El PP también pregunta a Economía por el estado de la sanción a Francis Puig

La presidenta del grupo parlamentario popular de Les Corts, Eva Ortiz, ha presentado un escrito en el registro de la Cámara por el que solicita al Consell que le remita información sobre el estado de la sanción impuesta a Francis Puig por la comisión de defensa de la competencia como consecuencia de un pacto de precios junto a las productoras de los Adell Bover.

En su escrito, Ortiz pide a la conselleria de Economía que dirige Rafael Climent, y que es de la que depende la citada comisión, que le remita la comunicación enviada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a la comisión valenciana de defensa de la competencia «solicitando información sobre el estado procesal de las actuaciones relativas a la sanción impuesta por cártel a determinadas mercantiles», así como de la respuesta remitida por este organismo.

Tal y como ya informó este diario, la sanción a Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, y a los Adell Bover por pactar precios para ganar varios lotes de un concurso público de corresponsalías de la televisión pública À Punt, y que se resolvió con el pronunciamiento de la comisión de defensa de la competencia de la conselleria de Economía que acordó en noviembre de 2020 imponer una sanción de 43.000 euros a Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat y Kriol Produccions por una «infracción muy grave» del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia, tenía pendiente una segunda parte.

La misma resolución acordaba elevar informe a la Junta Central de Contratación Pública, dependiente del ministerio de Hacienda, para que esta decidiera si, a la vista de los hechos denunciados y la sanción impuesta, las citadas productoras debían ser amonestadas con la prohibición de seguir contratando con administraciones públicas. Este diario ha venido informando de las subvenciones a las que las mencionadas empresas han seguido teniendo acceso.

El pasado mes de septiembre la citada Junta Central remitía un escrito en el que explicaba que el órgano dependiente del ministerio de Hacienda alega que no se ha pronunciado porque «no tiene información de la situación de los recursos contencioso-administrativos planteados» por las empresas sancionadas.

El escrito de Ortiz dirigido a la conselleria de Economía se suma al que la exsecretaria general de los populares ya presentó por el que solicitaba a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado «copia íntegra del expediente administrativo que se haya instruido por la Junta en relación con la imposición de prohibiciones para contratar a las mercantiles sancionadas por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana por su resolución de 24 de noviembre de 2020, que tuvo entrada en dicha Junta en fecha de 2 de diciembre de 2020».

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