El desplome de la natalidad vacía los colegios públicos de la Comunitat

Sin embargo esta red, que también vive con la amenaza de la Lomloe, aguanta mejor el desafío demográfico. Pierde alumnos, pero en menor proporción, y sus aulas están más llenas. O lo que es lo mismo, la bajada de la natalidad vacía con mayor intensidad la red de titularidad de la Generalitat.

Los alumnos que entraron por primera vez al colegio el pasado septiembre (en 1º del segundo ciclo de Infantil) fueron alumbrados en 2018, cuando nacieron 7,68 niños por cada mil habitantes. La tasa ya acumulaba casi una década de reducción, y ha continuado así hasta situarse en 7,07 en 2020, el registro más bajo desde que comenzó la crisis en 2009. En otras palabras, los próximos cursos seguirán marcados por el descenso del alumnado.

Los últimos datos estadísticos establecen que los centros públicos están absorbiendo mayor parte de la caída. Al menos respecto al ejercicio anterior. Así se desprende tanto de la información que facilita la Conselleria de Educación sobre matriculaciones a principios de curso como de las cifras que publica el Portal de Transparencia de la Generalitat, que permiten más concreción.

En cuanto a los primeros, en toda la etapa de Infantil (tres niveles, con niños de entre tres y cinco años) en el 2021-2022 se han perdido 4.790 alumnos respecto al 2020-2021. 3.892 pertenecen a la red pública (el 81,25%) y 898 a la concertada (el 18,75%).

La presencia de los centros de titularidad de la Generalitat es mucho mayor, escolarizan más alumnos y llegan más al ámbito rural, por lo que pueden verse más afectados en términos absolutos por los fenómenos demográficos. Aún así, la caída es mayor a nivel porcentual que su peso sobre el total de la red. La citada etapa escolariza al 70,24% de los niños, porcentaje que se eleva 72,24% si se cuenta todo el sistema educativo de régimen general. Es decir, la pérdida no es homogénea, no se reparte en función de la presencia de cada red, es más intensa en una que en otra.

Por otro lado, el Portal de Transparencia ofrece información sobre los matriculados en cada aula de cada centro, lo que permite fijar la mirada únicamente en el primer curso de Infantil, el que supone la entrada en el sistema educativo para la inmensa mayoría de los niños. La última actualización data de octubre de este año y determina que se han perdido 3.062 alumnos respecto al informe de 2020, 2.400 en la enseñanza pública (el 78,38%) y 662 en la concertada (21,62%). Sigue siendo más intensa en la primera respecto a su peso total.

Esta estadística oficial también ofrece el número de unidades autorizadas, lo que permite sacar un promedio de alumnos por aula en función de la titularidad. Y claramente están más llenas las concertadas, pues su ratio es de 19,31 niños, mientras que las públicas se sitúan en 15,33.

Para mitigar la sobrerrepresentación de la pública en zonas de interior y rurales, sin concertada y donde la menor población es endémica más allá de la caída de la natalidad, se puede hacer otro ejercicio: restar del cálculo los datos de centros ubicados en municipios donde sólo existe una red, sumando únicamente aquellos donde hay tanto pública como concertada, y por tanto, los efectos demográficos son los mismos. En este caso las distancias se reducen, aunque siguen existiendo: 19,28 alumnos por aula en la concertada y 16,66 en la pública.

«En años anteriores había familias que renunciaban a determinados centros muy demandados porque sabían que no podían entrar. Ese miedo se ha perdido porque hay menos solicitudes», explica Vicente Rodríguez, secretaria autonómica de la patronal de colegios concertados Escuelas Católicas. También alude a los cambios en el procedimiento, que al ser por concurrencia competitiva ya no penaliza el hecho de elegir un colegio en segundas y sucesivas opciones de la admisión.

Además, apunta al desempeño de los centros. «Cada vez más familias destierran el prejuicio de que somos un modelo privado caro, sino al contrario, y que en la medida de nuestras posibilidades prestamos un buen servicio», defiende, antes de reclamar «igualdad» de recursos entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Y pone como ejemplo las diferencias en la dotación de especialistas para atender a la diversidad. «Pese a ello ponemos todo nuestro empeño», alega.

Ante este escenario de competencia por el alumnado empezará a desplegar efectos la Ley Celaá, la Lomloe. Y es que buena parte del rechazo de los concertados se debe a la regulación de la planificación de la oferta educativa, que aunque tiene que tener en cuenta la ya consolidada, tanto pública como concertada, insta a las administraciones a garantizar «la existencia de plazas públicas suficientes», sobre todo en zonas de nueva población, e incluso a promover un «incremento progresivo» de estas. Por contra, se elimina el criterio de demanda social, la preferencia de las familias, que defendía la concertada y recogió la Lomce.