La EMT de Valencia no detectó el fraude hasta que fue avisada por el banco

Poco a poco, con mucha menos luz y taquígrafos de lo que sería deseable en un caso de estas características, comienzan a saberse más detalles del fraude de que ha sido víctima la EMT y que ha terminado con más de cuatro millones de euros en un banco de Hong Kong. Tal como ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, la estafa requirió vigilar las comunicaciones de la EMT y el correo de, entre otros, el presidente de la entidad, Giuseppe Grezzi, durante unos dos meses. Es la hipótesis con la que trabaja la Policía Nacional, que investiga los hechos, aunque ayer el concejal dijo que no dispone de una cuenta de correo electrónico de la empresa (pese a que el viernes reconoció que la suya había sido una de las suplantadas).

Los agentes fueron reclamados por la EMT el pasado martes por la mañana, horas después de que el lunes por la tarde el banco con el que trabaja la empresa alertara a las oficinas de la sede central en la plaza Correo Viejo de varias transferencias sospechosas, tal como confirman fuentes conocedoras de la situación, que insisten en que antes de este aviso en la EMT no tenían conocimiento de los movimientos. El dinero, eso sí, salió de la cuenta de la empresa y varias fuentes consultadas se muestran pesimistas respecto a la posibilidad de recuperar los más de cuatro millones estafados.

El concejal Grezzi, por cierto, culpó ayer en declaraciones a EFE al banco de la pérdida del dinero, al asegurar que CaixaBank, la entidad financiera con la que trabajan, «no debería haber dado curso» a las transferencias que dieron lugar al fraude de 4.040.000 euros con destino a la cuenta de un banco en China. Grezzi dijo que la EMT y la entidad financiera tienen establecido un protocolo de actuación que exige la firma mancomunada electrónica de dos directivos, y CaixaBank «debería investigar qué ha pasado» pues se cursaron unos documentos de pago en formato 'pdf' con las firmas falsificadas del director gerente, Josep Enric García Alemany, y de la responsable del área de Gestión, la directiva María Rayón.

Desde CaixaBank insistieron en que se ha seguido el procedimiento acordado con la EMT por el que se comprueba si el ordenante de las transferencias es quien las puede hacer, como así se hizo en este caso, y si existía documento de autorización con las firmas mancomunadas necesarias. Una vez cumplido el procedimiento, como marca la forma de operar acordada, se procedió a realizar las transferencias, según las fuentes consultadas.

Mientras la Policía Nacional investiga los hechos, en el seno de la corporación la oposición insiste en la necesidad de una comisión de investigación. Lo dijo el PP, que además pidió un pleno extraordinario monográfico; Ciudadanos, que insta a paralizar los nombramientos de nuevos directivos en la empresa programados para el consejo de mañana; y Vox, que reclama una auditoría informática urgente.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, desveló ayer que sí se formará una comisión de investigación pero en el seno del consejo de administración de la EMT. «Se han dado muchas explicaciones respecto al fraude», dijo el primer edil. Ribó comentó que por medio de dicha comisión se ofrecerá «toda la información» y «todos los datos al respecto», al tiempo que resaltó que el pasado viernes ya hubo un consejo y que en este órgano «están todos los partidos» políticos que integran el Ayuntamiento». Mañana, por cierto, habrá otra reunión donde se dará un segundo informe a los consejeros sobre este tema.

«No tenemos ningún problema en informar pero con las cautelas de consultar con la policía», dijo. Ribó destacó que es el Cuerpo Nacional de Policía el que está trabajando los temas relacionados con el fraude detectado que, según dijo, «son de una complejidad importante desde el punto de vista informático por muchos motivos».

La empresa, mientras, guarda un escrupuloso silencio. Este diario preguntó ayer varias cuestiones a la EMT, sin recibir respuesta a ninguna de ellas: si consideraban que había habido una brecha de seguridad, qué protocolos fallaron o si cuentan con un contrato de seguridad informático. El comité de empresa, por su parte, se reunió ayer y pese a que UGT cuestionó el domingo por la tarde si las comunicaciones internas eran seguras, el órgano se limitó a insistir en el comunicado enviado a los medios el viernes, en el que se ponía a disposición de la trabajadora despedida.