La Guardia Civil amplía a 2014 la revisión de las subvenciones a las empresas de Francis Puig

El escrito, con fecha del pasado 25 de agosto, supone ampliar la investigación abierta ya por la concesión de ayudas públicas a estas empresas por parte de los gobiernos autonómicos de Cataluña, Aragón y la propia Comunitat Valenciana y que hasta la fecha se prolongaba desde 2015 hasta 2018.

La petición ahora afecta a un ejercicio anterior, el de 2014, justo el año antes de las elecciones autonómicas que llevaron a Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat. El escrito de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este diario, especifica que la unidad de delitos económicos dispone ya de los asientos de los movimientos bancarios de las cuentas titularidad de las mercantiles desde enero de 2015 hasta junio de 2019, «si bien para poder comprobar los gastos aportados en la cuenta justificativa, serían necesarios los movimientos realizados durante 2014».

De hecho, la Guardia Civil especifica que adopta esta decisión a la vista de los expedientes aportados por la Generalitat de Cataluña respecto de las subvenciones concedidas a las citadas empresas, cuando observó que «para la justificación de gastos de subvención correspondiente a 2015, se solicitan los gastos de producción, edición y emisión correspondientes al año anterior de la convocatoria», es decir, 2014. Por eso solicita ese mandato judicial que se dirigirá a un total de cuatro entidades bancarias.

Las empresas de Francis Puig se han repartido sólo en subvenciones desde 2017 casi 760.000 euros –un dinero que ha llegado desde la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón–. Comunicacions dels Ports, la empresa matriz del hermano del jefe del Consell, es la que más dinero ha ingresado con casi 587.000 euros. De hecho, parte de esas aportaciones son fruto ahora de una investigación judicial, en la que está implicado el director general de Política Lingüística Rubén Trenzano, para ver si realmente se realizaron los trabajos subvencionados. El resto han ido a nombre de Mas Mut.

En esta causa se analizan irregularidades en la concesión de ayudas en varios ámbitos y programas. En concreto, para el fomento del valenciano destinado a medios de comunicación social; el programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (ahí es donde están las relacionadas con el programa Avalem Joves); subvenciones estructurales para la edición de medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés y ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local.

Según la investigación, el cabecilla del cártel de las productoras presentó en la Comunitat Valenciana y Cataluña decenas y decenas de facturas iguales para justificar el ingreso de cuantiosas subvenciones. La llegada en 2015 del Consell del Botánico se tradujo en un ramillete de ayudas públicas para este empresario, que junto con sus socios ha superado con creces el millón de euros en aportaciones de distintas administraciones. En 2015, meses después de la llegada del Botánico al poder, el hermano del jefe del Consell ya clonó al menos 38 pagos para validar dos subvenciones distintas, que suman 120.000 euros.