La patronal de renovables advierte de que son 300 las plantas que caducan en un mes

No son 64, son casi 300. Este pequeño –pero importante– matiz es el que hace la patronal valenciana de energías renovables (Avaesen) al hablar de los proyectos de plantas fotovoltaicas urgentes con riesgo de caducar en la Comunitat si no consiguen una evaluación ambiental antes del 25 de enero. En concreto, la Generalitat tiene en proceso 278 expedientes, tal y como indicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, esta semana.

Sin embargo, tanto Puig como las tres consellerias implicadas en la gestión de renovables han destacado estas últimas dos semanas que son 64 los proyectos con riesgo de caducar y por los que se reunieron este martes con el objetivo de abordar fórmulas que aceleren su resolución. Pero, según indica el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, esta información no es correcta, o, dicho de otro modo, no es del todo precisa.

«Los casi 300 proyectos tienen que acreditar que han pasado el trámite ambiental del Consell antes del 25 de enero, que es el hito marcado por el Ministerio de Transición Ecológica para todos aquellos con más de dos años en trámite», explica Lacruz a LAS PROVINCIAS. En ese sentido, indica que «sí es cierto» que esos 64 requieren una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es el trámite más complicado, pero el resto también necesita una evaluación ambiental o bien acreditar que está exento de este requisito al tener menos de 5 MW. «La Generalitat habla de los proyectos más complejos en su evaluación, pero que nadie piense que son sólo 63 los que pueden perder la inversión si no llegan al 25 de enero. Los 278 están pendientes de una resolución», señala.

Cabe recordar que aquellos proyectos que no tengan una resolución ambiental antes del 25 de enero, no podrán pasar a la siguiente fase de la tramitación y obtener los pertinentes permisos de construcción. Si no se logra este trámite antes de la fecha señalada, la empresa perderá la inversión e, incluso, el punto de conexión –el derecho para conectarse a la red–. El ministerio entiende que el operador ha desistido y entonces se le ejecutarán los avales, que se sitúan en 40.000 euros por megavatio. A nivel autonómico, los parques que se tramitan pueden llegar hasta los 50 MW, por lo que un proyecto puede costar hasta dos millones de euros sólo en avales.

Si se tienen en cuenta el número de megavatios solicitados y en vías de resolución, la pérdida por ejecutar los avales podría sumar un total de 300 millones de euros, ya que la Generalitat tiene pendientes de resolución 7.500 MW, según la dirección de Energía –dependiente de la Conselleria de Economia–. Se tratan de cantidades elevadas que ponen en un aprieto, además, a cerca de 160 pymes valencianas con proyectos solicitados, más aparte las empresas de otras regiones que también han tramitado un expediente para construir una planta fotovoltaica en la Comunitat.

Tres meses después del 25 de enero, el ministerio ha marcado otro hito que, del mismo modo, los proyectos deberán cumplir para no perder las inversiones. «Antes del 35 de abril deben tener la autorización administrativa previa. Es decir, que el trabajo no acaba después del 25 de enero», destaca Lacruz en referencia a la necesidad de que el Consell agilice la burocracia más allá de este mes.

«Hemos pasado dos años para llegar a este punto. Cuando la ministra marcó el hito en 2020, pensamos que en dos años daría tiempo a resolver los expedientes pendientes, pero hemos visto que no. Otras comunidades tienen este problema pero han resuelto ya el 80% de los expedientes», añade el dirigente patronal, quien recuerda que han solicitado un estudio a la consultora Andersen para preparar una posible demanda contra la Generalitat por daños patrimoniales.

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