Déficit: límite 2.000 millones

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero hará públicos el próximo 31 de marzo los datos correspondientes al déficit o superávit de las CCAA durante 2019. El indicador de la necesidad o capacidad de financiación no sólo forma parte de uno de los principios que salvaguarda la Ley Estabilidad Presupuestaria. Es también el dato que mejor representa la salud financiera de las regiones. Bruselas vigila de cerca el exceso de gasto en las administraciones públicas, consciente de que los ingresos son limitados y de que la deuda puede llegar a ser insostenible.

2019 será el cuarto año de gestión íntegra del Gobierno valenciano. El ministerio y las CC AA pactaron en su día que el tope de déficit para ese ejercicio fuera del 0,1% del PIB regional -en el caso valenciano, una cifra equivalente a unos 115 millones de euros-. Cumplir lo ordenado por el ministerio se ha demostrado como un imposible desde que se aprobó la ley de Estabilidad, y en esta ocasión no será distinto. Hasta el mes de noviembre, los gastos no financieros de la Comunitat superaban a los ingresos en 1.488 millones de euros. En términos relativos, un 1,29% del PIB regional.

Las previsiones para el mes de diciembre no son buenas, porque no pueden serlo. Ese déficit en ningún caso se reducirá y tanto los gastos específicos del último mes del año como los ajustes de contabilidad nacional dispararán el dato de noviembre. ¿Hasta donde? Las fuentes más optimistas de la conselleria de Hacienda sitúan en el 1,8% del PIB el dato de cierre del ejercicio de 2019. Se trata del mismo pronóstico que en día hizo Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que dirige el prestigioso profesor Ángel de la Fuente. Ese 1,8% equivale a una desviación del gasto del orden de los 2.070 millones de euros. Un exceso de gasto que situaría a la Comunitat, según el diagnóstico de esta entidad, a la cabeza de las regiones con peores resultados este ejercicio.

La tesis oficial de la conselleria de Hacienda es que la Comunitat Valenciana no podrá cumplir los objetivos de déficit mientras arrastre su actual situación de infrafinanciación. De hecho, es la misma explicación que hace que el Gobierno valenciano incluya año tras año 1.325 millones de euros de ingresos ficticios (porque ni se ingresan ni se sostienen en nada).

Con todo, desde el departamento que dirige Vicent Soler se reconoce que empeorar ese resultado, es decir, cerrar el año con más de 2.000 millones de déficit, constituiría una pésima noticia. Por ejemplo, alcanzar un déficit de 2 puntos del PIB -equivalente a un exceso de gasto de 2.300 millones de euros- retrataría una incapacidad absoluta para ajustar ingresos y gastos.

¿Y podría crecer tanto el déficit en un solo mes? Los datos de los últimos tres ejercicios así lo dejan entrever. En 2016 la Generalitat llegó a noviembre con un agujero en sus cuentas de 894 millones. En diciembre, el dato definitivo se fue hasta los 1.613 millones, casi 720 millones acumulados en un solo mes. En 2017 se pasó de 311 millones de déficit en noviembre a 851 millones en diciembre. Y en 2018, los 770 millones del penúltimo mes del año llegaron a 1.574 treinta días después -según los datos que figuran en la web del ministerio de Hacienda-.

Esos mismos datos dejan entrever que, salvo resultado contra pronóstico en este último mes de diciembre, la Comunitat Valenciana podría obtener en 2019 el peor dato de déficit de todos los ejercicios completos gestionados por el Botánico. No sólo eso. El crecimiento medio del déficit durante el último mes del año -en los tres ejercicios íntegros del Botánico- se ha situado en el entorno de los 688 millones de euros. Sumar a los 1.488 millones de déficit del mes de noviembre una cifra como esa dispararía el exceso de gasto hasta una cifra cercana a los 2.200 millones de euros. Todo un fracaso para un Consell que, pese a justificar que el aumento de gasto en sus cuentas está relacionado con la necesidad de equilibrar el gasto por habitante en servicios públicos con la media española, sigue obligado a engordar su nivel de deuda -más de 47.000 millones de euros- y pone cuesta arriba una eventual salida a los mercados financieros.

El Consell limita su respuesta a estos datos con la cantinela de la reforma de la financiación autonómica. Una reivindicación más que justificada, tanto por que el modelo en vigor se aprobó en 2009 y lleva prorrogado desde el 1 de enero de 2013 como porque la financiación por habitante sitúa a los valencianos a 300 euros de la media española.

Con todo, las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo el pasado viernes, cuando admitió lo que resulta una realidad indiscutible -que llevar a cabo la reforma del modelo «requerirá tiempo»- implican dejar a la Comunitat en el mismo camino en el que se encuentra en la actualidad. Es decir, sin ingresos suficientes y con un nivel de gasto que obliga a recurrir al FLA y que implica aumentar el nivel de deuda pública.

El Consell propone que Hacienda dé luz verde a un déficit asimétrico, de hasta el 1,2%, para poder cumplir con la ley de Estabilidad. El resultado de 2019 marcará si es posible cumplirlo en 2020.