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La Sindicatura de Greuges ha elaborado una resolución a instancias de una denuncia del PP en relación a los casos de abuso sexual a menores en la Comunitat, un informe en el que el síndic, Ángel Luna, realiza una serie de recomendaciones para aumentar ... el control de la Conselleria de Igualdad, liderada por Mónica Oltra, ante los casos de violencia sufrida por niños, niñas y adolescentes valencianos.
La diputada del PP Elena Bastidas se dirigió al síndic en mayo del año pasado para instarle a intervenir. Luna ha elaborado un informe con fecha del 11 de noviembre. El estudio insta a elaborar la estrategia de erradicación de la violencia que se incluya en una estrategia más global, vinculada a ese mismo colectivo de menores, un documento que el Consell aprobó el 26 de noviembre, dos semanas después de la firma de la resolución del síndic. En el anuncio sobre la aprobación de esta estrategia más global se señala que incluye 85 actuaciones concretas, entre las que aparece el maltrato a menores. En la comparecencia donde se informó sobre la aprobación del plan no se abordó lo relacionado con la denuncia del PP de la que se hace eco la Sindicatura. Luna elabora un paquete de recomendaciones preocupantes por ser un indicativo de que la conselleria cuenta con un gran número de protocolos de actuación sin unificar y sin baremos para medir su eficacia.
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Bastidas denunció ante el síndic una serie de casos, entre ellos el que ha motivado que Audiencia de Valencia haya ordenado la reapertura de la investigación contra funcionarios de la conselleria por una supuesta falta de protección de la menor que sufrió abusos sexuales por parte de un educador social, entonces marido de la consellera Oltra.
La Sindicatura de Greuges recomienda «la elaboración de un único protocolo que reformule los actualmente existentes». El objetivo sería agrupar en un solo documento «las actuaciones previstas para la prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de violencia sexual sobre menores» protegidos por la Administración, así como las «actuaciones en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos, que tengan como víctima a menores de edad». Igualmente, el síndic pide que se evalúe la eficacia de los protocolos, además de «la regulación de un sistema de seguimiento y registro de los casos», con el fin de que «consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las medidas de atención a las víctimas, con un apartado específico destinado a menores con medida de protección por encontrarse en situación de riesgo o desamparo». Junto a la necesidad de unificar los criterios de actuación, Luna pide sistematizar su evaluación y elaborar un modo de seguir los casos,
El síndic recomienda también confeccionar un sistema de recogida de datos que permita la elaboración de estadísticas. La Sindicatura, igualmente, insta al Gobierno valenciano a que el departamento de Oltra se coordine con la Conselleria de Sanidad, así como con la de Educación con el fin de incrementar la formación de los profesionales «de centros de protección de infancia y adolescencia, residencias socio educativas, entidades de seguimiento de medidas de acogimiento familiar, servicios sociales municipales, así como a familias acogedoras».
En la labor de fiscalización de la gestión de la conselleria de Oltra, la Sindicatura destaca en su informe que desde la propia conselleria de Oltra se admite que «los protocolos que se siguen en los recursos de acogimiento residencial no contemplan actuaciones específicas cuando el acoso tiene como motivación la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, ni cuando se realiza a través de las nuevas tecnologías. No obstante, se tendrá en cuenta este aspecto para los nuevos protocolos o las futuras actualizaciones de los ya existentes». Y es que, según las cifras que recoge el informe, el número de ocasiones en las que ha sido necesario activar los protocolos a causa de supuestos casos de violencia sexual se ha disparado en cinco años.
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La Sindicatura reconoce, no obstante, que la conselleria ha realizado un «notable esfuerzo tanto en lo referente a dotación de personal y equipos, como a la formación de los profesionales que trabajan en recursos residenciales o se encargan del seguimiento de las medidas de acogimiento familiar. Igualmente debe destacarse el esfuerzo realizado en generar y adecuar protocolos que permitan la detección de casos, la notificación al Ministerio Fiscal y la denuncia, en los casos que proceda». La conselleria resalta que en el año 2017, el número de equipos vinculados a la atención de los menores ante posibles situaciones de violencia sexual ascendía a 111 y estaban dotados con un total de 175 rofesionales. En el año 2021, el número de equipos asciende a 121 y el de profesionales a 297. El reconocimiento de la labor del despartamento de Oltra no impide a Luna reclamar que se acelere al máximo los mecanismos que permitan mejorar la protección de los menores.
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