El avance de la jornada continua se ha topado con el rechazo de la principal organización de Ampas de los colegios públicos, la Confederación Gonzalo Anaya, que considera que no es el momento de impulsar cambios de la modalidad horaria, un proceso que quedó ... bloqueado antes de la pandemia. La organización se muestra «decepcionada con el Botánico porque han primado otros intereses muy alejados de los que deben prevalecer: el bienestar de los niños y sus derechos», en palabras del presidente Rubén Pacheco.
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La crítica se sustenta en que «no se ha hecho ningún estudio científico o evaluación externa sobre los tiempos escolares y su influencia», como se preveía en la regulación vigente desde 2016. Y también en que la realización de este estudio ni siquiera se contempla en la nueva normativa, la que regirá los procesos de cambio a partir del curso 2022-2023.
Además se alega que las restricciones por la pandemia dificultan la participación de las Ampas en los centros a la hora de informar y debatir sobre modalidades horarias, y que el calendario del proceso se verá afectado por las vacaciones de Fallas, Magdalena y Semana Santa.
El artículo 10 de la primera orden decía que «la administración determinará el procedimiento para evaluar la aplicación del plan específico de organización de la jornada y para analizar su incidencia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado».
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A este estudio se refiere la Gonzalo Anaya. «Esta evaluación fue la única exigencia para que aceptáramos en su día la experimentación», defiende Pacheco. Del mismo sólo han trascendido algunos datos, avanzados por Europa Press, sobre el índice de satisfacción de las familias de centros con jornada continua, superior al recabado en colegios con horario partido.
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También se ha distribuido un resumen de cuatro páginas con algo más de información: se da una mayor participación en actividades extraescolares y un menor uso del comedor escolar. Y en el apartado de rendimiento se afirma que no se han detectado «diferencias significativas».
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El estudio, basado en datos muestrales de 139 centros y referido al curso 2018-2019, se componía de al menos 84 páginas, según se desprende del documento de síntesis, que incluye referencias al documento original, pero sin más concreción. Así, no se sabe si esa conclusión sobre los resultados se debe a las calificaciones oficiales de los alumnos o se extrae de pruebas diagnósticas.
Dos informes previos sí advirtieron de una bajada del rendimiento en estas evaluaciones externas, comunes a todo el alumnado y sin valor académico. El primero, difundido en 2015 por Educación (entonces en manos del PP) se refería a los nueve centros que aplicaron la jornada continua de forma experimental desde el curso 2013-2014. Y desaconsejó aumentar su presencia por este motivo. El segundo, desvelado por el periódico Magisterio, se basó en datos de una treintena de escuelas con horario intensivo en el 2014-2015. Eso sí, la minoración se consideró no significativa por parte de la conselleria, ya con Marzà.
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El sindicato CSIF considera «precipitados» los plazos fijados por la conselleria para que los centros propongan su proyecto, «lo expliquen a las familias y celebren la votación de la jornada continua». Por ello considera que esta circunstancia «provocará que muchos colegios no lleguen a tiempo para presentar la documentación o descarten esta opción». La organización lamenta a través de un comunicado que la administración no publicara la orden de modificación de jornada escolar a principio de curso, »de manera que los centros que quisieran optar dispusieran de un plazo amplio para preparar y tramitar la documentación«. Además destaca que »los colegios no cuentan con personal administrativo y que ya están saturados por la sobrecarga burocrática«. A su juicio Educación ha actuado con »precipitación, publicando una orden que únicamente da 15 días a los centros para presentar su proyecto de jornada continua«. Como se recalca, esto conlleva medidas como »rediseñar la jornada escolar o complementar con actividades pedagógicas realizables el tramo horario que va desde la finalización del comedor hasta las 17 horas«. Además hace hincapié en que »la precipitación de plazos y la sobrecarga burocrática« se agrava por la falta de apoyo de la conselleria para la tramitación del proyecto, ya que «ni ayuda ni refuerza a los centros ni tampoco colabora en la planificación y subvención de esas actividades extraescolares».
La Gonzalo Anaya no se conforma con los últimos datos conocidos y ha reclamado en varias ocasiones el informe completo. «No es una evaluación de calidad de las jornadas escolares. Llevamos cinco años pidiendo una evaluación externa con criterios científicos y no la hemos recibido», lamenta Pacheco.
La confederación organizó el pasado sábado una jornada sobre tiempos escolares en la que participaron varios expertos que expusieron que aunque se necesitan estudios más exhaustivos sí hay evidencias tanto a nivel nacional como internacional de un menor rendimiento, de mayor acumulación de deberes y de reducción del periodo de sueño.
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En cuanto a la nueva orden, ha desaparecido cualquier referencia a una evaluación externa. Sí se señala que la inspección «supervisará la aplicación» y hará un seguimiento de las actividades extraescolares, mientras que los equipos directivos realizarán «un análisis sobre el funcionamiento de la nueva jornada».
«A las asociaciones les daremos a conocer las investigaciones y la voz de los expertos para que puedan decidir con conocimiento de causa. La conselleria ha trivializado la literatura científica. Nos toca a nosotros hacer esta difusión entre las familias», sentencia el presidente.
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