La Diputación presiona al Consell y al Ayuntamiento para actuar en la Albufera

La Diputación de Valencia quiere presionar a las institucionesque tienen competencias sobre la Albufera para que acometan actuaciones en el corto plazo. El pleno de la institución provincial aprobó ayer una moción en la que se insta tanto al Ayuntamiento de Valencia como al Consell a emprender medidas concretas para solucionar la situación crítica que vive el parque natural.

La corporación provincial pretende fomentar así que el consistorio encabezado por Joan Ribó se comprometa con la Albufera y su entorno y le pide «que se acometa el dragado de aquellas partes de los canales y del lago que así lo requieran según el criterio técnico». El proyecto de dragado ha sido una de las reclamas de los expertos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que lo consideran fundamental por el hecho de que la masa sedimentada, además de contener agentes contaminantes, impide la proliferación de especies. Pese a que en un primer momento se apostó por implicar más a la Diputación para que pusiese fondos propios para apoyar un proyecto piloto de este tipo, durante la negociación se decidió eliminarlo y sustituirla por esta petición de dragado parcial que se queda muy lejos de lo que piden los especialistas.

La iniciativa presentada por el PP y consensuada con PSPV, Compromís, Ciudadanos, Vox y La Vall también presiona a la Generalitat presidida por Ximo Puig y le insta a solicitar que impulse «la candidatura de Declaración de la Albufera como Reserva de la Biosfera por la UNESCO« y »a avanzar en la redacción del nuevo Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de la Albufera (PRUG), como marco regulador necesario«. Una normativa que no está actualizada. Desde 2012, el lago no cuenta con un programa de este tipo y se considera indispensable su aprobación para que se regule de forma concreta qué se puede hacer y qué no.

La Diputación no solo quiere presionar a las principales instituciones valencianas sino también al Gobierno central. La moción aprobada implica que se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ejecutivo, «una asignación de agua del río Júcar de al menos 70 hectómetros cúbicos como la única solución viable para poder recuperar el estado ecológico adecuado del lago en un futuro próximo». Este punto había sido puesto encima de la mesa por parte de los expertos y Sergi Campillo, vicealcalde de Valencia y concejal de la Devesa-Albufera, ya apuntó que negociaba para que se estableciera un aporte fijo de ocho hectómetros cúbicos. De la misma forma, se insta al Gobierno estatal a que «establezca un plan nacional de aprovechamiento de aguas depuradas que resuelva de forma definitiva poder destinarlas a usos agrícolas o de otro tipo de manera viable para mantener adecuadamente el estado ecológico de las masas de agua continentales y en especial los ríos y las zonas húmedas españolas«.

La corporación aprovechó para mandar un recado conjunto a todas las administraciones implicadas al pedir «actuaciones en materia de depuración de aguas que aún quedan por hacer en el ámbito del parque natural y, en especial, la obra de ampliación y renovación del colector oeste«. Un proyecto valorado en 72 millones que está pendiente desde hace años y que viene agravado por el problema de que muchos ramales de aguas residuales que van al colector no tienen capacidad y los vertidos desbordan terminando en el lago. Por ello, los especialistas reclaman retomar esta actuación paralizada para evitar una mayor contaminación del espacio.

El pleno de la Diputación de Valencia, al aprobar por unanimidad el documento, también reconoció el «estado crítico» del parque natural por los vertidos industriales y agrícolas, los aportes insuficientes y de mala calidad del agua y la acumulación de un metro de lodos tóxicos y metales pesados en el fondo del lago. «Una combinación letal» que subrayaron que «amenaza el futuro» del parque natural.