¿Cuándo entran en vigor los nuevos juicios exprés 'antiokupas'?

Cuesta determinar hasta qué punto la okupación de vivienda es un problema social o genera un problema en la sociedad. La intromisión en inmuebles en innegable y prácticamente se da en cualquier barrio de una gran ciudad y hasta en localidades sin importar su dimensión. Tal vez lo que sí se diferencia es en la entrada de ajenos a una propiedad privada y la permanencia de unos inquilinos en una propiedad sin abonar los gastos acordados. Ahí la diferencia entre 'okupas' y los nuevos 'inquiokupas'. Los datos del Ministerio del Interior se ordenan por denuncias y no por okupaciones al uso. Y lo que vienen a decir es que, a falta de finalizar 2024, en 2023 se denunciaron menos okupaciones que en 2022. Pues parece que todo está muy cerca de cambiar. En breves semanas entra un cambio que puede cambiar para siempre la realidad de las okupaciones y la percepción, especialmente, de desamparo de cualquier propietario a la hora de hacer frente a una situación así.

El Congreso de los Diputados aprobó a finales de 2024 una enmienda del PNV por el que se trataba la modificación del artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este cambio busca ampliar los supuestos en los que la Justicia debe actuar con cierta celeridad, abriéndose a que ciertas okupaciones puedan solucionarse, judicialmente hablando, por la vía rápida. La propuesta legislativa impulsada por el partido de la derecha vasca contó con los votos a favor en la Cámara Baja de Partido Popular (PP), Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC.

Así que siete grupos parlamentarios aprobaron incluir el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda en el apartado de denuncias que deben seguir un procedimiento judicial exprés. Esto quiere decir que se podrían publicar sentencias con desalojos de okupaciones en menos de 20 días desde su denuncia. El procedimiento actual ampliaba los términos legales hasta entre 4 y 9 meses, lo que eternizaba el problema para los propietarios.

Así que la pelota está ahora en el tejado del Senado, quien debe aprobar, lo hará por la mayoría absoluta del PP, este cambio que permite acelerar el proceso de desahucios. El nuevo texto legal implica que las denuncias de okupaciones deberán ser juzgadas en un plazo máximo de 15 días, teniendo el juez tres días para emitir la sentencia. Es decir, que en menos de tres semanas una okupación deberá contar con una solución judicial.

Para que este cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda aplicarse deberá ser aprobado por el Senado, cuyo plazo para votar es de dos meses y concluye ahora en enero. Tras el visto bueno de la Cámara Alta la firma del Rey deberá llegar en un plazo máximo de 15 días, quedando ya pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto quiere decir que, si no hubiera ningún cambio de calendario legal, que estos nuevos juicios exprés 'antiokupas' serán legales antes de marzo, abriendo así un nuevo escenario para una problemática sostenida en el tiempo.

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