Benavent quiere llevar a la consellera de Transparencia ante el juez por pactar con el artífice del amaño del call center

Cuando Marcos Benavent anunció que iba a «salir mierda a punta pala» no dijo que toda fuera en dirección al Partido Popular. En la declaración de esta mañana ante el juzgado que rastrea el amaño del contrato del call center, el exgerente de Imelsa y artífice de la mayoría de investigaciones contra el expresidente Alfonso Rus, ha indicado que este amaño sólo pretendía el enriquecimiento de su suegro Mariano López. Además, ha insistido en que este tenía un acuerdo con la entonces denunciante y actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo. Este pacto implicaría la denuncia de todas las irregularidades menos esta del call center. A cambio obtendría los audios que durante años grabó Benavent y que custodiaba el suegro. Según Benavent, como compensación se le dio un contrato relacionado con unos trámites de un camping de Enguera. La actual consellera supuestamente habría intercedido a favor de López.

Se ignora qué consecuencias puede tener esta revelación de Benavent en el devenir de la causa. Una posibilidad sería la citación de la consellera para que aclare este extremo. No obstante, si lo hiciera como investigada tendría que llevarse la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al ser Garijo aforada. Él, ante los medios, ha adelantado que pedirá su comparecencia. De igual modo, ha tratado de que el caso salpique a otros dirigentes como Vicente Betoret o los socialistas José Manuel Orengo y Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación.

El último informe de la UCO presenta a Mariano López como pieza nuclear de la trama del supuesto amaño del call center. No ya por los 200.000 euros de supuestas comisiones que recibió por las gestiones para obtener el servicio de atención sino que, además, consiguió trabajo para dos de sus familiares. En concreto, para su hijo, que se convirtió en uno de los supervisores del servicio de atención telefónica en el horario vespertino. Pero también para el primo de López, Alberto Beltrán, que trabajó como telefonista, según las actuaciones judiciales.

López había sido el presidente de los empresarios de la comarca y conocía a Alfonso Rus. Los últimos informes policiales revelan llamadas del expresidente de la Diputación al teléfono de López justo en un momento en el que las críticas a la adjudicataria se sucedían precisamente por el mal servicio que prestaban. Los investigadores creen que el hombre que presionó desde dentro de Imelsa fue Salvador Deusa.

Esta es una de las piezas del caso Imelsa que se encuentran más avanzadas. De hecho, la investigación está en su fase final, según las fuentes consultadas. Son muchos los indicios que figuran contra los principales investigados, Mariano López, Palomares y el entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus.

Por su parte, la consellera de Transparencia y coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha lamentado el «calvario» que pasan quienes, como ella, denuncian la corrupción y se enfrentan «a los corruptos».

En un comunicado, Pérez Garijo ha respondido así a la acusación de Benavent de alcanzar un pacto ilícito para obtener la información que permitió abrir la investigación el caso que lleva el nombre de la citada empresa pública de la Diputación.

«Las acusaciones que ha realizado Marcos Benavent en sede judicial son falsas y sumamente graves. Y anuncio que estoy estudiando la interposición de una querella criminal por atentar contra la verdad y contra mi honor», ha declarado en su comunicado la consellera.

«Como diputada en la oposición, voté en contra de la externalización del servicio del Call Center, expediente que solicité en reiteradas ocasiones en el marco de la función de la fiscalización que ejercí en la Diputación de Valencia. Esquerra Unida, además, fue el único partido que defendía la gestión directa de este servicio», ha señalado.

También ha defendido que, como diputada miembro del equipo de gobierno de la Diputación, logró «la paralización de la renovación del contrato, que finalmente no llegó al pleno», así como que se «internalizara la gestión de forma que fuera ejercida directamente por la administración de la Diputación».

«Como denunciante del caso Taula, he sufrido la interposición de cinco querellas, todas archivadas, y a esta situación se suma el calvario que pasamos las personas que denunciamos la corrupción y nos enfrentamos a los corruptos», concluye el comunicado.