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El conseller de Educación, Vicent Marzà, durante una intervención en Les Corts. Irene Marsilla

Marzà suma dos nuevos reveses judiciales por recortar aulas en colegios concertados

El TSJCV paraliza cautelarmente la reducción de unidades que sirven de refuerzo para alumnos con necesidades especiales

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 12 de febrero 2022, 00:30

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha paralizado cautelarmente el recorte de aulas en dos colegios concertados. Aunque se trata de una medida provisional no deja de ser un nuevo revés para el departamento que dirige Vicent Marzà, en el sentido ... de que hasta que se no se resuelva el proceso judicial la decisión de la administración queda paralizada. Es el enésimo contratiempo en materia de planificación de la oferta concertada, pues la inmensa mayoría de los casos judicializados se han resuelto a favor de las entidades titulares.

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El conflicto se remonta al verano, cuando se publicó el resultado del último proceso de renovación de conciertos, en el que los centros acreditan el cumplimiento de los criterios para mantener los fondos públicos para sus clases de cara a los siguientes ejercicios, decisión que depende de la administración.

El recorte perjudicó a los colegios Nuestra Señora del Carmen y San Vicente de Paúl y Nuestra Señora del Pilar, los dos de Valencia, que habían solicitado la renovación de su unidad de integración de Secundaria, de la que habían dispuesto en los años previos, para los próximos cuatro cursos (hasta el 2024-2025).

Educación desestimó sus pretensiones, concediendo únicamente un recurso a media jornada. Más allá de los gastos de funcionamiento que se tienen que transferir por cada aula, la administración debe asumir los costes laborales asociados. En este caso en lugar de la jornada docente completa que tenían se planteó que fuera parcial (12,5 horas en lugar de 25), y decidió que el concierto fuera provisional y sólo para el curso actual, por lo que su vigencia se tendría que revisar de cara al siguiente.

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Las aulas de integración no son una clase en sentido estricto, sino un recurso específico para alumnos con necesidades especiales, es decir, que requieren de un apoyo especializado para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Suele traducirse en la dotación de personal de Pedagogía Terapéutica, que trabaja de una manera más personalizada con estos estudiantes.

Las titularidades de los centros afectados, disconformes con la decisión, presentaron un recurso de lo contencioso administrativo que se acompañó de una petición de medidas cautelares. Y esta fue estimada en noviembre, según las resoluciones publicadas en el DOGV que dan cuenta del cumplimiento de la suspensión.

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La fianza

El objetivo de la petición es que mientras se resuelve la vía judicial los centros no se vean perjudicados por la decisión de Educación si finalmente la sentencia es favorable a sus intereses. Eso sí, para que se aceptara la paralización han tenido que depositar una fianza de 61.636,72 euros cada uno. Esta medida tiene una finalidad similar pero en sentido contrario, pues en caso de que el fallo dé la razón a la administración esta se quedará las cuantías para cubrir los gastos derivados del cumplimiento de la medida cautelar (los de funcionamiento y la retribución a jornada completa del profesional).

Además, la medida cautelar tiene efectos desde el 1 de septiembre de 2021. Aunque las horas lectivas no impartidas hasta finales de año no se pueden recuperar, la decisión del tribunal permite disponer de una jornada docente completa desde la entrada en vigor de la decisión. Además, la retroactividad también se tiene en cuenta en concepto de gastos de funcionamiento que no hayan sido transferidos.

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POLÉMICAS ENTRE EDUCACIÓN Y LA CONCERTADA

  • Impagos. El sector ha denunciado en las últimas semanas problemas en el pago de nóminas docentes, con casos en los que los afectados no han cobrado ni un solo euro desde septiembre.

  • Judicialización. La red concertada ha protagonizado buena parte de los recursos contra las políticas educativas, con resultados dispares. Las sentencias han sido favorables en relación a la planificación de la oferta y el primer modelo lingüístico, y desfavorables en los cambios de la admisión o las ratios especiales de 1º de Infantil.

  • Diferente trato. Una queja muy repetida es la exclusión o discriminación de la red en diferentes medidas impulsadas por Educación, como programas de formación docente en el extranjero o dotación de auxiliares nativos en inglés. Eso sí, no ha habido diferenciación de titularidad en los refuerzos y gastos extraordinarios derivados de la pandemia.

Tras el proceso de renovación de conciertos de 2021 las patronales ya detectaron que la mayor parte de los ajustes tuvieron que ver con las aulas de integración de Secundaria. El sindicato FSIE CV también se pronunció en un sentido similar, llegando a reclamar formalmente la reversión de los recortes de horas en los centros que tenían "el mismo número de alumnos con necesidades educativas" que en ejercicios previos.

La judicialización de la política educativa del Consell del Botánico ha sido intensa aunque con resultados dispares, y la mayoría de los recursos han sido impulsados por organizaciones de la red concertada. No llegaron a prosperar las demandas relacionadas con los cambios en la admisión de alumnos, la gratuidad selectiva en el primer ciclo de Infantil o la reducción especial de ratios en las aulas de tres años, al contrario de lo sucedido con los recortes de aulas concertadas, tanto las que han afectado a etapas obligatorias como, especialmente, las que eliminaron fondos públicos para grupos de Bachillerato. Todos los colegios que recurrieron ante la justicia los han recuperado. Lo mismo ha pasado con muchos de los ciclos de Formación Profesional que fueron eliminados.

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