La Conselleria de Educación creará el curso que viene 212 nuevas aulas para alumnos de dos años en los colegios públicos de la Comunitat. Serán gratuitas y servirán para ampliar la oferta del último nivel del primer ciclo de Infantil (de cero a tres años), que es previo a la escolarización considerada ordinaria. La cifra supone el mayor incremento desde que se puso en marcha la iniciativa en el 2015-2016 (+74,6%), y se sumará a las 284 clases de este tipo que funcionan actualmente.
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La medida llega en un contexto de desplome de la natalidad y marcado por la gran cantidad de plazas sin ocupar en los centros específicos de Infantil, popularmente conocidos como guarderías, un problema que se da tanto en la iniciativa pública como en la privada, que es muy mayoritaria en la Comunitat (siete de cada diez escuelas).
De hecho, el anuncio ha provocado el rechazo de las patronales del sector, que alertan de que se destinan recursos públicos a duplicar una oferta que no siempre es necesaria y que el impacto será muy negativo en términos de empleabilidad. El elevado incremento tiene que ver con el plan del Gobierno para fomentar la oferta pública a través de los fondos de recuperación de la Unión Europea.
«Va a provocar el cierre de escuelas y la pérdida de puestos de trabajo. Hemos tenido varios encuentros con la administración y ya hemos transmitido nuestro malestar», explica Carmen Bardal, presidenta de Acade-Adeiv, una de las patronales valencianas, en relación al anuncio de la administración.
«Es innecesario y dañino, y un mal uso de los fondos públicos, que deberían destinarse a garantizar la gratuidad en las escuelas de primer ciclo ya existentes», añade, antes de recordar que la organización no se opone a crear más oferta pública, sino a que esta se programe donde haya demanda sin atender.
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Por último defiende que la atención educativa a los niños de entre cero y tres años «debe realizarse en instalaciones específicas y con personal especializado, dándole la importancia que la etapa merece». «No puede ser que se anule a un sector que lleva décadas prestando un servicio de calidad cumpliendo unas condiciones y normas muy estrictas», alega.
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Las nuevas unidades ofrecerán en total 3.800 plazas gratuitas teniendo en cuenta que la ratio máxima de niños por aula es de 18 alumnos. Cabe recordar que el próximo curso la escolarización en este tramo de edad (dos-tres años) también será gratuita en la red privada. La ventaja es que en la pública permite adelantar la matriculación, en el sentido de que los alumnos que el ejercicio que viene entren en este tipo de aulas al siguiente pasarán automáticamente a 1º del segundo ciclo de Infantil, el nivel de entrada habitual en el colegio. En el caso de los centros privados no es así y deberán pasar por el proceso de admisión correspondiente en el centro que elijan sus familias.
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La nueva oferta de aulas de dos años tendrá un importante peso en las grandes ciudades, pues 40 de las 212 unidades anunciadas se ubicarán en Valencia (12), Alicante (15), Elche (8) y Castellón (5).
El pasado domingo Madrid acogió una concentración de protesta contra el plan del Gobierno para extender la red pública del primer ciclo con los fondos europeos. Fue convocada por la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) y acudieron representantes de escuelas de todo el país. La petición unánime pasaba por modificar el destino de esta inversión para dedicarla a los centros ya consolidados, garantizando la gratuidad de la etapa.
María José González-Mayo, presidenta y la vez secretaria de la asociación valenciana Salvem 0-3, critica «la barbaridad que supone que los niños de dos-tres años estén escolarizados en colegios». En este sentido se remite al manifiesto de la protesta. «Los centros de educación Infantil están completamente adaptados a las necesidades de los menores del tramo de entre cero y tres años por la estructura de nuestras instalaciones, por nuestros horarios, por nuestros profesionales y por nuestra experiencia», se señala.
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«Tampoco entendemos que con la cantidad de vacantes existentes se siga utilizando dinero público para crear nuevas plazas, que provocarán que cada vez haya más puestos vacíos en los centros existentes incrementando el gasto público», añade, en el sentido de que con los fondos europeos se financiarán las nuevas plazas del plan estatal durante dos años, pero después se tendrán que mantener con cargo a los presupuestos autonómicos.
«No entendemos la obsesión de construir una red pública paralela para destruir la actual red privada», sentencia González-Mayo, que además alerta de que los fondos europeos deben servir para ayudar a sectores golpeados por la pandemia y especialmente feminizados, como es el caso.
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