El Consell coló en pleno agosto un plus vivienda para todos sus directivos

En concreto, la Conselleria de Política Territorial incluyó una disposición adicional en el decreto ley de reducción de precios del transporte público (aprobado en el Consell del 5 de agosto y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el 16, en plenas vacaciones) para modificar un decreto de 2018 y permitir que los directivos del sector público se equiparen a nivel de complementos a los que pueden percibir los altos cargos. Es decir, pasar dietas y cobrar el plus vivienda si viven fuera de la localidad en la que tiene su sede la empresa pública para la que trabajan.

Aunque el decreto ley para rebajar los precios de los transportes públicos nada tiene que ver con los complementos de los altos cargos y cargos públicos, el Consell encontró en esta triquiñuela la manera de dar solución a un problema que venía arrastrando desde principio de la primera legislatura. Y es que el personal directivo de las empresas públicas sí se equiparaba en salario a los altos cargos (en concreto a los directores generales) , pero los primeros no disponían de determinadas prerrogativas que sólo tienen los miembros del Consell (consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales). De ahí que se haya aprovechado un texto normativo para subsanar esa diferencia, casi al final de la legislatura.

Y, ¿cómo justifica el Consell este cambio en un decreto ley que nada tiene que ver con esto? En que aseguran que «redundará en una disminución de los desplazamientos por carretera, aconsejable extremo en un contexto de profunda crisis energética». dice el texto que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat el 16 de agosto. Un argumento al que el Ejecutivo se agarra para colar en pleno agosto una modificación y extender el plus vivienda a todos los directivos de las mercantiles y las fundaciones.

Hasta este agosto, sólo los directivos de entidades, empresas, fundaciones y consorcio que integraban el sector público y que habían sido nombrados por el Consell, con rango de director general. Para ello, el Consell incluyó una modificación en la ley de medidas, en 2018, para subsanar el problema que había ocasionado el pago del complemento vivienda a la directora del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que tenía rango de directiva, pero no de alto cargo. Julia Company percibió más de 11.000 euros indebidamente, en concepto de una indemnización por cambio de residencia habitual reservada a los altos cargos del Consell. Pero, el Ejecutivo cambió la ley para que situaciones como la suya se pudieran regularizar. Sin embargo, el apaño no resolvió el problema del todo, porque determinadas empresas públicas quedaban fuera de esa norma. De ahí que ahora se haya equiparado a todo el personal directivo del sector público con los altos cargos en los que a complementos se refiere. Y es que en la actualidad, como ya sucedió con la directora del Ivace, había un par de casos de directivos que trabajaban para empresas de Castellón o Valencia y tenían su residencia en provincias distintas.

En la práctica, la norma del plus vivienda la regular un mero acuerdo del Consell de 1995 y fija como máxima la cantidad posible que la Generalitat puede destinar a este concepto en un 14% del total del sueldo anual de un alto cargo, repartido en mensualidades. Cada conselleria, a través de sus subsecretarías, se encarga de autorizar los pagos, pero no se tiene en cuenta la situación de distancia ni si se emplea para alojamiento.