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La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha dicho esta mañana que se va a solicitar una aclaración al TSJCV sobre la sentencia que reconoce el derecho de la Universidad Católica de firmar convenios de cooperación con la administración para posibilitar las prácticas de sus alumnos de Ciencias de la Salud en los hospitales públicos.
El paso suele estar relacionado en los procedimientos judiciales con la forma de darles cumplimiento, lo que unido a sus palabras desliza la idea de que la estrategia inicial del departamento pasa por abrir la puerta a las privadas, tras el veto aplicado a partir del curso 2016-2017, sin necesidad de ganar tiempo con un recurso de casación.
Exactamente Barceló ha señalado que las dudas del departamento tienen que ver con la compatibilidad de ambos sistemas, por ejemplo en relación a cómo gestionar la tutorización de los alumnos privados por parte del personal sanitario público.
Prácticas en sanidad de la universidad católica
También ha defendido que la conselleria «cumple las sentencias como no podía ser de otra forma», y ante la pregunta de si se recurrirá el fallo ante el Supremo en caso de que la aclaración no cumpla sus expectativas, ha replicado que no es una cuestión de que se acepte o no, sino «de que proceda o no proceda, algo que estudiará la Abogacía de la Generalitat».
Por último, ha explicado que abrirá conversaciones con las universidades para determinar «la capacidad de absorber al alumnado de las privadas en los hospitales públicos». Actualmente, los estudiantes que de manera transitoria aún se benefician de este modelo (el veto sólo afectó a los de nuevo ingreso) lo hacen a través de las instituciones académicas públicas, que son las que están asociadas a los hospitales universitarios para la realización de prácticas, a cambio del pago de un canon que asumen los centros privados de origen.
Barceló ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha servido para presentar la nueva guía sobre menús escolares saludables, que también ha contado con la presencia del conseller Vicent Marzà.
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