Cultura renuncia a personarse en la causa que investiga si el grafiti del Centro del Carmen dañó el claustro

«No ha detectado motivos». Así de contundentes se muestran desde la Conselleria de Cultura para mostrar su renuncia a personarse en la causa que investiga si el grafiti de más de mil metros cuadrados que el dúo de artistas PichiAvo pintó sobre las paredes del claustro renacentista del Centro del Carmen en febrero de 2019, dañó un enclave del siglo XIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El pasado 10 de enero se celebró el juicio para esclarecer si la pieza fue perjudicial para un inmueble histórico. En el banquillo, el director del Consorcio de Museos y responsable del Centro del Carmen, José Luis Pérez Pont, quien ese día aportó tres nuevos informes firmados por tres historiadores y especialistas en arte, para defender que la actuación del Consorcio había sido acertada al permitir que se realizara la obra. Pero la vista se canceló hasta nueva fecha. Uno de los motivos era que la defensa había aportado esos nuevos documentos, por lo que el resto de partes no había podido estudiar los informes. Pero además, también se justificó el aplazamiento asegurando que era necesario requerir a la Conselleria de Cultura, un departamento en manos de Vicent Marzà, si quería personarse en la causa. ¿La razón? Cultura, y en su defecto la dirección general de Cultura y Patrimonio, es la dueña del edificio.

Casi dos meses después de la cancelación de la vista, desde la Conselleria aseguran a este diario que la Generalitat «no ha detectado motivos» para personarse en el juicio. Pese a ser la dueña del inmueble, un antiguo convento del siglo XIII, considera que no es necesario participar en el procedimiento judicial. Con ello, además, rechaza ejercer la acusación en un proceso que llegó a los tribunales tras la denuncia interpuesta por el sindicato UGT por «deslucimiento, deterioro y grave menoscabo» del museo.

Ni Cultura, ni en su defecto la dirección general de Cultura y Patrimonio, que dirige Carmen Amoraga, que a su vez deben velar por la conservación del patrimonio valenciano, participarán finalmente en la causa, tal y como se ha dejado claro desde este departamento después de casi dos meses de que se celebrara y, a los quince minutos, se cancelara la vista.

Cabe destacar que Pérez Pont, como responsable del Consorcio de Museos y, por tanto, del Centro del Carmen, no se enfrenta a una pena de prisión. El juicio se celebrará por un presunto delito contra el patrimonio artístico en su modalidad imprudente, aquel que castiga los daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. La pena es una multa que puede ir de los tres a los 18 meses dependiendo de la importancia de los daños. El importe se calcula de acuerdo a los ingresos del acusado.

Los hechos que se tienen que juzgar se remiten a febrero de 2019 cuando se realizó el grafiti de más de mil metros cuadrados en el claustro del Centro del Carmen como parte de la exposición 'Evreka', que versaba sobre la falla municipal, realizada por PichiAvo, los mismos autores del monumento. Una vez terminada la muestra, apenas 24 horas después de la clausura, justo después de finalizar las Fallas y de que se produjera la cremà, ya no había rastro del mural. Los responsables del centro cultural se apresuraron en la limpieza del soporte. Pero eso no evitó que la justicia ya investigara si se habían producido daños en el patrimonio de todos los valencianos.

El propio Pérez Pont siempre ha defendido su inocencia en este controvertido asunto. Cuando las opiniones de arquitectos y expertos en patrimonio alertaron de la falta de idoneidad del mural, el responsable del Consorcio de Museos apuntó que no era la primera vez que se pintaban esas paredes y subrayó que las piedras del muro y el suelo «se taparon para que no se mancharan. Todo se hizo protegiendo las zonas».

Sin embargo, fue el sindicato UGT el que interpuso, directamente, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, una denuncia contra el director del Consorcio. El escrito, tal y como en su día adelantó este diario, señalaba que el responsable con autorización había causado «un grave menoscabo, deslucimiento y deterioro» del enclave «actuando de forma contraria a la obligación garantista que tiene encomendada».

Después, se realizaron catas en el inmueble y un grupo de expertos estudió desde la pintura utilizada a las capas que habían quedado tras la realización del gran mural. Esas conclusiones forman parte de la investigación, que actualmente está a la espera de que vuelva a celebrarse el juicio.

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