Nuevo varapalo judicial a Oltra por cerrar el centro de menores de Segorbe

«Una grave infracción del ordenamiento jurídico». Así se refiere el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat a la decisión unilateral de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de trasladar a los menores tutelados del centro residencial de Segorbe a otros emplazamientos sin un acto administrativo que lo avale y después de que la titular del departamento, Mónica Oltra, denunciara la existencia de supuestos malos tratos en el recinto, con los que argumentó el cierre de la residencia.

En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal ha anulado, por ser contraria a derecho, la decisión de la conselleria de reubicar en mayo de 2017 a todos los menores que se encontraban en el centro de acogida Nuestra Señora de la Resurección del municipio castellonense a otros centros de la provincia. La sala ha estimado así el recurso interpuesto por la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, quienes gestionaban la citada residencia. Los magistrados argumentan que la actuación de la conselleria constituyó «una vía de hecho de la Administración valenciana». El fallo, por tanto, refrenda la competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa para dirimir este pleito, de forma independiente al procedimiento que sigue en la jurisdicción civil, al versar sobre una actuación administrativa que supone una vía de hecho, que está considerada como «una grave infracción del ordenamiento jurídico».

Ya sobre el fondo del asunto, el TSJCV ha dictaminado que la decisión de reubicar a los menores adoptada por la Dirección General de Infancia y Adolescencia no se formalizó «previo procedimiento administrativo alguno; tampoco, por cierto, de procedimiento incoado directamente -o por orden superior- de la Dirección Territorial en Castellón». Esa medida, según la sala, «no formó parte de ningún supuesto procedimiento que le diera soporte» y generó 'de facto' para la entidad titular del centro de Segorbe «el mismo efecto que la sanción impuesta a la congregación mediante la mentada resolución» de la citada Dirección General, multa que asciende a 10.000 euros y al cierre de las instalaciones.

En esta línea, los magistrados señalan que no sólo «se privó a la parte actora de toda posibilidad de defensa, sino que tampoco colaboró la conselleria con la institución autonómica que es el Síndic de Greuges, que en fecha 31 de junio de 2018, seguía sin recibir si quiera la documentación que requirió de la Administración en relación al asunto que nos ocupa».

Por su parte, desde Igualdad indicaron ayer que la Generalitat «estudiará los posibles recursos a la sentencia», fallo que como admitieron desde la conselleria, expresa «serias dudas» sobre la tramitación de esta denuncia por la vía Contencioso-Administrativa en lugar de que se determine mediante la vía civil». «A pesar de las dudas, y en contra del criterio de la fiscalía, la sala falla en favor de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia», apuntaron desde el departamento liderado por Mónica Oltra.

También quisieron recordar que la conselleria adoptó la decisión del traslado de los menores tras conocer un informe del Servicio de Inspección (compuesto por personal funcionario) en el que se relataban hechos como el empleo de duchas de agua fría en invierno como castigo, comida escasa y en mal estado o llevar a los niños a supermercados a pedir comida; un informe que «en ningún caso es cuestionado por la sentencia al igual que tampoco lo son los motivos que ocasionaron el traslado», añadieron.

En la actualidad, el centro funciona de nuevo como centro de acogida tras hacerse cargo otra entidad, que cuenta con subvención de la conselleria para el mantenimiento de las plazas. Esta sentencia confirma la del Juzgado de Primera Instancia de Castellón, que apunta que el desalojo fue «contrario a derecho e ilegal» y fue recurrida por la conselleria.

En la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se las prometían muy felices con su anunciado nuevo modelo de atención a la infancia, especialmente a la hora de confeccionar centros de acogida para los menores tutelados más hogareños. Sin embargo, la oposición de vecinos y ayuntamientos, los recursos judiciales, y los impagos que han venido sufriendo estas instalaciones durante los últimos meses -y que ha derivado en protestas de los trabajadores a las puertas del Palau de la Generalitat- están lastrando su actividad y dejan en entredicho la atención a este colectivo.

El traslado del centro de recepción de Monteolivete a Buñol -en lugar de reformarlo y dotarlo de más personal- desató las quejas de vecinos y el Ayuntamiento por el incremento de actos vandálicos en la localidad, lo que con posterioridad obligó al Consell a trasladar a algunos de los internos a Alborache, donde ya han aparecido algunas voces críticas con la situación.

Paralelamente, la Generalitat ha intentado que Paterna acogiera la apertura de un nuevo centro de acogida, también pese a la postura contraria del Consistorio; y todavía tiene en mente reubicar el centro de recepción en Llíria, un caso que ha llegado a los tribunales.

En Paterna, por un lado, el Ayuntamiento congeló la concesión de licencias para actividades asistenciales hasta que se elaborara un estudio en el marco del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad. Posteriormente, se incluyó una modificación que prohíbe la construcción de estos centros en zonas residenciales de baja densidad y que, en la práctica, impide su ubicación en la zona de adosados de Montecayada donde estaba previsto.

En el caso de Llíria, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de Valencia admitió a trámite la demanda presentada por la portavoz del grupo municipal del PP en el municipio, Reme Mazzolari, contra la adjudicación por parte del Ayuntamiento de las obras del futuro centro de menores proyectado. La demanda interpuesta apunta a irregularidades administrativas. La demanda reclamaba la suspensión cautelar de la actuación, pero como explicó ayer Mazzolari no ha sido necesario, puesto que ha sido el propio Ayuntamiento el que finalmente ha anulado la adjudicación de las obras.

El cambio al modelo en el pago de la gestión indirecta de estos centros también ha originado impagos a las entidades, que han convocado protestas.