Nueve de cada diez sanciones Covid siguen sin cobrarse por el colapso de los trámites

Junto a la lucha médica, la de los científicos o la de vacunación hay otro frente vital para frenar la pandemia: atajar las imprudencias. Cuando falla el sentido común o el civismo, entra en juego la ley, con sus multas policiales por incumplir las restricciones. Y en este punto la Generalitat trata de lidiar con un grave problema: la escasez de manos para tramitar el aluvión de denuncias interpuestas hasta la fecha, que después del anómalo periodo de Fallas de 2020 se eleva a 94.000 multas, según fuentes de la Conselleria de Justicia.

Ninguno de los pequeños refuerzos de personal para lograr el fin último, que el infractor pague su multa, ha sido suficiente hasta la fecha. Los aumentos de funcionarios han sido muy escasos, apenas 21 desde que arrancó la normativa de sanciones en verano. Ahora Justicia quiere incorporar 52 personas más a esta función para intentar agilizar el proceso administrativo que media entre que el policía denuncia al ciudadano y al infractor le llega la sanción concreta decidida por la conselleria: lo que debe abonar por esa falta de mascarilla, fiesta ilegal, infracción contra el cierre perimetral.

Para comprender el problema hay que conocer sus cifras esenciales. Según Justicia, desde que el 25 de julio entró en vigor el decreto del régimen sancionador, el número de denuncias ha crecido «de manera espectacular», especialmente en los momentos más restrictivos. De acuerdo con el último balance, de esta semana, todos los cuerpos policiales implicados en la persecución de infracciones han elevado a la Generalitat más de 94.000 propuestas de sanción.

El siguiente paso en el proceso es el registro, es decir, introducir los datos en el programa autonómico de gestión de sanciones. Y es aquí donde se produce el tapón esencial. De esas más de 94.000 denuncias, se han registrado casi 13.000. Es decir, hay ahora mismo un tremendo alud de 81.000 pendientes de tramitar.

Ya en este segundo escalafón de la cadena, de las 13.000 sanciones introducidas en el sistema se han iniciado 5.440 expedientes y se han finalizado 1.323. Son los casos en los que al infractor se le ha comunicado la multa definitiva. Y sólo 814 infractores han pagado su multa a la Generalitat. El resto, aclara Justicia a LAS PROVINCIAS, «está en su derecho a recurrirla o dejar que pase el plazo para su abono».

La tramitación de sanciones recae sobre el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, dependiente de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias. Antes de la pandemia estaba dimensionado para absorber entre 250 y 300 denuncias al año en el ámbito de su competencia.

Pero desde noviembre del año pasado, con la introducción de nuevas medidas restrictivas para frenar los contagios, el número de denuncias aumentó «de manera exponencial». Después se sumó el férreo febrero, con los cierres de los municipios de más de 50.000 habitantes.

Ante semejante volumen de trabajo, Justicia reforzó un servicio que en julio contaba con cinco funcionarios y elevó la plantilla hasta los 21. Pero también se quedó corta. El último paso es un plan de choque dotado con 5,3 millones de euros y que conlleva dos decisiones: contratar una empresa especialista en gestión de multas y ampliar el servicio autonómico con 52 personas más: 25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares.