La crispación condiciona el año electoral en la Comunitat

Lo inalterable son las elecciones municipales. Se celebran el 28 de mayo. Más de medio millar de ayuntamientos de la Comunitat deben renovar sus plenos municipales. Los resultados de 2019 supusieron que 223 alcaldías recalaron en manos del PSPV, 172 acabaron gobernados por el PP, 70 por Compromís, y 11 por EU. Ciudadanos situó a una decena de alcaldes y más de medio centenar depositaron la vara de mando municipal en formaciones de un ámbito más local.

Una cosa es como empieza pero otra, como acaba. Ciudadanos ha finalizado la legislatura pactando en 16 municipios con el PSPV mientras que con el PP lo hace en 15. El último caso de movimiento en la balanza de equilibrios fue en Rocafort.

Elegir el alcalde tiene poco que ver con el resto de elecciones. Se vota a la persona, señalan constantemente los partidos. Cuanto más pequeño es el municipio, el cara a cara es más importante. El 3 de abril de 1979 se celebraron en España las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura franquista. De entonces, sobreviven en el puesto dos alcaldes, los dos en Alicante: el socialista Jaume Pascual en l'Alqueria d'Asnar, y el popular José Luis Seguí en Almudaina. Todos los demás, han cambiado y el próximo mes de mayo volverá a producirse un baile en el que todos los partidos se juegan mucho.

Valencia está en manos de Compromís y PSPV por un concejal. El bloque de la derecha logró 16 ediles y el de la izquierda 17. La capital es un territorio clave para las aspiraciones de unos y otros. Será la última cita electoral de Ribó, que aspira a tripitir como alcalde. Se la juega también Sandra Gómez, la vicealcaldesa socialista, y también tiene puestas todas sus expectativas la número dos del PP en la Comunitat, María José Catalá. En Alicante se da por muy probable la victoria de los populares, que cuentan también con otras plazas fuertes entre las localidades más pobladas, como es el caso de Orihuela, Torrevieja o Benidorm, mientras que los socialistas esperan repetir en Castellón, Villarreal y Elche, sus grandes ciudades. Entre los independientes, caso aparte es Jorge Rodríguez, que arrasa en Ontinyent, donde el PSPV ha perdido una plaza de gran tamaño tras la suspensión del expresidente de la Diputación y su posterior creación de La Vall ens Uneix, su partido propio con el que gobierna.

Lo que ocurra en los municipios determinará el mando en plaza en las tres diputaciones. No es un asunto baladí. A pesar de que el tripartito llegó al poder en 2015 asegurando que tenía intención de vaciar las corporaciones provinciales, el encanto de la institución ha calado en las filas de la izquierda. La Diputación de Valencia, por ejemplo, ha aprobado para el año próximo su presupuesto más elevado: 646 millones, un 45% más en ocho años. Los líderes de las diputaciones no pasan desapercibidos y su papel político nunca es residual. El presidente de la alicantina es Carlos Mazón, y uno de los máximos aspirantes a suceder a Ximo Puig, Carlos Fernández Bielsa, pretende liderar la valenciana una vez Toni Gaspar ha anunciado que da un paso a un lado para recalara, quizá en Les Corts.

Con las espadas en todo lo alto se esperan los comicios autonómicos. Por fecha, si se repitieran, deberían celebrarse a finales de abril. Las de 2019 se celebraron el 28 de abril, cuando Puig las hizo coincidir con las generales para enfado monumental de Compromís. En esta ocasión, los argumentos dados por los socialistas (la necesidad de distinguir la Comunitat como un territorio específico con su propio calendario político, y la importancia de buscar el modo más eficaz de frenar a la derecha) parece que han caído en el olvido. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat señala que «Les Corts son elegidas por cuatro años. El mandato de sus Diputados finaliza cuatro años después de las elecciones, o el día de la disolución de la Cámara por el President de la Generalitat en la forma que establezca la Ley del Consell». Sin embargo, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) permite disolver Les Corts a principios de abril, y a partir de ahí pueden pasar hasta 54 días para celebrar los comicios. Y eso permite celebrarlos el 28 de mayo, junto a las elecciones locales, una posibilidad considerada como muy probable. De esta manera, los valencianos se encontrarán con dos urnas a finales de mayo, una autonómica y otra municipal. A favor de esta posibilidad, según el tripartito, está la buena salud de los gobiernos municipales y la propia confirmación que Puig ha dado en varias ocasiones.

La coincidencia con las locales, además, beneficiaría a Compromís, que fue el gran perjudicado del Botánico cuando se adelantó la fecha electoral en 2019, una jugada que buscaba impulsar la marca de Podem, al presentarse juntos en generales y autonómicas. Sin embargo, por ahora, los podemistas no ganan nada si se celebrasen las elecciones a finales de abril del año próximo. El adelanto o el atraso electoral es una atribución de Ximo Puig como presidente de la Generalitat. Así que tomará la decisión con la calculadora electoral en la mano… lo que supone que en esta decisión hay otro factor a estudiar y considerar, el tiro al aire, o sea, lo que pueda hacer Pedro Sánchez.

La crisis abierta por el enfrentamiento entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional, y que ha derivado en la paralización de la iniciativa que impulsaba el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, ha abierto un escenario político nuevo, de impredecibles consecuencias. El aviso del propio presidente del Gobierno en el sentido de que actuaría y «adoptará las medidas precisas» de haber continuado «el bloqueo» y para que «sea respetada la Constitución y la voluntad popular» deja entrever que el Ejecutivo no se quedará de brazos cruzados ante situaciones de este tipo. Sánchez es de decisiones audaces, por no decir temerarias, que en otras ocasiones le han salido más que bien. Nadie se atreve a descartar que entre las opciones a contemplar si el PP le aprieta mucho figure el adelanto electoral.

En teoría, la mayor postergación de las elecciones nacionales situaría la votación en el 10 de diciembre de 2023. La ley electoral establece que las Cortes agotan su mandato al cumplirse cuatro años de las anteriores elecciones, es decir, el próximo 10 de noviembre, ante lo cual, la disolución de las cámaras debe producirse 25 días antes (16 de octubre), y como deben transcurrir 54 días entre el decreto de convocatoria y las elecciones, el margen se agotaría el 10 de diciembre… La Princesa Leonor cumple 18 años el próximo 31 de octubre, y eso es un asunto importante porque las Cortes deben de estar constituidas con el fin de que Leonor jure la Constitución, pero si se agotan los plazos, a finales de octubre estarán cerradas la Cámara Baja y la Cámara Alta. No obstante, las Cámaras mantienen todas sus potestades constitucionales incluso en esas fechas, por lo que Leonor podría hacer el juramento. Más factores. España presidirá la Unión Europea durante la última mitad del año próximo y Sánchez tiene intención de agotar ese mandato. ¿Y entonces? Pues resulta que la LOREG señala que los cuatro años de legislatura comienzan a partir de la sesión de investidura, y la actual se inició el 7 de enero de 2020. Así pues podría atrasarlo hasta enero del año próximo. O no.

Ante la convulsión política generada por el choque entre el Gobierno de Sánchez y el Tribunal Constitucional, el exvicepresidente Pablo Iglesias, en redes sociales, planteó una posibilidad. «Si Iván Redondo estuviera en Moncloa, Sánchez vería el órdago y mañana convocaría elecciones». Ahora las aguas se han calmado. Sin embargo, en el caso de que lo haga, la ruleta comienza a girar y puede ser que el presidente Puig decida apostar todo al rojo, al negro, par, impar… Porque si Sánchez ya no espera a diciembre de 2023 y las adelanta mucho, por ejemplo, a la primavera de este año, Puig podría pensarse si ligar su suerte a la del Ejecutivo central. Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, los dirigentes del PSPV consideran muy probable que Puig contemple la posibilidad de adelantar, en función de cómo logrará mejor resultado: unas autonómicas con las generales o con las municipales. Solas, no, ya que los comicios autonómicos tienen menos tirón que la elección del presidente del Gobierno (muy mediático) o de los alcaldes (muy próximo al ciudadano).

Adelantar las generales podría servir de freno al desapego que la fractura de Podemos (respecto a Yolanda Díaz) podría generar entre su electorado. Un adelanto también restaría un efecto negativo a un posible empeoramiento de la situación económica. Así pues, si Sánchez se la juega, puede que Puig haga lo mismo y no espere a las municipales. Hagan juego, señoras y señores, se vota. El problema es saber cuándo.