Para empezar, algunas estadísticas. Las llamadas al 016, teléfono gratuito para víctimas de violencia machista, subieron casi un 60% durante el confinamiento, según datos del Ministerio de Igualdad, respecto al mismo periodo del año anterior. Las peticiones de divorcio, por su parte, crecieron ... un 16% en el tercer trimestre de 2020. Además, un estudio europeo asegura que un 69% de los españoles tuvieron problemas psicológicos durante la pandemia. La Confederación de Entidades para la Atención a las Adicciones detectó también un aumento de las conductas adictivas, sobre todo la ludopatía online.
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La pandemia no ha sido un periodo fácil para nadie. Ni siquiera para los jóvenes, afectados por la ruptura de los vínculos sociales necesarios en las edades más tempranas. De aquellos barros, estos lodos. Y es que un informe de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana alerta de un «repunte» de la violencia entre jóvenes que coincide con el confinamiento a partir de enero de 2021. Por eso, Delegación convocará, a partir de septiembre, una mesa interdepartamental para revisar las herramientas de las administraciones contras estas violencias, a la que se invitará la Generalitat, operadores jurídicos y policiales, así como ayuntamientos, para revisar herramientas y realizar campañas informativas y de concienciación, pues la intervención policial no es suficiente. «Con ello la Delegación pretende ofrecer a colectivos vulnerables el apoyo de Policía y Guardia Civil e intensificar las relaciones con el fin de reforzar la seguridad», asegura el documento.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han detectado en los últimos meses que grupos de jóvenes quedan «para pegarse, grabarse y difundir los vídeos a través de redes sociales». No hay enfrentamientos previos entre las personas que participan en estas peleas, solo quedan a través de redes sociales, fundamentalmente de Instagram, para pegarse. Se fija una hora determinada y cada grupo usa un tipo de vestimenta para diferenciarse de la banda rival. En Paiporta, por ejemplo, a mediados de febrero la Guardia Civil abortó una de estas peleas que tenía como fin un enfrentamiento multitudinario entre dos supuestos bandos: los vestidos de rojo y los de negro. «Buscan conseguir seguidores», dice la Delegación.
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Según el informe, este fenómeno se ha extendido por Valencia y su área metropolitana. Silla, Paterna, Xirivella, L'Eliana, Mislata, Paterna, Paiporta, además de la ciudad de Valencia. Entre el mes de enero y abril se han abortado una decena de este tipo de peleas. En las 'campales', así es como las denominan, han estado involucrados grupos de entre 50 y 200 personas.
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También se ha detectado un repunte de violencia mientras se consume alcohol en la vía pública, en los denominados botellones. En la plaza de Honduras de Valencia, la Policía Nacional ha detectado que se concentra una gran cantidad de jóvenes procedentes de toda la ciudad y localidades cercanas, siendo un lugar de actuación preferente con gran actividad policial e intervenciones habituales en peleas, agresiones, robos, malos tratos en vía pública, además de los botellones. Por ejemplo, solo en esta zona indicada desde el 9 de mayo, sin tener en cuenta lo relativo a las infracciones relacionados con la normativa Covid, se han detenido a 15 personas (cinco por robo con violencia e intimidación, cuatro por lesiones, tres por violencia de género en vía pública, dos por atentado contra agentes de la autoridad y uno por una reclamación judicial). Además, se han levantado 26 propuestas de sanción tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y se ha intervenido en seis peleas en la zona.
También ha habido un repunte de agresiones a personas del colectivo LGTBI. En las últimas semanas se han registrado hasta ocho denuncias en este sentido. Delegación cree que hay «más predisposición a la hora de denunciar estos hechos», así como «más visibilidad y concienciación social de repulsa hacia estas actitudes». Estos hechos se identifican y registran como «delitos de odio». Más del 80% de los hechos se han perpetrado en vía pública. El perfil de los presuntos autores resulta heterogéneo y de difícil vinculación con ningún grupo ideológico o tribu urbana, según datos de Delegación.
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