Una nueva ley perseguirá el acoso inmobiliario en la Comunitat con multas millonarias

La Generalitat prevé aprobar en el pleno del Consell de este viernes el decreto que tipifica el «acoso inmobiliario» y que permitirá sancionarlo con casi un millón de euros y que pone medidas de protección a los inquilinos frente a los fondos buitre.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha defendido en una entrevista con Europa Press que esta normativa es una «apuesta política» de su departamento y cree que él mismo manda un «mensaje muy claro» con su aprobación: «Voy a combatir los abusos de los fondos buitre y voy a trabajar por proteger a la gente».

El acuerdo entre los tres socios se ha producido en el 'consellet' de este jueves, en el que se ha alcanzado consenso sobre la cesión obligatoria del uso de viviendas con una nueva redacción que, para el vicepresidente, «mantiene el impulso» original de la norma pero «clarifica» los casos en que se podrá realizar y da mayor «seguridad jurídica». Salvo imprevisto, el decreto se aprobará este viernes.

Illueca ha explicado que este decreto nace como respuesta a las «situaciones complicadas» y los «casos dramáticos» que generan «algunas prácticas», muchas de las cuales formarán parte de la tipificación de este «acoso inmobiliario«. La regulación, para el vicepresidente, es »innovadora y ambiciosa« y sitúa a la Comunitat Valenciana »a la vanguardia« en políticas de vivienda.

En este sentido, ha explicado que se tipifican varias de las «conductas de acoso» más habituales como la negativa a aceptar el pago del alquiler «por parte muchas veces de fondos de inversión que quieren quitarse de encima a las familias»; la negativa a hacer las reformas necesarias para que la vivienda esté en condiciones y «las conductas que tienden a perturbar el pacífico disfrute de las viviendas por parte de las personas que las habitan«.

Para Illueca, las sanciones que se tipifican son «bastante elocuentes» y en los casos más graves «que merecen el máximo reproche» se elevan hasta los 950.000 euros.

Otra de las cuestiones que aborda el decreto es la «mayor transparencia» para los grandes tenedores de vivienda, que considera que en muchas ocasiones están envueltos en «opacidad». Para ello, se crea un registro de grandes propietarios que será «de mucha utilidad» para poder ejercer un «mayor control sobre su actividad en la Comunitat Valenciana».

Igualmente, se regula y se da «carta de ley» a una unidad antidesahucios y se crea el procedimiento de inspección para verificar el cumplimiento de esta normativa, en lo que tiene que ver con la regulación de grandes propietarios. Así, se les da a los funcionarios las «herramientas» para actuar y poder llevar a cabo las inspecciones, así como sancionar las conductas «inaceptables».

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