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Puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Escasez de salas seguras tras más de mil juicios penales suspendidos

La Ciudad de la Justicia estudia unir dependencias de los juzgados para poder celebrar vistas con plenas garantías de seguridad

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 29 de abril 2020

Si la Administración de Justicia ya arrastraba problemas antes del Covid-19, la pandemia sólo ha hecho que multiplicarlos. Más allá del rimbombante anuncio de los juicios telemáticos -serán minoritarios, según las fuentes consultadas- existe una falta de salas suficientemente amplias para celebrar vistas con las medidas de seguridad. Sólo un dato da idea de la magnitud de lo que se avecina. En la ciudad de la Justicia de Valencia hay 15 juzgados de lo Penal. Sólo estos órganos han suspendido alrededor de 1.200 juicios, según los datos que maneja LAS PROVINCIAS. A esta cifra hay que sumar los de la Audiencia, el resto de jurisdicciones y los delitos leves. Una avalancha.

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La Ciudad de la Justicia es un edificio de primer nivel respecto al resto de sedes judiciales en la Comunitat. Pero aun con esa condición apenas dispone de unas cuantas salas lo suficientemente amplias para las nuevas circunstancias. Y todo esto en un periodo en el que la necesidad de espacios se va a incrementar.

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Una de las medidas que se estudian estos días es la de reformar las actuales salas multiuso de los juzgados -habitualmente se usan para declaraciones de investigados y juicios de delitos leves- para obtener más espacio. Sería unir dos de estos espacios en uno solo. Esta es una de las mayores urgencias en la actualidad al margen de otras medidas de control. Pero la garantía de la distancia ha de cumplirse. Si esto no se da en esta sede, la situación en otros partidos judiciales resulta todavía más complicada.

Reinicio del plazo de las investigaciones

El Real Decreto, además, tendrá otras consecuencias. Los plazos procesales comienzan a contar desde el inicio. Fuentes judiciales interpretan que eso también afecta a los límites de la instrucción. Tras la reforma legislativa, los jueces disponen de 6 ó 18 meses para investigar. Ambos periodos son prorrogables. Con el regreso a la normalidad tras el final del estado de alarma se volvería al inicio del proceso o bien a la última prórroga. Un hecho que fundamentalmente beneficia a las acusaciones y lamentarán las defensas. Abogados, funcionarios, jueces y fiscales ya han adelantado que el plan de choque será ineficaz.

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