El secretario de la EMT sólo podrá ser despedido con tres meses de preaviso

La lectura atenta del contrato del abogado Salvador Martínez Tarín en la EMT desvela no sólo que Abastos Abogados, la firma del cuñado del alcalde de Valencia, Joan Ribó, lleva desde el 1 de octubre cobrando de la empresa pública municipal, sino que además al letrado asesor del consejo de administración se le blindó de forma efectiva. Si la entidad decidiera despedirle, tendría que hacerlo con un preaviso de tres meses, mucho más tiempo del que marca la ley para las relaciones laborales de carácter general (que son quince días) e incluso superior a los cuarenta y cinco que se estipulan para las especiales de los abogados. Esto quiere decir que si el Consistorio tomara hoy, y comunicara «fehacientemente», la decisión de despedir al abogado, este cobraría aún los 3.000 euros al mes que tiene garantizados hasta el próximo febrero.

Es otro de los detalles incluido en el nuevo contrato de Martínez Tarín con la EMT. Se desconoce si el de 2015 marcaba el mismo plazo, dado que la empresa aún no lo ha publicado pese a las insistentes peticiones de la oposición política. Lo cierto es que el documento blinda la posición del abogado sobre quien se ciernen cada vez más preguntas sin respuesta. Si el Ayuntamiento decide despedirle, como parece que así ha hecho a tenor de las declaraciones de la portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, que dijo que son partidarios de prescindir de sus servicios para que su cargo en la EMT lo asuma un secretario municipal, la empresa aún tendrá que pagarle tres meses, a razón de 3.000 euros al mes más honorarios jurídicos aparte. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado mandato Martínez Tarín cobraba 600 euros por cada reunión del consejo de administración: ahora, cobrará cinco veces más, como denunció el Partido Popular.

Además, este diario publicó ayer que la facturación se hará, a partir de ahora, a Abastos Abogados y no a SMT Asesores. Esta revelación deja en evidencia al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que en el pleno del pasado jueves dijo que el primer bufete, que preside su cuñado Daniel Pérez Fernández, no había cobrado ningún servicio de la EMT. Si se tiene en cuenta que el nuevo contrato de Martínez Tarín entró en vigor el 1 de octubre y que el día 7 se celebró una reunión del consejo de administración en la que participó Martínez Tarín y que, además, el letrado ha firmado informes que avalan no comunicar todavía al Tribunal de Cuentas la estafa durante estas semanas, Abastos Abogados sí ha cobrado ya de la EMT.

Por esta mentira el PP ha pedido la reprobación del primer edil. Es la primera vez que se plantea este movimiento político en el Ayuntamiento de Valencia. La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, criticó ayer «las mentiras Ribó que ha negado a la opinión pública una vinculación directa entre el secretario-asesor de la EMT y el despacho de abogados que preside su cuñado». «Los valencianos no se merecen un alcalde que les mienta para encubrir un vínculo entre un negocio de un familiar y la EMT. Sus mentiras están sentenciando su alcaldía», señaló Catalá. Por ello, la portavoz anunció que, además de forzar un pleno extraordinario para que el alcalde comparezca y dé todas las explicaciones sobre la vinculación que hay entre los dos despachos de abogados, van a solicitar «la reprobación de Ribó y de Grezzi por sus continuas mentiras en todo el escándalo y la estafa de la EMT».

«La estafa de cuatro millones a la EMT ha dejado al descubierto un descontrol absoluto en la empresa, además de un entramado de despachos de abogados con vínculos muy estrechos con el gobierno municipal y, sobre todo, ha puesto a la luz la doble vara de medir de la izquierda que no asume responsabilidades políticas a pesar de quedar demostradas sus mentiras», señaló Catalá.