Francis Puig ha ingresado 850.000 euros de distintas consellerias y empresas públicas

El cártel de las productoras de televisión de Castellón continúa acumulando problemas. Ahora es la conselleria de Economía la que ha abierto un expediente sancionador para determinar si las empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y las de los hermanos Adell Bover pactaron precios para repartirse varios lotes del concurso de corresponsalías de À Punt. El área que dirige el conseller Rafael Climent ha iniciado una investigación que se alargará durante un máximo de año y medio. Este expediente se suma al abierto por la conselleria de Educación, que ya pidió a los Adell Bover la devolución de 200.000 euros por irregularidades en la justificación de las ayudas al valenciano, y a la investigación judicial iniciada para determinar si Francis Puig y sus socios hicieron un bueno uso de los fondos públicos recibidos desde la Generalitat.

El pacto de precios de varias productoras para quedarse con varios lotes de un contrato de À Punt lo destapó LAS PROVINCIAS después de que la cadena pública descubriera maniobras ilegales por parte de las sociedades investigadas. À Punt remitió toda la documentación a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que tras analizar toda la información derivó el caso a la subsecretaría de Economía, que dirige Natxo Costa.

La actuación está dirigida contra la productora Comunicacions dels Ports, que dirige Francis Puig, y contra Canal Maestrat y Kriol Produccions, sociedades de la familia Adell Bover. La otra empresa afectada es Visualiza, una productora de Castellón que por ahora no ha tenido una vinculación directa con las investigadas.

Una vez analizada toda la documentación, tanto la aportada por la CNMC y la reservada, la conselleria de Economía decidió abrir el expediente al observar «indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia».

Este artículo señala que se prohibe «todo acuerdo o práctica concertada que pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional». À Punt, tras pedir las aclaraciones correspondientes, excluyó a Canal Maestrat y Kriol, las empresas de la familia Adell Bover, del concurso. El hermano de Ximo Puig se retiró al ser sorprendido en el pacto de precios.

La conselleria de Economía, en su comunicado oficial, apunta que la investigación de los cárteles es una prioridad para las autoridades españolas de defensa de la competencia «dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados».

Las productoras investigadas pueden incluso ser sancionadas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Alguna de las productoras puede evitar este proceso si se acoge al programa de clemencia y colaboran en la investigación, aunque esta posibilidad es complicada porque ninguna de las empresas investigadas confesó la existencia del cártel sino que fue descubierto por À Punt.

El cártel de las productoras se quedó con tres de los doce lotes que componían el concurso de À Punt. Las tres empresas pujaron con precios muy similares y los combinaron entre los distintos lotes para cerrar un pacto de no agresión entre ellas. Comunicacions dels Ports se llevó el lote 1 valorado en 20.000 euros; el lote 2 fue para Kriol por 30.000 euros, y el lote 3 para Canal Maestrat por 28.000 euros -impuestos excluidos en los tres casos-.

La maniobra fue sencilla. Las tres productoras pujaron con el precio más bajo a cada uno de los lotes y las otras dos siempre competían por encima. De esta manera, el cártel se aseguraba un mínimo de tres contratos. Además del pacto, À Punt detectó que Kriol y Canal Maestrat eran del mismo propietario, por lo que era irregular que pujaran en los mismos lotes.

La portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, exigió ayer al presidente de la Generalitat explicaciones tras conocerse la apertura del expediente a Francis Puig: «Hasta cuándo va a estar callado y me pregunto si Compromís y Podemos van a seguir apoyando a un presidente que no da la cara».

El hermano de Ximo Puig ha ingresado de la Generalitat en los últimos años 850.000 euros en contratos y subvenciones. Unas aportaciones que han llegado desde la consellerias de Educación, Presidencia (Turismo), Infraestructuras (Vaersa) y Economía (Labora). Además, los hermanos de Puig han emitido 18 facturas por distintos servicios a À Punt. Incluso hay pagos de la cadena pública después de ser sorprendidos pactando precios.

En los últimos ejercicios se han emitido más de 40 facturas a nombre de Comunicacions dels Ports, Kriol y Canal Maestrat para atender servicios principalmente de la cadena pública valenciana.