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El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, desmontó ayer los siete informes esgrimidos por el alcalde Joan Ribó para exigir una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de construir una terminal de contenedores en la ampliación norte, entre otras cosas porque «nadie opina sobre el proyecto de TIL (grupo MSC)» para invertir más de mil millones, como se pidió a las administraciones implicadas, y porque «como técnicos que son, y buenos, ninguno solicita otra DIA».
En la rueda de prensa posterior al consejo de administración, Martínez desgranó los documentos realizados por distintos servicios municipales y aclaró que no los descartarán, pese a no pronunciarse sobre el proyecto de MSC sometido a alegaciones, sino que los técnicos correspondientes los analizarán para admitir o rechazar esos reparos.
No obstante, su detallada exposición, con datos concretos para desmontar cada uno de los argumentos empleados, hace pensar que tienen pocas opciones de prosperar. También despachó, por «prematuras», las críticas de la conselleria que dirige Mireia Mollà al dragado y la prolongación del dique de abrigo, al estar pendiente de informes sobre esos puntos para poder concretarlos en el proyecto constructivo definitivo.
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«La DIA es reclamada exclusivamente a nivel político», recalcó Martínez, horas después de que Compromís y PSPV pactasen en el pleno municipal rebajar esa exigencia a una petición de que el Ministerio considere si es necesaria otra DIA, a partir de la moción socialista para ceñirse a criterios técnicos. «Me parece bien con tal de que no me paren las obras», zanjó, además de reiterar su disposición a incorporar mejoras pero sin reiniciar los trámites.
El director general de la Autoridad Portuaria, Francesc Sánchez, apostilló que «ya hace tiempo que se está hablando con Fomento y con Transición Ecológica», sin necesidad de que lo pida el consistorio.
Visiblemente molesto con Ribó por afirmar que los técnicos del Puerto no son especialistas en medio ambiente, sino ingenieros de caminos, los reivindicó como «referentes europeos e internacionales». Y apeló al rigor en la queja, a dar «argumentos técnicos para soportar las cosas».
En su análisis de los siete informes que esgrimió Ribó para paralizar las obras en la ampliación y empezar de cero con otro dictamen ambiental que tardaría un mínimo de tres años, Martínez afirmó que están «bien hechos» pero no evalúan el proyecto de MSC que se somete a examen, sino el propio puerto.
Del informe del secretario de Urbanismo, destacó que recoge que las obras «no necesitan licencia municipal», al gozar de un régimen propio, y dio por cumplidos los requisitos de que se realicen dentro de la zona de servicio del puerto y estén incluidas en el plan de empresa y en el plan director de infraestructuras.
En sus conclusiones, que leyó a los medios, ese informe señala que «procede instar a la APV a que, en su calidad de órgano promotor, se dirija al órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica para que, en su calidad de órgano ambiental, se pronuncie de forma expresa sobre la necesidad de una nueva evaluación de impacto ambiental». Es decir, que decida si hace falta otra DIA, pero sin exigírsela.
Martínez cuestionó que el informe de Movilidad calcule que el tráfico será de 400 camiones por hora, ya que «simplemente por duplicar la infraestructura no se duplica el tráfico de exportación e importación». Sobre el impacto paisajístico del proyecto, criticó que los distintos informes omitan que «las grúas están cien metros más lejos de la playa» que en el proyecto inicial y también que requiere 1,5 millones de toneladas menos para el dragado.
En materia de emergencia climática, se mostró dispuesto a realizar estudios como un diagnóstico energético, aunque otros que les piden ya están hechos, y reivindicó, con datos sobre calidad del aire o emisiones, que «el Puerto es muchísimo más eficiente y menos contaminante que la media de la ciudad».
Martínez también considera razonable evaluar si la ampliación del volumen de dragado afecta a las playas del sur, como apunta otro informe, pero ve «un poco fuerte» que, sin hacerlo, les tilden de «causantes de que desaparezcan las playas de El Saler y la Albufera». Al del servicio de Playas, le reprocha que analiza los impactos de «un puerto en abstracto», pero «no habla de la ampliación ni del proyecto de TIL».
Por otro lado, Aurelio Martínez aportó datos, atribuidos a fuentes como la Universidad Politécnica de Valencia, para desmentir los «mitos del pelotazo» que le achaca Compromís en su campaña en redes sociales contra la ampliación del Puerto.
Ante las «afirmaciones preocupantes» que cuestionan el impacto del Puerto en términos de empleo, riqueza, exportaciones y medio ambiente, sin señalar «de dónde salen esos datos», destacó que genera más empleos que el de Barcelona, 17.732 puestos directos frente a 13.000, y aporta el 2,57 % del PIB regional.
En otro orden de cosas, anunció que, a falta de un informe, se aplaza a la primera quincena de enero la aprobación de los pliegos de la futura terminal de pasajeros.
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