Miles de personas se han manifestado este 13 de octubre en Madrid por el Derecho a la Vivienda. Bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', la federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), en colaboración con CCOO, UGT, Amnistía Internacional, sindicatos de inquilinos y estudiantes, la PAH y grupos ecologistas como Greenpeace, entre otros 40 colectivos, han recorrido las calles de Madrid pidiendo soluciones para uno de los graves problemas del momento y con eslóganes como 'Bajemos los precios, a por la huelga de alquileres', 'Nadie sin hogar' o 'Desahuciar es matar', entre otros.
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«La vivienda no es un bien de mercado, es un derecho. Es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española», comienza el manifiesto que han elaborado y en el que se recogen las grandes peticiones que se reclaman.
El manifiesto recoge un decálogo de peticiones «para cambiar el actual estado de cosas», según explican los manifestantes. Estas son las 10 peticiones o exigencias que reclaman:
1
La ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención y urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler que fuercen una reducción de precios, la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos o el impulso de un Plan Estatal de Vivienda Pública. Igualmente el gobierno central debe intervenir y adoptar medidas para el cumplimiento por parte de la Comunidad de la mencionada Ley.
2
La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda y la declaración obligatoria de zonas tensionadas cuando se superen ciertos parámetros que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, limitando los precios, la especulación y estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.
3
El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de la vivienda de protección social en alquiler. Reclamamos que desde las competencias municipales, autonómicas y estatales se adopten las medidas necesarias para ampliar el parque público de vivienda de completa titularidad pública y alquiler social asequible así como la recuperación de viviendas vacías y del parque de todas las viviendas públicas enajenadas a fondos buitre o en manos de la SAREB, fondos de inversión o bancos, incluso expropiando las mismas por interés social.
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4
La adopción de garantías legales por parte de las administraciones públicas de que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.
5
La suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos en los barrios y/o municipios con alta demanda de vivienda en alquiler así como el cierre de los actualmente existentes en situación irregular y la imposición de sanciones que correspondan y su puesta inmediata en el mercado de alquiler.
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6
La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.
7
La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones que hagan cumplir la nueva normativa en materia de protección de la vivienda.
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8
El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, facilitando la suscripción de contratos de suministro de energía y creando mesas de trabajo para atender las demandas vecinales.
9
La solución de la situación creada en San Fernando mediante un pacto regional que proteja a las familias y salvaguarde su derecho a una vivienda digna.
10
La preservación y refuerzo en cualquier proyecto urbanístico de los valores medioambientales de los entornos a los que afecten.
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Puedes leer el manifiesto íntegro, con las reivindicaciones y los argumentos.
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«Esta realidad es posible porque todas las administraciones del estado, en mayor o menormedida, han hecho dejación de funciones, procurando jugosos negocios a bancayespeculadores. Ahora es necesario revertir esta situación y que todos los poderes del estadoasuman sus responsabilidades legales», sostienen.
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