Zaplana había retornado casi tres millones de las comisiones de los Cotino

El hallazgo de seis folios en el despacho del abogado del 'yonki del dinero', calificados como «basura» por la persona que los encontró en un antiguo piso del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, dio paso a una investigación policial que descubrió el presunto amaño de adjudicaciones, pago de comisiones millonarias en Luxemburgo y un complejo entramado de empresas para retornar el dinero a España. Una enrevesada operación para esconder que uno de los posibles beneficiarios de esas mordidas millonarias era el exjefe del Gobierno valenciano.

El 'caso Erial' se inició con una «hoja de ruta», como la define la investigación, muy bien marcada por la familia Cotino, que tras recibir adjudicaciones del plan eólico y de las ITV vendió las empresas por 86 millones de euros y pagó con ese dinero 10,5 millones de euros en mordidas a los que les facilitaron el camino. De ese dinero, una parte importante fue presuntamente para Zaplana que, antes de ser detenido y encarcelado, ya había retornado a España 2,9 millones de euros a través de una compleja maraña de sociedades.

La «hoja de ruta» estaba bien marcada pero no era perfecta. Sedesa resultó adjudicataria de tres zonas del plan eólico y un área importante en Castellón para la revisión de las ITV. Este tipo de concesiones suele ser a largo plazo, pero la firma de los Cotino se deshizo pronto de las mercantiles y multiplicó con su venta el beneficio.

Un favor que había que corresponder. En un primer paso, la empresa de los Cotino realizó pagos de 8,5 millones de euros a través de una compleja compraventa de participaciones de dos sociedades radicadas en Luxemburgo y vinculadas a Sedesa -Imison International (6,4 millones) y Fenix Investments (2,2 millones)- y el resto de las comisiones -más de 1,9 millones- lo facturó a sociedades españolas -Dobles Figuras Consultores e Imarol- por servicios inexistentes. El total de las presuntas mordidas pagadas por Sedesa sumó 10.521.351 euros. Una vez pagada la comisión fuera de España, el dinero tenía que volver. En este punto es clave Imison International, una de las sociedades radicadas en Luxemburgo y que recibió de Sedesa 6,4 millones. La investigación policial concluye que ese dinero se habría diversificado después entre otras sociedades en España, Uruguay, Panamá o Andorra. De hecho, constata que 2,9 millones retornan a España a través de varias operaciones societarias. De esa vuelta del dinero participan empresas como Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnís Sylvatica.

En estas sociedades participa Joaquín Barceló, uno de los considerados como testaferro de Zaplana, que figura como administrador único de Costera del Glorio, y Francisco Grau, considerado el ideológo de la trama para el retorno del dinero. A través de Medlevante se observan tres entradas de divisas por valor de 2.898.199 euros procedentes de Imison International. La investigación apunta que toda la maraña «se habría llevado a cabo con la intención de velar la identidad del beneficiario o beneficiarios de los fondos, y a la postre destinatarios de la supuesta comisión. Lo que se ha podido evidenciar a lo largo de la investigación (más allá de la prolongada relación de todas las personas) es la posible participación velada de Eduardo Zaplana como uno de los beneficiarios de los fondos de Imison International, participando en la administración a través de terceros de algunas de las mercantiles intervinientes», señala el informe.

Zaplana, según la investigación, habría recibido dinero de estas sociedades. En concreto, 128.531 euros de Costera del Glorio a través de una cuenta puente a nombre Joaquín Barceló. Además, el ex ministro sería el propietario de una vivienda titulada a nombre de la empresa en la calle Núñez de Balboa de Madrid por valor de 1,2 millones de euros y habría recibido también 50.000 euros en efectivo de la misma empresa.

El expresidente de la Generalitat tendría vinculaciones con Medlevante, la entidad participada por sociedades uruguayas y vinculada a los 3,3 millones cuyo destino aún se desconoce, y con la firma Gesdesarrollo Integrales, que tiene varias propiedades inmobiliarias en venta y que a través de varias conversaciones telefónicas grabadas se deduce que el exministro, de manera velada, tutela.