciando el desabastecimiento de Equipos de Protección Individual (EPI's) y mascarillas tipo ffp2 y ffp3 -las efectivas para prevenir contagios-. Sobre ello, el sindicato CSIF volvió a lamentar ayer la «desprotección» que sufre el personal sanitario, que se encuentra «cansado, hastiado y desamparado» y urgió a Conselleria de Sanidad a que distribuya equipos de protección a todos sus profesionales. La formación insistió en «las innumerables quejas que, a diario, nos llegan de profesionales» por la carencia de material.
La central sindical también se refirió al escaso número de tests de verificación que se realizan a profesionales sanitarios puesto que Sanidad «los ha restringido a personal en cuarentena con síntomas y a sanitarios en activo asintomáticos sólo pasados siete días desde que han estado en contacto con pacientes infectados». «La conselleria no está protegiendo a sus profesionales. Además de exponerlos al contagio con falta de medidas de prevención, está provocando que se conviertan en vectores expansivos del coronavirus en la sociedad», sentenció CSIF.
Esta carestía afecta en mayor o menor medida a todos a todos los departamentos de salud. En el hospital Clínico, por ejemplo, fuentes de Intersindical Salud criticaron también que, sumado a la falta de material, «se sigue programando cirugía no urgente, más allá de cirugía preferente u oncológica», algo que también confirmaron desde el Sindicato Médico: «Hay servicios que no han descitado lo no urgente», pese a que la orden de Sanidad es la suspensión de todas las operaciones y consultas no urgentes. En esta línea, el Sindicato Médico de la Comunitat CESM-CV exigió ayer el «cese inmediato» del gerente del Hospital de Sagunt por «irresponsabilidad grave», ya que, según aseguraron, el centro ha «desoído las instrucciones de la conselleria de atender solamente urgencias» y que «los médicos deben seguir trabajando como si nada sucediera».
4.078 pruebas de detección de coronavirus negativas se contabilizan ya en la Comunitat. Además, el teléfono de atención para posibles contagiados 900 300 ha recibido ya 19.300 llamadas, y el autotest de la web de Sanidad, más de un millón y medio de visitas.
Fuentes sanitarias también indicaron que en la Unidad de Hospitalización a Domicilio de Llíria «las mascarillas quirúrgicas están contadas, no hay batas desechables y los EPI's no los hemos visto nunca»; mientras que sus compañeros de Xàtiva aseguraron que las mascarillas quirúrgicas «están bajo llave, no hay EPI's y salimos a la calle con nuestra ropa».
Desde los servicios de prevención de riesgos de los hospitales Clínico y Arnau de Vilanova lamentaron que exista una «falta importante de material de EPI's» y advirtieron que el personal no sanitario «reclama la misma protección e información, puesto que las empresas externas -seguridad, limpieza, mantenimiento, etc.- no tienen claro cuáles son las medidas de protección, ya que trabajan en diferentes zonas de los hospitales con diferentes niveles de riesgo». En esta línea, el sindicato CSIF reclamó «con urgencia» equipos de protección individual para los vigilantes de seguridad privada.
En el hospital Doctor Moliner las mascarillas «están contadas» y en cada planta (dispone de seis) sólo se ha habilitado una habitación con dos camas para aislamientos, por lo que se están «acelerando altas». En Urgencias del hospital Peset siguen «sin mascarillas, EPI's, ni soluciones hidroalcohólicas para desinfectar», mientras que en Elche «sólo queda solución hidroalcohólica para cinco días y nos quedan siete mascarillas ffp2, ya nos han dicho que cuando se terminen usaremos de quirófano». En el de San Juan «no quedan ffp2, por lo que usamos mascarillas de quirófano y batas verdes», y en el de Alicante «hay mascarillas ffp2, pero bajo llave y sólo se puede usar en caso de paciente con Covid-19 y dejando etiqueta del paciente para justificar su uso. Las mascarillas quirúrgicas las tenemos que esconder porque desaparecen». En el hospital de la Ribera el gran problema también es la falta de estos equipos. En el hospital de Gandia «los médicos sólo tienen una mascarilla por persona para toda la semana». Asimismo, desde el Consejo de Enfermería de la Comunitat (Cecova) trasladaron ayer que no consentirán que «la falta de previsiones de los políticos ponga en riesgo» las vidas de estos profesionales.
Frente a todo ello, el presidente Puig aseveró que están en todo momento en contacto con los sanitarios y es cierto que «hay un estrés» respecto al material y su compra está centralizada, pero desde la Generalitat se está trabajando de forma paralela. En concreto, se está tratando con empresas valencianas «que van a producir suministros que no se producían» antes. En esta línea, la consellera Barceló insistió en que la compra de este material se hace de forma centralizada por el Gobierno de España, al que «a diario le trasladamos las necesidades. Esperemos que pronto nos llegue el material para distribuirlo en los centros hospitalarios».
Afortunadamente, buena parte de la sociedad civil está colaborando para paliar estas deficiencias. Por ejemplo, la Universitat de València ofreció ayer a la Generalitat y a los ministerios de Sanidad, Universidades y Ciencia e Innovación más de 219.000 guantes, 17.400 mascarillas, 3.285 batas, laboratorios y equipos analíticos para hacer frente a la pandemia del coronavirus, mientras que la Universitat Jaume I también ha puesto a disposición del sistema sanitario instalaciones, equipaciones, grupos de investigación y material sanitario en stock para hacer frente a la alarma sanitaria provocada por el patógeno.
Y será necesario que llegue a la Comunitat un importante cargamento de material sanitario a tenor de las previsiones, puesto que los expertos estiman que el pico del Covid-19 llegará a mediados de abril. En concreto, investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universitat Politècnica de València han desarrollado un sitio web que publica diariamente, a tres días vista, una estimación de la predicción de la evolución del virus en España, y, a día de hoy, calculan que el pico podría alcanzarse entre la segunda y la tercera semana del próximo mes.
La grave situación por la que atraviesa la residencia de ancianos Santa Elena de Torrent, con 51 usuarios y 19 trabajadores infectados por coronavirus, llevó a la dirección del centro a reclamar ayuda. Al respecto, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, indicó ayer que se incorporarán, de manera sucesiva, 20 enfermeras especialistas en atención primaria, 34 técnicos auxiliares de enfermería y dos médicos, según las necesidades que vayan solicitando la residencia y el hospital General de Valencia, centro del que depende el personal sanitario. Este recurso sociosanitario se convertirá prácticamente en un hospital.
Por otra parte, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat solicitó ayer a la Conselleria de Sanidad que pida al ministerio el cierre de todos los centros de fisioterapia de la autonomía por «no poder garantizar que no se produzca contagio de Covid-19 entre profesionales y pacientes».
La Conselleria de Justicia y Administración Pública, por su parte, también ha suspendido todas las pruebas de las oposiciones mientras dure la alerta sanitaria.
En el ámbito de los servicios sociales, el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia reclamó ayer que estos trabajadores tengan el nivel 1 de protección. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por su parte, aprobó una resolución para disponer, si fuese necesario, de los recursos sociales de entidades privadas y otras administraciones para combatir el virus.
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